En los últimos días, España ha abierto un nuevo debate: el voto a los 16 años. Es una propuesta que está ultimando el Ministerio de Juventud e Infancia, capitaneado por Sira Rego (de Sumar), y que todavía no cuenta con el beneplácito del PSOE. Se introducirá en una ley integral sobre juventud y requerirá el apoyo de la mayoría absoluta, dado que la Ley Electoral es orgánica. Se trata de una demanda que viene de lejos, que ha sido largamente reivindicada por las organizaciones juveniles de los partidos, que se ha debatido en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados y que se llevó a la práctica en Catalunya en la consulta del 9 de noviembre de 2014.
📝 El Ministerio de Juventud está elaborando una ley para rebajar la edad para votar a los 16 años
“Pueden ser llamados a participar en las consultas populares no refrendarias mediante votación las personas mayores de dieciséis años que tengan la condición política de catalanes”, reconoce el artículo 5 de la Ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2014. La ley, que recibió luz verde con una amplia mayoría de 106 votos a favor y 28 en contra, fue la herramienta que sirvió para hacer realidad el 9N. La avalaron los partidos partidarios de la consulta, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, y el PSC, que se desmarcó de las intenciones del Govern de consultar a la ciudadanía sobre la independencia. “No supone un aval ni a la concreta consulta del 9 de noviembre ni, mucho menos, a la forma en que el procés se ha conducido por sus impulsores”, justificó el diputado Ferran Pedret aquel día. La norma suponía una primera regulación de la participación de los jóvenes de 16 años en las urnas. Y el 9N fue la primera experiencia. En aquella ocasión, votaron un total de 2,3 millones de personas y el 84% se mostraron partidarios de que Catalunya se convirtiera en un Estado independiente.
Previamente, en julio de 2013, en el marco de un debate monográfico sobre la situación de la juventud, el Parlament de Catalunya aprobó una iniciativa no legislativa (sin carácter vinculante) en la cual manifestaba la “necesidad de avanzar hacia el reconocimiento del derecho de voto a los 16 años”. Fue fruto de una transaccional que sellaron CiU, ERC, el PSC e ICV-EUiA. La CUP la apoyó, Ciutadans se abstuvo y el PP votó en contra. Después de aquella votación, Iniciativa (pocos días después), el PSC (tres meses más tarde) y ERC (al cabo de un año) registraron en la cámara catalana sendas iniciativas para presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Electoral (LOREG) en esta dirección. Ahora bien, los tres textos no se llegaron a debatir ni a votar nunca y acabaron decayendo con el final de la legislatura. En 2016, Catalunya Sí Que Es Pot repitió el movimiento, pero el desenlace de la propuesta fue el mismo.
ERC impulsa tres leyes en el Congreso y una en el Senado
Desde entonces, Esquerra Republicana ha sido uno de los partidos que más ha abanderado esta cuestión a través de cuatro proposiciones de ley (tres en el Congreso y una en el Senado) con el objetivo de reformar la LOREG. “Nosotros queremos ponerles una urna delante y que se expresen, queremos interpelarles, queremos ampliar la democracia donde sea y con quien sea. Estamos ante una de las generaciones más contestatarias de nuestra historia”, defendió Gabriel Rufián en abril de 2016 desde el atril de la Cámara Baja. El principal argumento que esgrimió el republicano y que secundaron los partidarios a la propuesta fue que si los jóvenes de 16 años pueden trabajar, casarse, pagar impuestos o tener responsabilidades penales, deben poder votar.
“Si aquí se precariza, se les puede hipotecar impunemente el futuro y se puede hacer [de ellos] auténtica carne de cañón laboral, entiendan que defendamos que esos cientos de miles de chicos y chicas se defiendan frente a ustedes”, proclamó Rufián. El diputado de ERC cargó contra los “anhelos de la derecha más reaccionaria” de querer “infantilizar a la sociedad” haciendo creer que “hay quien no merece, ni sabe, ni puede, ni debe participar en política” y puso en relieve que no ampliar la edad de votar sería de una “enorme hipocresía” derivada del “miedo a la capacidad contestataria de toda una generación y del miedo a aquel que nunca has tenido en cuenta y que crees que puede arrebatarte el sillón”.
