Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son centros donde se detiene temporalmente a immigrantes en situación irregular antes de ser deportados. En los últimos años, los CIE han sido criticados por su falta de transparencia en la gestión, acusados de maltratamientos por la policía y los juzgados de control, y condenados por el Tribunal de Justícia de la Unión Europea.
Desde el año pasado, la situación de la pandemia ha agravado la falta de supervisión de los CIE, cosa que ha favorecido las malas prácticas y la vulneración de derechos fundamentales en estos establecimientos. Para ilustrar esta situación, la asociación Iridia da voz al testimonio espeluznante de un interno que denuncia la violencia física que sufrió por parte de la Policía Nacional mientras cumplía la cuarentena por Covid en unas condiciones 'inhumanas' en el CIE de Barcelona.
Con la llegada de la pandemia ahora hace un año, los CIE se vieron obligados a liberar los internos y clausurar temporalmente el centro, ya que el cierre de las fronteras en todo el mundo imposibilitaba ejecutar las deportaciones con legalidad. Según la ley, las personas retenidas en los CIE sólo pueden permanecer un máximo de 60 días. Es por eso que el marzo del 2020, el único CIE en Catalunya, situado en la Zona Franca de Barcelona, quedó vacío.
Al principio de octubre del mismo año, el CIE reabrió con el fin de reanudar las deportaciones, a pesar de las protestas de las oenegés, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, el presidente del Parlamento de aquel entonces, Roger Torrent, y el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que exigieron el cierre permanente del CIE, centro que la Agencia de Salud Pública de Barcelona ha declarado inepto para hacer frente a la pandemia en dos ocasiones.
Ante estos hechos, organizaciones de derechos humanos como Iridia denuncian la inefectividad del juzgado de control de actuar ante acusaciones de violencia física contra la Policía Nacional del CIE, que en la mayoría de casos quedan impunes. Además, denuncian que la pandemia ha puesto en peligro los de los derechos fundamentales de los retenidos, como el derecho a recibir visitas, las reuniones con sus abogados o poder denunciar el abuso de poder de los agentes de seguridad.
La opacidad de los CIE
Los CIE son centros no penitenciarios donde se retienen inmigrantes sin papeles antes de ser deportados. Ya que vivir en Catalunya en una situación irregular no es un delito en sí, sino una infracción administrativa, el Estado sólo puede justificar la detención en los CIE durante 60 días, hecho que en la práctica supone una privación de libertad que en teoría sólo es imponible a los delitos penales. Pasado este tiempo, y si no se ha hecho efectiva la deportación, los migrantes son liberados. De hecho, la gran mayoría de personas que pasan por el centro no son deportados, cosa que pone en duda la efectividad de las medidas y que los convierten, en efecto, en centros de castigo para inmigrantes que no han cometido ningún delito.
Las organizaciones como SOSRacismo explican que los CIE son legalmente cuestionables, ya que suponen la única situación donde "se priva de libertad a una persona sin haber delinquido." Además, también "son centros opacos en los que se dificulta o niega el acceso a instituciones, periodistas y sociedad civil organizada, y hasta hace poco, no tenían reglamento interno."
Por lo tanto, los CIE no sólo suponen un peligro para los derechos fundamentales de las personas migradas; además, el estado nos priva de poder saber con claridad qué es lo que pasa allí dentro. Precisamente en una situación tan delicada por lo que respecta a los derechos humanos como es la privación de libertad, el estado tendría que reforzar los mecanismos de vigilancia y asumir responsabilidades. En efecto, la actual gestión de los CIE constituye una falta de transparencia por parte del estado que ayuda a encubrir posibles violaciones de derechos.
La pandemia hace tambalearse los derechos humanos
Con la llegada de la pandemia, esta falta de transparencia se ha evidenciado todavía más. Con la excusa de evitar contactos con el exterior para prevenir contagios, el CIE frenó durante un tiempo las visitas a los internos, incluidos los de los abogados de las organizaciones de derechos humanos, privándolos de algo fundamental como es la representación legal. Además, el protocolo de actuación ante la Covid del CIE no ha puesto en funcionamiento alternativas seguras como las conferencias por videollamada con los abogados.
Con respecto al aislamiento de las personas infectadas de Covid, las investigaciones de Iridia relatan las condiciones inhumanas vividas por al menos 8 personas, que constituyen el indicio de un delito contra su integridad moral. Al dar positivo en un test de coronavirus, un interno explicó cómo fue encerrado solo en una celda sin una cama, mueble, ni con más luz que la que entraba por una ventana, durante las 24 horas de los 10 días que duraba el confinamiento.
