Plataforma per la Llengua ha denunciado un nuevo caso de discriminación lingüística, en este caso en Menorca, donde un policía español ha obligado a una vecina de Maó a poner una denuncia en castellano. La denunciante afirma que un agente de la comisaría de la Policía Nacional española de la plaza Miranda se negó a atenderla en catalán, le exigió el DNI sin identificarse y la obligó a continuar el proceso en castellano. La entidad en defensa del catalán ya ha interpuesto una denuncia administrativa para abrir un expediente sancionador contra el agente.

La ciudadana acudió a las dependencias policiales el pasado 10 de diciembre para denunciar una compra fraudulenta en una página web vinculada, supuestamente, a una conocida cadena de supermercados. Según relata la víctima, cuando manifestó a los agentes la voluntad de formalizar una denuncia, uno de los policías le espetó: “en castellano”. Sorprendida por la reacción del agente, la mujer reiteró la solicitud en catalán e insistió en que el término “denuncia” era idéntico en catalán y en castellano, para asegurar que no hubiera ningún malentendido sobre la petición. Según el testimonio de la ciudadana, el agente, lejos de cambiar de actitud, le respondió que él era “la autoridad” y le exigió el DNI que llevaba en la mano. Cuando ella pidió al policía que se identificara, el agente se negó.

La situación se agravó cuando la ciudadana comprobó que los agentes no entendían ni escribían en catalán, lo cual la obligó a cambiar al castellano para continuar el proceso de denuncia. Ante esta circunstancia, la mujer decidió tramitar una segunda denuncia penal, en este caso por vulneración de los derechos lingüísticos, y se puso en contacto con Plataforma per la Llengua a finales de enero. Ahora, la entidad, en representación de la víctima, ha presentado una denuncia administrativa en la Jefatura Superior de la Policía de las Islas Baleares para abrir un expediente sancionador contra el agente.

“El catalán en las Baleares es un deber legal”

Plataforma per la Llengua recuerda que el artículo 4 del Estatut d'Autonomia de las Islas Baleares dispone que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tiene el carácter de idioma oficial, junto con la castellana. Este marco normativo garantiza a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas en sus relaciones con la administración pública. La Ley de normalización lingüística también establece en el artículo 2.2 que este derecho implica poder dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, a la Administración, en los organismos públicos y en las empresas públicas y privadas.

Con respecto a la policía, el artículo 104.1 de la Constitución española obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de la ciudadanía, y la Ley orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, tipifica los hechos denunciados por esta ciudadana en Maó como falta muy grave. En concreto, lo es “toda actuación que suponga discriminación en razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.