El artículo 2 de la Constitución francesa establece que "la lengua de la República es el francés". Y todo lo que salga de ahí es considerado intolerable para el Estado francés. Y así se ha pasado del pleno municipal de Elna al tribunal administrativo de Montpellier. La judicialización de la política también ha atravesado las fronteras administrativas catalanas. Este martes por la mañana será juzgado el alcalde de la población rosellonesa, el comunista Nicolas Garcia, así como los de Portvendres (Rosselló), Tarerac (Conflent) y Els Banys (Vallespir). El motivo: haber permitido que se hable en catalán en sus consistorios (con la respectiva traducción al francés). Entre los apoyos que recibirán del sur, habrá representantes de Òmnium Cultural, la ANC, ERC, Junts per Catalunya y la CUP.
Elna fue el municipio pionero, el que puso la primera piedra. Todo empezó allí, un día que el teniente de alcalde, Pere Manzanares, intervino en catalán y los concejales de la oposición se marcharon del pleno. Después de este incidente, y de haber consultado a juristas, decidieron regularlo. De esta manera, el 21 de abril la localidad rosellonesa cambió su reglamento y se convirtió en "el primer municipio" a reconocer el uso del catalán "de forma oficial", a pesar del voto en contra de cinco concejales. Simplemente, se permitía que los concejales pudieran hacer sus intervenciones en catalán, con la condición de que fueran traducidas al francés. La respuesta del Estado francés no se hizo esperar.
El pasado septiembre, el flamante nuevo prefecto de Pirineos Orientales —y exjefe de gabinete adjunto del presidente Emmanuel Macron-, Rodrigue Furcy, decidió llevarlo a los tribunales. El argumento del prefecto (figura equiparable a un delegado del Gobierno) se encuentra en el artículo 2 de la Constitución: "El Consejo Constitucional y los tribunales administrativos han considerado, en varias ocasiones, ilegales las deliberaciones de las asambleas deliberativas celebradas en una lengua diferente del francés. Corresponde al juez administrativo pronunciarse sobre la legalidad de la deliberación del municipio de Elna". El catalán es considerado un "elemento susceptible de malmeter los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre lengua oficial y lenguas regionales".
Apoyo desde el sur
Este mismo lunes por la tarde, varias entidades como Òmnium Cultural Catalunya Nord, Aplec, El Casal o Col·lectiu 2 d'Abril han hecho un llamamiento a concentrarse ante la prefectura de Perpinyà para "exigir el derecho de utilizar el catalán en normalidad en toda Catalunya Nord" y para que el Estado francés "respete la carta de las lenguas minorizadas". Una concentración que se replicará este martes, a las once de la mañana, ante el tribunal administrativo de Montpellier.
Una manifestación que también recibirá apoyo del sur de Catalunya. Hasta Montpellier se desplazarán delegaciones de los principales partidos independentistas. Por parte de Esquerra Republicana asistirán su presidente Oriol Junqueras y el secretario de organización Pau Morales. En representación de Junts lo hará el exconseller y eurodiputado Lluís Puig, mientras por la CUP lo harán los diputados Dani Cornellà, Dolors Sabater y Montserrat Vinyets. Con respecto a las entidades, habrá representantes de Òmnium Cultural Catalunya Nord y dos secretarios nacionales de la ANC, Juli González y André Laurent.
Contra el retroceso
En jaque están los derechos del catalán a la Catalunya del Nord en un contexto de retroceso de la lengua, después de que hace dos años la Corte Constitucional francesa tumbara parcialmente la llamada Ley Molac, que daba cobertura legal a la inmersión lingüística en lenguas diferentes del francés. Ahora está bajo lupa su uso en instituciones públicas. Según el alcalde de Elna, Nicolas Garcia, no serán juzgados ellos como alcaldes, sino sus ayuntamientos: "El 18 abril en Montpellier seremos juzgados por el tribunal administrativo por haber decidido hablar catalán en los plenos de Elna, sabremos entonces si la justicia de Francia acepta la diversidad lingüística y cultural, histórica y futura". Si no lo logran en Francia, tienen la vista puesta en la justicia europea.