El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, ​​Francisco Miralles, ha archivado un total de 51 denuncias presentadas por varios lesionados por la actuación de la policía española en seis colegios electorales de la ciudad el 1 de octubre.

En la mayoría de casos dice que la actuación policial fue proporcionada y en otros que no hay imágenes de los hechos descritos en las denuncias o los agentes presuntamente responsables no han sido identificados plenamente. También archiva las reclamaciones de los directores de los centros por los destrozos causados ​​por la actuación policial.

En concreto se archivan 31 denuncias para que el juez entiende que la actuación es proporcional. Y 20, porque a pesar de haber indicios de delito no se ha identificado con imágenes los agentes responsables.

Desde iridio, que llevan la defensa de los casos entienden que la "Fiscalía y Policía Nacional deberían haber investigado desde el inicio, tal como hicimos desde iridio y que la carga de la prueba de delitos cometidos por el Estado no puede recaer en las víctimas ".

Los abogados piden "para evitar que los hechos queden impunes" que el Ministro de Interior "tiene la obligación de investigar por todos los medios qué agentes actuaron al margen de la legalidad". Y remarcan que "es necesario que los agentes antidisturbios de Policía Nacional y Mossos identifiquen por delante y por detrás".

Las defensas insisten en que "se debe investigar el operativo policial en su conjunto de manera rigurosa y de manera colaborativa entre los Juzgados, la Fiscalía, policía y mozos" y que "es necesario aclarar qué órdenes se dieron y por parte de quién ".

El juez asegura que ese día "los agentes de la policía recibieron órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la utilización de locales públicos para la celebración del referéndum".

En este sentido, el juez concluye que "corresponde al estado el monopolio del uso de la fuerza, la que se ejerce mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad". "El uso de la fuerza es legítimo siempre que haya una justificación para ello y se realiza con la debida proporcionalidad", concluye.

Escola de Joves Trinitat Vella

El juez investigó la denuncia del responsable del centro que se quejaba de los desperfectos y un total de siete denuncias presentadas por varios votantes en esta escuela que alegaban haber sufrido "un golpe en la mejilla" o haber recibido el impacto de una porra, entre otras situaciones. Los informes de lesiones indicaban erosiones, contracturas o hematomas. El juez contó como pruebas con tres fotografías y varios vídeos que sumaban 6 minutos y 20 segundos.

Los agentes se presentaron en el colegio y "a su llegada se encuentran con la puerta de hierro del patio cerrada. Unos agentes consiguen saltar el muro del patio y abrir la puerta desde dentro. Los agentes cruzan el patio e intentan acceder al edificio. Este acceso inicialmente no es posible, ya que hay un grupo de personas congregadas en la puerta, formando un tapón humano. Los agentes, para entrar en el edificio se ven obligados a arrastrar a estas personas y, vista su negativa a moverse y en estar cogidos entre ellas, a golpearlas".

"En el vídeo que engloba lo allí recogido, no aparece ninguna actuación individual o colectiva de los agentes a los cuales pueda considerarse desproporcionados, ya que se limitan a apartar a las personas que entorpecen la tarea policial, bien empujando, bien arrastrando en casos que no acceden a moverse," finaliza.

CEIP Aiguamarina

Casi idénticos argumentos utiliza al juez en el caso de las cinco denuncias presentadas al CEIP Aguamarina, en el barrio del Verderón del distrito de Nou Barris. "No se ve ninguna agresión innecesaria o gratuita, ni siquiera la puntada del agente" a uno de los denunciantes "el cual o era arrastrado para salir, o bien se lo movía de alguna otra manera". En este caso el juzgado contaba con tres vídeos que sumaban 1 minuto y 11 segundos. En uno de estos vídeos se aprecia como dos agentes se dirigen a uno de los denunciantes y "le ordenan que se retire y se vaya y uno de ellos ante la inmovilidad del denunciante le da una patada". Posteriormente "en el vídeo, en el fondo, se observa cómo se incorpora del suelo".

IES Víctor Català

El Juzgado investigó cinco denuncias presentadas por votantes de la escuela Víctor Català, a la Prosperidad, también en Nou Barris. En este caso hay un vídeo de un minuto y 46 según grabado desde el interior del centro. "Se puede ver como los agentes entran por una puerta doble, con marco entre ellas, en un espacio más bien reducido y que hay a personas sentadas en el suelo y en los lados.

En las imágenes se ve cómo los agentes apartan a una mujer que acaba dándose golpes con el marco que hay entre las dos puertas". "Es empujada con la única finalidad de liberar el espacio existente y en cumplimiento de la orden de desalojo (...) el choque con el marco de la puerta no es intencionado", añade el juez, que destaca como otras personas se fueron por su propio pie del lugar.

CEIP Estel

Por los hechos sucedidos el 1-O en este centro, ubicado en la calle Felipe II, en el barrio de Navas, se presentaron un total de 16 denuncias ante las cuales el juez decidió abrir diligencias por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral y lesiones como hematomas, contusiones, traumatismos y fracturas. Según las denuncias, los agentes actuaron con violencia: "Lo hizo caer al suelo y recibió un golpe de pie, en las costillas tiraron de él con fuerza, siendo arrastrado por el suelo", "fue arrastrada por varios agentes, que se la fueron pasando del uno en el otro," "la cogió de la cabeza y el pelo", "la dejaron caer al suelo, siendo ella una mujer de 74 años de edad".

No obstante, el juez concluye que "no se ha conseguido obtener ninguna grabación de los hechos ocurridos, ni en vídeo ni en fotografía, que permita identificar a los agentes denunciados. El magistrado concreta que aunque están identificados los policías que actuaron a cada centro, "no puede imputarse los hechos a ninguno de ellos, por lo cual procede acordar el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas". También ha archivado la denuncia por desperfectos presentada por la directora del colegio.

Escola Tomàs Moro

En la escuela Tomàs Moro, en el barrio de Canyelles, la actuación de la policía española provocó "unos desperfectos" en la puerta del centro, pero el juez alega que la razón queda explicada en el informe policial remitidos al respecto, según el cual, los agentes "se vieron en la necesidad en fracturar algunas puertas del edificio por conseguir acceder". "No hay ningún elemento que pueda sugerir desproporción", dice el auto, en el cual el juzgado confirma también el archivamiento de esta denuncia en contra del recurso presentado por la Generalitat.

IES Joan Boscà

En el instituto Joan Boscà, en Pedralbes, se presentaron cinco denuncias, muy archivadas porque no hay imágenes de los hechos descritos en las denuncias, como el hecho de que uno de los denunciantes dijo haber sido lanzado por las escaleras por la policía. "El hecho de ser lanzado por unas escaleras por cuatro personas supondría, en principio, la causación de lesiones más graves de las que presentan los denunciantes por lo que, sin unas imágenes que permitan valorar la actuación policial, no podemos considerarla inicialmente delictiva", dice el auto. Además, el director del centro también denunció la ruptura de diez puertas y la incautación de ordenadores, pero esta reclamación también ha sido archivada.