El diputado y portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha denunciado al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al exministro de Sanidad Alfonso Alonso por desobediencia y prevariación a raíz del incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona.
Homs ha presentado hoy la denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de instarla a actuar contra Rajoy "con los mismos argumentos que usa para querellarse contra políticos catalanes" soberanistas, ha explicado. "Será la prueba del algodón de si nos juzgan por persecución de las ideas políticas o de acuerdo con fundamentos de derecho", ha remarcado.
La denuncia de Homs se basa en el conflicto de competencias por la concesión de subvenciones a cargo del IRPF, también conocido como el caso del 0,7%, sobre el que ya hay "10 sentencias" del TC que consideran que el Gobierno central ha desobedecido, ha aseverado.
Homs argumenta que "por analogía de cómo últimamente la Fiscalía interpreta que hay que actuar ante autoridades catalanas respecto de resoluciones del TC, los hechos que se describen a continuación pueden constituir un ilícito penal".
Subterfugios i maniobras del Gobierno español
En la denuncia, se señala que el 19 de enero, el TC sentenció que la secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España había invadido competencias de la Generalitat en relación con las subvenciones destinadas a programas de interés general a cargo del IRPF, y recuerda que el TC ha dictado más de 70 sentencias resolviendo la conflictividad competencial suscitada por las subvenciones estatales y que "de forma reiterada el Gobierno español trata de eludir la doctrina del TC y sus sentencias referidas a esta materia con subterfugios y maniobras legislativas".
El texto después de hacer un detallado recorrido en esta conflictividad, concluye que Rajoy, el exministro Alonso, y la exsecretaria de Estado Susana Camarero, "han desobedecido reiteradamente las resoluciones del TC siendo plenamente conscientes que estaban desobedeciendo el mandato expreso y concreto del TC, y han dictado resoluciones arbitrarias "a sabiendas" de su injusticia".
Prevaricación i desobediencia
Por esta razón, considera que estas circunstancias pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación administrativa -por dictar una resolución "injusta y arbitraria, sabiendo perfectamente que era manifiestamente contraria a la doctrina y a las sentencias del TC"- y de un delito de desobediencia.
En conclusión, reclama a la Fiscalía Provincial que actúe y traslade la denuncia a los juzgados competentes para la incoación del correspondiente procedimiento penal. Asimismo, reclama que el procedimiento a que dará lugar este escrito sea tramitado y sustanciado en lengua catalana.
Homs, encausado por la consulta soberanista del 9N, ha afirmado que no quería llegar a este "punto", pero ha culpado al Gobierno central de la "judicialización de la política". "Estamos en un acto de legítima defensa", ha afirmado el exconseller, que ha considerado que "todo el mundo tiene derecho a defenderse, si es necesario usando sus argumentos -los de la Fiscalía- como si se tratara de un espejo".