A la CUP y Arran se les tiene que aplicar el mismo tratamiento que se les aplicó a Batasuna y Jarrai en los tiempos de ETA. Quien lo plantea es el diario español ABC en su primer editorial de este lunes. Este tratamiento es la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, que lleve a su ilegalización. "España ya ha pasado por esto", asegura el equipo editorial del rotativo.
En el artículo –"Contra la violencia, toda la ley"-, ABC argumenta que "lo que pretende la CUP con grupo como Arran o Endavant es lo mismo que pretendían ETA y Batasuna con Jarrai". El rotativo defiende que, en el caso de "violencia antiturista", todos los poderes públicos españoles deben aprender la "lección de la lucha contra el terrorismo urbano proetarra".
Es por todo esto que el rotativo sostiene que "si la CUP incita a la violencia contra intereses sociales, políticos y económicos, y si Arran o Endavant ejecutan actos calificables como daños terroristas, la respuesta legal se encuentra en la ley de Partidos Políticos y en el Código Penal". Y habla abiertamente de ilegalización: "La ley de Partidos Políticos permite ilegalizar un partido una vez que se demuestra que practica conductas antidemocráticas y anticonstitucionales, sin necesidad de tener que imputarle un delito concreto".
De hecho, el diario conservador español dedica su portada de hoy a la izquierda independentista. En la imagen, bastante gráfica, se puede ver la estatua de Colón de Barcelona en el punto de mira. "Los 'cachorros' de la CUP reaccionarán con violencia si no hay referéndum ilegal", titula. Hace referencia a un supuesto informe policial que define las juventudes de la izquierda independentista como una "amenaza real" con una "estructura, organización y determinación para atacar".
No es un planteamiento nuevo
La idea de ilegalizar a la CUP no es nueva, sino que ya hace tiempo que pasea por algunas mentes. Sin ir más lejos, el polémico sindicato Manos Limpias lo exigió en octubre de 2015. Su secretario general, Miguel Bernad -vinculado a la Fuerza Nueva de Blas Piñar y a la Fundación Nacional Francisco Franco-, anunció que ampliaba la querella por el 9-N a Artur Mas y aprovechaba para comunicar que había iniciado los trámites para solicitar la ilegalización de la CUP. "Se dedica a delinquir y tiene que estar fuera del ordenamiento jurídico", afirmaba Bernad.
El líder de Manos Limpias precisaba que este procedimiento se había iniciado por dos vías: la petición al Ministerio del Interior y después a un juzgado de instrucción. Aquel intento por ilegalizar la izquierda independentista no prosperó, pero el sindicato ultraderechista no se dio por vencido. En febrero presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo pidiendo la ilegalización de Podemos y la CUP por "existencia de los delitos de asociación ilícita, contra la Seguridad Social, financiación ilegal, así como justificación y enaltecimiento del terrorismo".
En la misma línea, el pasado febrero, el portal unionista Dolça Catalunya se preguntaba: "¿Y por qué no ilegalizamos los matones de la CUP?". En la entrada afirmaban que "no se puede vivir en democracia con quien te amenaza sistemáticamente con el recurso a la violencia". Y volvía a interrogarse: "¿Tendremos que esperar a que ocurra una desgracia para que la sociedad reaccione y pongamos en su sitio a estos matones que quieren convertir Cataluña en unos Balcanes?".
Más recientemente, el periodista catalán José María Albert de Paco publicaba la semana pasada un artículo en Libertad Digital de título poco ambiguo: "Ilegalizar la CUP". Albert de Paco argumentaba que el partido anticapitalista amparaba la violencia y hacía apología del terrorismo. Escribía que es urgente contemplar "la posibilidad de que el Estado aplique al conglomerado filoterrorista catalán el mismo tratamiento que aplicó a Batasuna, esto es, la ilegalización".
La ley ambigua
La Ley de Partidos Políticos española fue aprobada en junio de 2002, con ETA todavía activa, con la mirada puesta especialmente en el País Vasco. De hecho, unos meses más tarde, en marzo del 2003, el Tribunal Supremo ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarok y Batasuna por presunto apoyo a la organización terrorista y no rechazar la violencia como forma de hacer política. Después vendrían más partidos, como Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista de las Tierras Vascas o el Partido Comunista de España (reconstituido), vinculado, al GRAPO.
El artículo 9.2 de la Ley establece que "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". Entre las conductas contempladas hay la de "vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales", "fomentar, propiciar o legitimar la violencia" o "complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas".
Cuando fue aprobada, organizaciones como Amnistía Internacional mostraron su "preocupación" porque "a través de algunos artículos de la ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica". De la misma forma, pedía a los legisladores que suprimieran determinadas expresiones o fórmulas "ambiguas" que pudieran llevar a ilegalizaciones injustas.