Seis años más tarde, los argumentos de Marta Rosique siguieron la misma línea. “De aquí a unos años nuestra sociedad se preguntará cómo fuimos tan reaccionarios de no implementarlo antes y por qué hubo tanta polémica si lo que estábamos haciendo era ampliar derechos”, proclamó desde la tribuna en septiembre de 2022. Y defendió una medida para “fomentar la participación política” y “situar la juventud en el centro de la agenda”. La diputada republicana presentó a los jóvenes activistas que habían demostrado “ser el motor de cambio de avances sociales” como “motivo suficiente” para “ampliar sus derechos políticos” y justificó que “analizar la capacidad para decidir quién debe o no debe votar es absolutamente discriminatorio y digno únicamente de la extrema derecha”. “Podrán decidir qué condiciones de vida quieren para su presente y para su futuro, sin que se imponga en todo debate y en toda política una visión adultocentrista”, subrayó.
¿Y cuál fue el resultado? De las cuatro iniciativas legislativas, solo una (la de abril de 2016) superó su primer examen parlamentario gracias al apoyo del PSOE: 174 votos a favor, 144 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, acabó en papel mojado a causa de la repetición electoral. En noviembre, los socialistas también votaron a favor, pero el cambio de aritmética fruto de los comicios del 26J la hizo descarrilar: 168 votos a favor y 173 en contra. En 2020 y en 2022, las leyes naufragaron por el voto en contra del PSOE. En los últimos años, con argumentos contrapuestos, los socialistas han mostrado golpes de volante a la hora de votar sobre esta cuestión.
Los giros del PSOE: a favor para votar con “coherencia”
Y es que, en buena medida, el futuro del compromiso adquirido por la ministra Sira Rego depende de que cuente con el aval del PSOE. Y los debates parlamentarios que ha habido hasta la fecha no son concluyentes. De hecho, permiten avistar tanto un apoyo como una negativa. Eso sí, en el último Congreso Federal del PSOE los socialistas incluyeron en su hoja de ruta política esta cuestión (reivindicada por las Juventudes Socialistas) y hace diez meses votaron a favor de reclamar al Gobierno que “estudie” esta posibilidad en un plazo de un año. Todo esto da esperanzas al Ministerio de Juventud. Pero echemos un ojo a la hemeroteca. Las dos veces que el PSOE votó a favor de las leyes impulsadas por ERC con este propósito fueron en abril y en noviembre de 2016 y, en ambos casos, los socialistas estaban en la oposición.
En el primer caso, María González Veracruz defendió que el PSOE es un “partido progresista que ha liderado la vanguardia de los derechos y libertades” y que es un “firme defensor de que los jóvenes tienen que ser agentes activos de la sociedad y de la democracia”. Para alinearse con el voto a los 16 años, justificó que la democracia española es “suficientemente madura” y que esta es una medida que “estimula la participación y el interés de los jóvenes en política”. Siete meses más tarde, Gregorio Cámara subrayó que el PSOE estaba “comprometido con el debate” y salió al paso de los argumentos sobre la “presuntamente característica falta de madurez” esgrimidos por los contrarios a la medida: “Se trata más bien de prejuicios y estereotipos infundados con los que se quiere negar a estos jóvenes un derecho político fundamental”.
En ambas ocasiones, frente a un debate “controvertido” que requiere “profundidad”, el PSOE hubiera preferido abordarlo en una subcomisión de estudio con el objetivo de “fraguar el máximo consenso posible”. “Estamos hablando de las reglas del juego”, sostuvo María González Veracruz. Sin embargo, eso no evitó que los socialistas votaran a favor: “Una vez planteada la proposición de ley, tenemos que pronunciarnos con coherencia sobre su contenido. Los argumentos que la avalan, a nuestro entender, prevalecen claramente sobre los que se esgrimen en su contra”, subrayó Gregorio Cámara. Ahora bien, este razonamiento choca con lo que verbalizarían los socialistas cuatro y seis años más tarde. La principal diferencia es que entonces estaban en la Moncloa.
