Fem Sant Andreu, grupo municipal formado por ERC y Vecinos por el Cambio, denuncian delante de la Oficina Antifraude de Catalunya "salarios irregulares" y "cobros indebidos" por parte del alcalde de Sant Andreu de la Barca, el socialista Enric Llorca, y el gobierno municipal formado por PSC y Cs.
ElNacional.cat ha tenido acceso a la denuncia, donde la coalición municipalista Fem Sant Andreu solicita a Antifraude que "compruebe e investigue las posibles irregularidades" del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Las actuaciones denunciadas consisten principalmente en "el cobro de forma indebida de asistencias", poniendo énfasis principalmente en la figura de Llorca. También señalan la aplicación de aumentos salariales a concejales con dedicación exclusiva para adherirse al convenio de los trabajadores del Ayuntamiento.
Aumentos salariales y pagas extras "fraudulentas"
Enric Llorca cobraba retribuciones por casi el doble de la cuantía que el resto de concejales, según se puede comprobar en la web de transparencia del mismo ayuntamiento. En el 2019 fueron rebajadas, pero siguiendo percibiendo una cantidad superior al resto de concejales. El alcalde defendía esta diferencia salarial alegando "una mayor responsabilidad". Además, los concejales con dedicación exclusiva del PSC y Cs, "se adhirieron de manera fraudulenta" al convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento, según los denunciantes. Eso les supuso, en enero del 2020, un aumento del 3% del salario y dos pagas en concepto de "puntualidad y productividad", que en total ascienden a 845 euros a cada una.
De hecho, durante un pleno extraordinario celebrado al 25 de noviembre de 2020, el equipo de gobierno reconoció "las retribuciones recibidas irregularmente" y manifestó su intención de modificarlas.
La Oficina Antifraude ya avisó
En todo eso, la Oficina Antifraude de Catalunya, en mayo del 2019, dictó una recomendación al ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca pidiendo que "el importe que se fije en concepto de asistencias a reuniones de órganos colegiados tiene que ser igual para todos los miembros que conforman el órgano colegiado", e insistiendo en que "no es admisible que para la persona que preside el órgano o para las personas que conformen el equipo de gobierno se fijen importes diferentes de los del resto de miembros electos que lo integren".
Una práctica que, presuntamente, empezó hace veintiséis años
El escrito también denuncia que estas prácticas "presumiblemente se llevan llevando a cabo desde el año 1995" por diferentes cargos electos que han formado o forman parte del gobierno municipal. Fem Sant Andreu reprocha al Ayuntamiento que no haya colaborado para aclarar y facilitar la información pedida en relación con el cobro de indemnizaciones desde este año (1995).
El texto menciona que el gobierno municipal no ha hecho referencia al retorno de "las cantidades percibidas irregularmente" en ningún momento.