La agenda de la consellera Núria Parlon, al frente del Departament d'Interior i Seguretat Pública, es muy distinta a la que sus predecesores, en los últimos años, habían tenido en el palacete del paseo de Sant Joan. La protección del 130.º president de la Generalitat, exiliado desde 2017 en Bélgica, tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre de ese año y la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, es uno de los temas recurrentes de confrontación política entre Junts y el resto de partidos. Con el anterior conseller, Joan Ignasi Elena, de Esquerra, se pidió al Ministerio del Interior español que autorizara el envío de un destacamento de agentes a Bélgica para proteger al president Puigdemont, una autorización que, desde Madrid, nunca se concedió. Era una autorización incómoda que se fue dilatando y nunca llegó. Desde el partido del president en el exilio se había reclamado en varias ocasiones, y siempre que el president ha sufrido algún incidente de seguridad, su entorno ha reclamado a Interior, tanto en Barcelona como en Madrid, que recupere la protección oficial que debería tener como expresident de la Generalitat.

Interior cierra la carpeta Puigdemont

Con el cambio de Govern en la plaza de Sant Jaume, nadie esperaba ningún cambio. Si fuera una prioridad del gobierno catalán de Salvador Illa, ya se habría activado. Por ahora, sin embargo, no lo es. El trigobierno socialista, en Barcelona, en la Generalitat y en la Moncloa, lo podría hacer fácil, pero no es una carpeta que la consellera Parlon tenga sobre la mesa. Lo ha anunciado este lunes en una entrevista en TV3. La titular de Interior i Seguretat Pública ha asegurado que con ella, directamente, ningún diputado de Junts ni ningún miembro del partido de Puigdemont ha abordado la cuestión y que no es una carpeta pendiente. Elena envió una carta a Marlaska pidiendo la autorización, sabiendo que recibiría el silencio como respuesta. Parlon evita incluso la carta a su colega. El mal del PSOE quiere poco ruido, y la estrategia pasa, en Barcelona y Madrid, por abrir pocos melones y menos si no pueden aportar ningún beneficio.

En sede parlamentaria, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, aseguró, en respuesta a preguntas de Junts, que la protección de Puigdemont no era un tema que pudieran decidir los Mossos. La consellera Parlon, que se ha referido al tema en dos ocasiones, en dos preguntas diferentes, no solo ha dicho que no tiene la carpeta sobre la mesa, también ha venido a decir que, para ella, esto es una carpeta cerrada.

Lo que no está cerrado, por ahora, es la investigación judicial para aclarar los hechos del 8 de agosto de 2024, cuando el president Puigdemont apareció de manera fugaz en el centro de Barcelona, y a pesar del gran dispositivo policial para detenerlo y entregarlo a la justicia española se escabulló entre la gente y regresó a Bélgica, donde tiene su residencia oficial desde 2017 —y desde donde hoy se ha dirigido a la población para analizar la situación actual del gobierno de Pedro Sánchez y Salvador Illa, respectivamente. La consellera Parlon, sin embargo, se ha escudado en el trabajo judicial para no entrar en detalles. Cabe recordar que, al menos, tres agentes de los Mossos d'Esquadra fueron acusados de colaborar con el plan de Puigdemont y fueron detenidos y apartados de su trabajo. La consellera también ha asegurado que, si bien Junts cargó contra Interior y los Mossos por el operativo que diseñaron para intentar detener al president, en los últimos meses se ha reunido con el partido y han mantenido encuentros y contactos para colaborar en la estrategia de seguridad en Catalunya, y ha calificado la actitud de los independentistas como "propositiva".

Retroceso en competencias

Parlon, en la misma entrevista, y sin variar mucho el discurso, se ha vuelto a referir al retroceso de Interior por no aceptar la cesión de las competencias para controlar la seguridad ciudadana, el orden público y poder realizar investigaciones en aeropuertos y puertos. La semana pasada, la Junta de Seguridad guardó en el cajón el acuerdo que se había alcanzado entre el Ministerio y la anterior cúpula del departament para ganar estas competencias. La consellera ha vuelto a asegurar que no aceptará la cesión hasta que no tenga suficientes agentes para afrontarlo de manera efectiva. Hasta después el verano, con las nuevas incorporaciones, ha asegurado, "el cuerpo no saldrá de la UCI" y será entonces cuando se podrá hablar de incorporar nuevas competencias, como las de los puertos y aeropuertos. Parlon ha asegurado que quieren las competencias y que la intención del gobierno de Salvador Illa es desplegar el autogobierno, pero hacerlo en condiciones. Este retroceso, así como la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el CAT112, el servicio de emergencias de Catalunya, ha generado en los últimos días una cascada de críticas por parte de los partidos nacionalistas.