Los giros del PSOE: en contra porque no era el momento “oportuno”
“No se cumplen las condiciones más elementales de la política en nuestro país como para operar una reforma de este calado”, alegó Raúl Díaz en el Senado en octubre de 2020. El senador socialista se mostró partidario a “abrir el debate”, pero fue reacio con la iniciativa de ERC: “La formulación que traen a esta casa, a este lugar y en este tiempo concreto, no creemos que sea la más adecuada. [...] No porque no haya base para hacerlo, sino más bien porque creemos que este no es el momento oportuno”, lamentó. Ahora bien, en 2016, esto no había impedido el aval de los socialistas. “Queremos que esta reforma tenga garantías de estabilidad, de continuidad, de perdurabilidad en el tiempo”, esgrimió Raúl Díaz.
Asimismo, responsabilizó de su negativa al PP y a las futuras elecciones catalanas del 14F: “¿De verdad este es el momento más oportuno para abrir otro debate transversal cuando no nos ponemos de acuerdo ni en lo más básico? En un momento de gravísima polarización política y de continuo empañamiento de las instituciones. Y en un momento en el que estamos a las puertas de un proceso electoral”. “No porque estemos en contra de aumentar nuestro cuerpo electoral, sino por un criterio de forma, de oportunidad política. La rechazamos porque para nosotros esta reforma es igual de sensible que de importante, y no podemos arriesgarnos a fallar”, remachó.
Dos años más tarde, en septiembre de 2022, el diputado José Zaragoza deslizó los mismos argumentos y emplazó a los republicanos a discutirlo en una subcomisión. “Nosotros decimos que se ha de discutir donde toca”, verbalizó. Y dedicó su discurso a reprochar a ERC que no haya querido aprobar una ley electoral en Catalunya: “Vienen aquí con propuestas que luego no aplican en Catalunya, aquello de consejos vendo que para mí no tengo. Piden reformar la ley electoral en España y la vetan en Catalunya [...] Nos traen aquí esta propuesta cuando el Govern de Catalunya aún no ha planteado la propuesta de sistema electoral. Espero que sea porque están más ocupados peleándose con Junts que centrados en legislar”. “Así que no vengan aquí a hacer electoralismo y mucho menos a darnos lecciones de democracia. Ustedes tienen mayoría en el Parlament gracias a una ley que se hizo siendo ministro de Gobernación [Rodolfo] Martín Villa”, concluyó.
Junts y la Joventut Nacionalista de Catalunya, a favor de ampliar el voto a los 16 años
Junts per Catalunya (y sus marcas electorales precedentes) siempre se ha mostrado partidario de ampliar el derecho de voto hasta los 16 años. “Es una incongruencia del sistema que se cierre en banda el voto a las personas mayores de 16 años”, verbalizó en abril de 2016 Lourdes Ciuró, que lamentó que, a día de hoy, una persona de 16 años “no puede decidir si las políticas que adopta” el Congreso “son o no de su gusto”. Asimismo, la diputada de Democràcia i Llibertat se mostró abierta a “ir un poco más allá” y no cerró la puerta a abordar la posibilidad de ampliar el sufragio pasivo y, por lo tanto, que los jóvenes entre 16 y 18 años también puedan convertirse en diputados. “Hay que escuchar muy atentamente a la calle, pero también hay que poner en valor el trabajo de los políticos”, concluyó. Su partido votó a favor de la propuesta. Y lo hizo las cuatro veces.
Cuatro años más tarde, en el Senado, Josep Maria Cervera manifestó el mismo posicionamiento, trajo a colación la convención ideológica de la Joventut Nacionalista de Catalunya y destacó que “no hay motivo para limitar el ejercicio de voto” a los jóvenes de 16 años. En 2022, de nuevo en el Congreso, la diputada Mariona Illamola hizo un llamamiento a invitar a los jóvenes a la política para enmendar la desafección creciente: “Nos quejamos muchas veces de que los jóvenes no participan y no se interesan por la política. Quizá el hecho de que puedan elegir a sus representantes los animaría a participar en la democracia representativa”. “Ha llegado el momento de hacer un cambio y de avanzar en el siglo XXI”, remachó.