Hace más de un mes se dio a conocer el caso de un abogado a quien el Grupo Operativo de Extranjeros de la policía estatal le vulneró su derecho a comunicarse en catalán. No solo los agentes se negaron a atenderlos en catalán sino que uno le lanzó: "No estamos obligados en conocer el dialecto catalàn". Ante este caso de discriminación lingüística, Plataforma per la Llengua ha presentado una denuncia administrativa para que se sancionen los agentes responsables de la actuación, que es tanto una discriminación como una vejación. Según exponen en un comunicado, esta denuncia se ha presentado ante la Delegación del Gobierno en Catalunya, competente para sancionar este tipo de infracciones.
Plataforma per la Llengua ha remarcado que este tipo de actitudes contra los catalanohablantes son muy frecuentes en la administración general del Estado La entidad ha subrayado la necesidad de investigarlas y sancionarlas por|para tal "erradicarlas y para poner fin a la sensación de impunidad que tienen los agentes".
El caso de Alfons Rodríguez
El pasado mes de octubre el abogado Alfons Rodríguez se encargaba de un expediente de extranjería cuando recibió a uno del Grupo Operativo de Extranjeros de la policía estatal. En este correo en castellano, los policías le hacían llegar información sobre su cliente y le solicitaban un acuse de recepción "por este mismo medio y en castellano". Rodríguez les recordó que según el Estatuto de Autonomía de Catalunya, una ley orgánica del Estado español, el catalán es una lengua oficial y, por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en esta. Los policías no tardaron en responder el último correo del abogado.
En el nuevo correo los policías daban carpetazo al asunto, volviendo a solicitarle que hablas en castellano y afirmando que "no estamos obligados en conocer el dialecto catalán". Justamente como no están obligados, alegaban que necesitaban la información en castellano para evitar errores en la traducción. Finalmente, en este mismo correo los agentes advertían al abogado que estas exigencias no comportaban "ningún tipo de discriminación" y no sacaban "plena validez a los trámites y documentos presentados".
Para Plataforma per la Llengua, la exigencia hecha por el Grupo Operativo de Extranjeros de la policía española contradice el posicionamiento del Tribunal Constitucional, que sostiene que el derecho de usar el catalán con las administraciones a Catalunya se deriva de manera automática de la Constitución, con la única mediación de la declaración de oficialidad que hace el Estatut de Catalunya, sin necesidad de ninguna intervención legislativa más. "Tanto si escogen una u otra, el Tribunal Constitucional fija que tienen que poder hacerlo en igualdad de formalidades y de requisitos en el ejercicio de la lengua", remarca la entidad.