Así viven los infectados de Covid en el CIE: sin tener contacto con ningún otro interno, comiendo y durmiendo en el suelo y utilizando el lavabo sólo cuando los policías lo permiten. Estas condiciones, tal como relata este testimonio, lo ampujaron a "tener que hacer mis necesidades a través de la ventana porque los agentes se negaban a dejarme salir para ir al baño."
El mismo interno también denunció a Iridia dos casos de tortura física perpetrada por los agentes policiales durante su aislamiento. Concretamente, el testimonio relata que la situación límite lo llevó a autolesionarse en dos ocasiones, y que la respuesta de los policías fue inmovilizarlo y agredirlo con puñetazos y patadas, hechos que le causaron lesiones visibles por sus compañeros una vez acabó el periodo de cuarentena.
Según el informe de Iridia, el denunciante no fue atendido de manera urgente por ningún médico. Hay que aclarar que, hasta la fecha, los servicios médicos del CIE van a cargo de una empresa privada, y que por lo tanto, depende de un concurso con el centro.
La responsabilidad de los jueces y la policía
Quizás todavía más alarmante que las acusaciones contra la policía es la impunidad con la cual ocurren ante el juzgado de control del CIE. En este testimonio que recoge Iridia, la víctima fue deportada a Argelia junto con un grupo de otras 30 personas antes de que el juzgado de instrucción actuara debidamente, es decir, sometiedo al denunciante a un reconocimiento médico y tomádole declaración.
Esta incapacidad por parte de los juzgados de instrucción número 1 y 30 de Barcelona para actuar de forma efectiva recuerda las 12 condenas que ya ha recibido el estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En estos casos, dos de ellos decididos este mismo mes, Estrasburgo ha sentenciado a la justicia española para no investigar acusaciones contra la policía cómo es debido, lo que supone una violación del artículo número 3 de la Convención Europea, el que prohíbe la tortura, en su rama procesal. La diferencia es que las víctimas de los CIE son todavía más vulnerables ante el sistema, ya que cuentan con las dificultades de acceso a la justicia, la falta de traductores oficiales y la posibilidad de ser deportados antes de poder denunciar.
Un futuro sin CIE
Durante el cierre temporal del CIE en verano del 2020, el expresidente del Parlamento, Roger Torrent, y el presidente del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exigieron el cierre permanente del CIE en un manifiesto conjunto que presentaron ante el centro de la Zona Franca. Torrent señaló que
el CIE "es uno de los máximos exponentes del racismo institucional"
en Catalunya, recalcando que "son centros opacos y no podemos fiscalizar lo que pasa dentro."
Torrent y Ribó exigen el cierre del CIE de Barcelona / Efe
Aunque haya un consenso mayoritario entre el poder político en Catalunya sobre el cierre de los CIE, el responsable judicial del juzgado de control del CIE, Joaquín Aguirre, se negó a clausurar definitivamente el centro, argumentando que esta decisión quedaría fuera de su competencia.
Dicho esto, ¿realmente son necesarios los CIE? La realidad es que Catalunya prescindió de ellos durante la primera ola de la pandemia y no hubo ningún colapso en el sistema de inmigración, a pesar que la pendémia haya abocado a la emigración a personas que han perdido su trabajo.
Tal como explican desde la entidad Cerramos los CIE, "la verdad es que, cuánto a riesgo de salud, estamos al mismo momento que en marzo, pero ahora ya se han cansado y lo han vuelto a reabrir." Desde esta plataforma acusan directamente al gobierno del PSOE de establecer la ley de extranjería y los CIE en 1985. Según su opinión, la justificación de los CIE por el "control migratorio" que ha sido perpetrada por el PSOE "es una excusa barata" que "va más allá" de este discurso.
En declaraciones para El Nacional, Tanquem els CIE recuerda que la existencia de los CIE "depende exclusivamente del Ministerio de Interior", y que, por lo tanto, los políticos catalanes que se manifiestan abiertamente en contra de los centros no tienen competencias para ponerlo en práctica.
En la práctica, los CIE no son eficientes al cumplir su función y existen en unas condiciones legalmente cuestionables, hecho que pone en peligro los derechos fundamentales de las personas. El secretari de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, calcula que en Catalunya hay unas 100.000 personas que viven en un estado de inmigración irregular, personas que a causa de la ley de extranjería pierden el derecho de trabajar legalmente al país y viven en riesgo de ser retenidos durante dos meses en el CIE. Las organizaciones de derechos humanos reivindican que muchas de las deportaciones se hacen a personas que hace años que viven en Catalunya, trabajando, estudiando y formando a su familia, realidades que cuelgan de un hilo en el momento que son parados por la policía en controles de identificación aleatorios.
Foto principal: interior del CIE de Barcelona / Efe