La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha decidido destituir a la actual directora general de Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Isabel Carrasco, y a su subdirector, Joan Mayoral, según ha podido confirmar El Nacional.cat y ha avanzado El Periódico. Fuentes oficiales del Govern apuntan que era una decisión tomada desde hacía meses que ahora ha sido confirmada, aunque otras fuentes apuntan que el equipo no funcionaba y que había diferencias de criterio. Este martes, el Govern anunciará a sus sustitutos, que tendrán que pilotar una entidad pública con más de 19.000 niños y adolescentes, 9.000 de los cuales están separados de los padres por protección.
Isabel Carrasco había tomado posesión de este cargo con la entrada del Govern de Salvador Illa. Ha estado vinculada a la DGAIA desde 1998, cuando empezó a trabajar en la delegación de Tarragona. En el año 2016 ascendió a jefe del servicio y fue la responsable del programa piloto de Barnahus, un proyecto que se basa en la implantación de varios centros por todo el país para abordar la violencia sexual contra menores. Precisamente, Carrasco sustituyó a Ester Cabanes, que estuvo seis años al cargo, y sobrevivió a cuatro consellers.
Drets Socials en el centro de la polémica
La conselleria de Drets Socials no ha estado exenta de polémica durante los últimos meses. Y es que la consellera pasa la mitad de la semana en Madrid, con una agenda catalana únicamente de lunes a jueves. Un hecho que ha levantado el malestar del sector y que, incluso, criticó el president Puigdemont el pasado sábado en el consejo nacional de Junts de Mollerussa. "Se va a Madrid cuando colapsan los trenes y tiene consellers que viven allí", decía Puigdemont, haciendo referencia a Salvador Illa y Mònica Martínez Bravo.
Otro de los elementos que ha levantado polvareda en el Departament de Drets Socials, precisamente, hace referencia a la DGAIA. Y es que un informe de la Sindicatura de Cuentas concluye que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios. También concluye que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en el 2017 y en el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales. Sin embargo, PSC, ERC y los Comuns votaron en contra de seguir las recomendaciones de la Sindicatura; un elemento que fue criticado por el diputado de Junts per Catalunya Jaume Giró y el síndico mayor, Miquel Salazar.