Defensores de los derechos humanos han llevado el caso catalán a la ONU para poner de manifiesto la actitud represiva de España ante el caso catalán. Este lunes la sede de las Naciones Unidas en Ginebra ha sido el escenario de una conferencia sobre la regresión de los derechos humanos en España, organizada por el Institut de Drets Humans de Catalunya y otras asociaciones defensoras de la materia.
En ella han asistido como público el president Carles Puigdemont, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y el eurodiputado de ERC Jordi Solé, mostrando una imagen de unidad del independentismo ante la vulneración de los derechos humanos en Catalunya. Gabriel ha asegurado, en declaraciones a los medios, que pondrá "el cuerpo, el alma, la cabeza y la palabra al servicio de una denuncia de vulneración de derechos civiles y políticos".
La conferencia ha sido protagonizada por el exmagistrado del Tribunal Supremo, Martín Pallín; el profesor de Derecho de protesta de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), Michael Hamilton; el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó; la abogada Anaïs Franquesa y la profesora de Derecho público internacional de la Universitat de les Illes Balears Margalida Capellà. También ha contado con el emotivo testigo de Laura Masvidal, mujer de Joaquim Forn, y la presentación del presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia.
El acto también ha contado con el pase de unas escalofriantes imágenes sobre la violencia policial del 1-O, que han conmocionado a algunos de los asistentes, y así lo han hecho saber cuando se ha abierto el turno final de parlamentos del público.
"Criminalizar una actuación parlamentaria"
Las diferentes intervenciones que ha habido al acto han ido dirigidas, por una parte, a denunciar las actitudes de España, pero por la otra, han sido también un "grito de auxilio" a la comunidad internacional para que reaccione delante de esta represión.
El exmagistrado del Tribunal Supremo, Martín Pallín, ha sido muy crítico con la actuación judicial de la fiscalía y del mismo tribunal, asegurando que lo que hacen es "criminalizar una actuación parlamentaria". Pallín también ha denunciado que "es inadmisible que un juez interfiera en las decisiones de un Parlamento impidiéndole asistir a la investidura" y ha considerado que "todas las resoluciones son una continua interferencia de un juez en la política". "Eso me recuerda a la ley orgánica de la dictadura", ha defendido.
"En la época franquista, eras franquista hasta que no se demostrara lo contrario. En democracia, eres inocente hasta que no demuestras lo contrario, pero ahora es diferente". Así de contundente se ha mostrado el Síndic de Greuges Rafel Ribó en su intervención, que ha lamentado también que "por primera vez se puede perseguir judicialmente la emisión de opiniones en un Parlamento". Ribó también ha recordado a los heridos del 1-O y las quejas que recibieron como organización. El síndic también ha denunciado que los jueces tengan un papel en la investidura, "todo eso es un atentado a los millones de personas que el 21-D fueron a votar. Ningún juez puede decidir quién es el candidato".
EFE
La actuación del 1-O buscaba "atemorizar a la población"
Por otra parte, Anaïs Franquesa, abogada penalista y directora de litigio de Irídia, ha asegurado que "el operativo policial del 1-O iba dirigido a atemorizar a la población, y no detener la votación". Además, ha explicado que algunas agresiones de la policía española iban dirigidas a tirar del pelo a las mujeres, por lo que ha denunciado la existencia de "componentes de género en estas agresiones".
Margalida Capellà, profesora de Derecho internacional, ha asegurado que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y también Jordi Cuixart son "presos políticos". "La detención de Sànchez, Cuixart, Junqueras y Forn es discriminatoria con los que han podido eludir la prisión", ha afirmado. Ha denunciado también que "hay una politización de los autos dictados contra los presos" y que "las penas privativas de libertad son excesivas".
En este sentido también se ha expresado la mujer de Joaquim Forn, Laura Masvidal, que se ha preguntado cómo puede ser que el conseller reciba más de 6.000 cartas en la prisión si no es porque se trata de un preso político. Masvidal ha denunciado que no haya un acercamiento de los presos por las dificultades económicas y logísticas de la distancia con Estremera y ha querido agradecer la solidaridad de gran parte del pueblo catalán con los presos.
Finalmente el profesor Michael Hamilton ha afirmado que en Catalunya ha habido una clara violación del "derecho de reunión" y que también ve una falta de libertad de expresión. En este sentido, ha recordado la sentencia del TEDH sobre la quema de fotografías del Rey.