El informe anual de la organización proderechos Unión de las Libertades Civiles por Europa recopilación en su versión del 2023 las deficiencias del Estado español a la hora de cumplir los requisitos propios de un estado de derecho. Si bien este año casi todos los estados miembros de la Unión Europea se han estancado o han hecho pocas mejoras para mejorarlo, destacan que en España todavía hay graves carencias relativas a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción de alto nivel, la libertad de expresión, los derechos de las personas migradas y reparación a las víctimas del franquismo. Más concretamente, constatan que España suele ignorar las recomendaciones de la UE relativas a los derechos fundamentales y el funcionamiento de una democracia, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exigida por la Comisión Europea (CE), así como la necesidad de crear una autoridad audiovisual independiente.
España, "en regresión"
De todas las categorías observadas, la organización considera que en el 2022 España no ha dado pasos adelante en ninguna. O bien se han quedado igual, o bien ha habido una regresión, como es el caso de los "problemas sistémicos de derechos humanos". El informe destaca que en el 2022 no se mejoró la independencia del sistema judicial y el gobierno central no implementó las recomendaciones de la Comisión para abordar la independencia de la Fiscalía General del Estado, renovar el Consejo General del Poder Judicial y gestionar de forma más eficiente los casos de corrupción de alto nivel. Además, consideran que las medidas adoptadas por la lucha anticorrupción no han dado impresión y la nueva legislación audiovisual no contempla la recomendación de la CE de crear una autoridad audiovisual estatal independiente. Recogen también casos de presiones a periodistas por parte de los actores políticos, así como la represión policial del periodismo.
El informe también se hace eco de las críticas al anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales, que según las organizaciones de prensa contiene limitaciones a libertad de expresión y al derecho a la información. Finalmente, en la categoría de "violaciones sistémicas de derechos humanos", el observatorio destaca la "falta de interés" de las autoridades españolas a la hora de garantizar el cumplimiento de estos derechos cuando afectan personas migrantes. Eso, junto con la ausencia de investigaciones exhaustivas ante acusaciones de abusos y las "insuficientes reparaciones" para las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, han llevado al hecho de que en esta categoría España se encuentre "en regresión".
La UE no hace bastante por proteger el estado de derecho
De manera más generalizada, el mismo texto afirma que la mayoría de países europeos apenas han avanzado a lo largo del año pasado en el cumplimiento de los estándares del estado de derecho, si bien Polonia y Hungría se mantienen como los "peores infractores", según datos recaudados por 45 organizaciones de derechos humanos en 18 países europeos. La situación por todo el club comunitario "continúa en dirección equivocada", señala el observatorio con sede en Berlín. En concreto, los Gobiernos de Hungría y de Polonia siguen implementando medidas diseñadas para "centralizar el poder, silenciar a sus oponentes, controlar a la opinión pública y hacer muy difícil que puedan perder futuras elecciones", de acuerdo con la organización. No obstante, los resultados de la "influencia positiva" que ha tratado de ejercer la UE han sido moderados, ya que el nuevo mecanismo de condicionalidad para bloquear fondos en Hungría todavía no ha producido cambios "genuinos" y las reformas negociadas con Polonia comportan mejoras, sin embargo, "no liberan a los jueces del control político".