La Plataforma per la Llengua, que trabaja para promover el catalán, ha denunciado que "el ministro José Luis Ábalos no permite que los ciudadanos se le dirijan en valenciano". Con este tuit, adjunta un documento de la oficina del Ministerio de Fomento que exige que escriban en castellano para atender la consulta de un ciudadano: "Buenas tardes, ¿nos podría enviar la carta en castellano? Un saludo". La respuesta la firma la misma Secretaría Particular del Ministro.
El autor de la solicitud es Òscar Escudero, presidente de la Plataforma per la Llengua. El caso viene a raíz del nuevo portal web de Renfe que, desde el 22 de junio, se estrenó diferenciando el catalán y el valenciano. Hecho que este organismo considera una "discriminación". Escudero envió una carta a Fomento expresando la "preocupación porque el actual Gobierno sigue aplicando estas prácticas hacia la ciudadanía valencianohablante al hacer esta distinción".
La Plataforma asegura que recibió la respuesta que han adjuntado el día siguiente y lamentan que la exigencia de dirigirse en castellano "no alegara ninguna motivación, ni siquiera lo pide por favor ni con un interrogante". Consideran que lo que están haciendo es dar órdenes y una falta de sensibilidad respecto a las lenguas cooficiales. Además, le recuerdan a Ábalos que precisamente él es valenciano y tendría que ser el primero en "promover su lengua propia". Actualmente, el Estado tiene 43 de los 97 portales web que diferencian la versión catalana de la valenciana.
Otra polémica
No es la única polémica de los últimos días. El Tribunal Superior de Justicia del País Valencià (TSJCV) ha declarado nulos varios artículos del decreto de la Generalitat Valenciana sobre la creación y el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Los magistrados han estimado parcialmente el recurso contra el decreto presentado por la Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana, que argumentaba que el texto pretendía defender "sólo" los derechos del catalanohablantes a expresarse en valenciano y dejaba "desamparados" a los castellanohablantes. La sentencia declara nulos varios puntos del decreto por considerar, entre otros aspectos, que exceden la función de asesoramiento y entran a regular una actividad administrativa previa.