Amnistía Internacional publica este martes un nuevo informe en el que se alerta de que en Europa el derecho a la protesta pacifica está en el punto de mira. La investigación de la ONG ha analizado el estado del derecho de protesta en 21 países europeos. El informe muestra que hay un patrón en todo el continente de leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias, y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas, cuyo resultado es un retroceso sistemático del derecho a protestar. Entre los países investigados está España, a la cual la organización apunta como ejemplo de opacidad con respecto a prácticas policiales como la infiltración en movimientos sociales.
"La investigación de Amnistía dibuja un panorama profundamente alarmante de ofensiva contra el derecho de protesta por toda Europa. En todo el continente, las autoridades están estigmatizando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a los que protestan de manera pacífica", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
España y las infiltraciones de policías
Amnistía sostiene que en algunos de los países analizados hubo informes preocupantes sobre agentes de policía encubiertos infiltrados en movimientos sociales de protesta (Países Bajos y España). Concretamente, la entidad señala al Estado español como uno de los ejemplos de opacidad más flagrantes. Lo hacen sobre las investigaciones periodísticas que los últimos años han destapado operaciones policiales de infiltración en movimientos sociales en Catalunya, País Valencià y Madrid. El ministro de Interior reconoció la existencia de estas operaciones policiales en una respuesta parlamentaria, en marzo de 2023 afirmando que no se trataría de agentes encubiertos regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la investigación de delitos, sino de "agentes de inteligencia" al amparo de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la captación de información, bajo autorización administrativa y no judicial. También rechazó proporcionar más información, alegando que estas operaciones son secretas según la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Nueve años de ley Mordaza
En relación con la situación en el Estado español, Amnistía también destaca los nueve años de vigencia de las leyes mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana y doble reforma del Código Penal), impunidad de abusos policiales, demonización de la protesta, persecución de activistas y, especialmente, por infiltraciones de policías en los movimientos sociales.
España también aparece como nombre destacado cuando la entidad subraya los casos en los que manifestantes pacíficos han acabado con heridas graves, recordando los casos de pérdida de un testículo y lesiones oculares y traumatismo craneales. Con respecto a Catalunya, la ONG recuerda que el uso de balas de foam por parte de los Mossos d'Esquadra entre 2018 y 2019, dos hombres perdieron un ojo, dos personas (hombre y mujer) sufrieron traumatismos craneoencefálicos graves (una de ellas, mujer, requirió la extirpación quirúrgica del tejido craneal dañado), y un hombre perdió un testículo. En el 2021, otra manifestante perdió un globo ocular a causa del impacto de este tipo de proyectil.