El conflicto catalán ya es plenamente internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del presidente Carles Puigdemont contra la "vulneración" de sus derechos políticos en España.

Según ha señalado la misma organización, el comité de las Naciones Unidas aceptó ayer la demanda, coincidiendo con la comparecencia de Puigdemont ante las autoridades alemanas después de su detención. En el texto, que fue presentado por la abogada internacional de Puigdemont, Rachel Lindon, se advertía que el Estado español había vulnerado varios derechos del president.

 

Con esta admisión, las trabas políticas del Estado al president —que ya habían ganado especial interés después de su detención el domingo— toman una verdadera dimensión internacional.

Denuncia contra España

Puigdemont decidió trasladar el conflicto catalán a las Naciones Unidas con una demanda en la que sostenía que se habían "violado" sus derechos políticos.

El texto, presentado el pasado 2 de marzo y que lleva por título Puigdemont versus España, expone que el Estado ha vulnerado sus obligaciones en tratados de vigencia internacional, y que España ha ratificado, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En la demanda tramitada a las Naciones Unidas, el president explicaba que varios derechos —el derecho a presentarse a las elecciones, la libertad de asociación y la libertad de expresión— habían sido vulnerados por las instituciones españolas. En este sentido Puigdemont explicaba en la ONU que la represión había supuesto impedimentos para ser reelegido president de la Generalitat.

España, en evidencia

Con la admisión de hoy, el Estado español vuelve a ser noticia en relación a las Naciones Unidas. Eso después de que la organización expusiera el pasado viernes que el Gobierno tenía que respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez. En este caso, el Comité de Derechos Humanos anunció al Estado la conveniencia de medidas cautelares para así proteger sus derechos.

Y esta es precisamente una importante diferencia respecto a la tramitación de la demanda de Puigdemont, donde no se ha hablado de medidas cautelares pero sí que se ha pedido al Gobierno que dé algún tipo de respuesta sobre la situación de Puigdemont en un plazo máximo de seis meses.