El Govern de la Generalitat ha vivido unas semanas turbulentas. A la petición de cese de la consellera de Territori, Habitatge, Transició Ecològica y portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies, se ha añadido a otro hecho más desapercibido: el cese de la cúpula de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Una decisión, tomada por la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha levantado polvareda. El cese de la ya exdirectora general de la DGAIA, Isabel Carrasco, también se tiene que añadir al cese de su subdirector, Joan Mayoral. Desde fuentes oficiales del Departament se ha apuntado que es una decisión que se había tomado desde hacía semanas, pero otros apuntan que son más bien por desavenencias internas, teniendo en cuenta que Carrasco había cogido las riendas de una de las carpetas más delicadas de la conselleria (gestiona hasta 19.000 menores, 9.000 de los cuales están separados de los padres por protección) solo seis meses atrás. Carrasco, de hecho, sustituyó a Ester Cabanes, que estuvo seis años al cargo, y sobrevivió a cuatro consellers.
Tanto la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, como la misma consellera apuntaban que el relevo en la DGAIA se hacía para apostar por "otro talante" en la "gestión de equipos y del cambio", así como querían apostar por un perfil "más gerencial". De hecho, no es ninguna casualidad que hayan apostado por Josep Muñoz Luque como sustituto, ya que era gerente de los Servicios de Bienestar de la Diputación de Barcelona y de máxima confianza de la actual secretaria general de Infancia, Adolescencia y Juventud del Govern, Teresa Llorens, por su paso por la Diputación.
La oposición pide explicaciones
El caso es que estos ceses han levantado polvareda, también para coincidir en el día siguiente de la emisión del documental de '30 minuts' de TV3 sobre menores migrantes. Junts per Catalunya ha pedido la comparecencia de la consellera Martínez Bravo, así como la excúpula de la DGAIA. "Este desbarajuste de altos cargos que se marchan o que son destituidos demuestra que este Govern no funciona. Bajo la apariencia de una falsa normalidad, esta es la realidad del Govern", decía la portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales. Por su parte, fuentes de Esquerra Republicana muestran su "preocupación de cómo puede afectar al proyecto Barnahus y a la estrategia de jóvenes migrantes solos, que son complejas", así como envían un apoyo a los profesionales de la DGAIA.
La DGAIA en el punto de mira
Los ceses en la DGAIA también llegan en un momento delicado para este órgano. Y es que la Sindicatura de Comptes concluyó que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios durante la época del conseller El Homrani (ERC). También concluyó que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en el 2017 y en el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales. El informe aseguraba que el gasto reconocido por la DGAIA fue superior al gasto contratado en 774.283 € el ejercicio 2016; en 5,26 M € en el 2017 y en 11,80 en el 2018. Una sobrefacturación que "no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto".
Sin embargo, el PSC, ERC y los Comuns votaron en contra de hacer el seguimiento de las recomendaciones del informe presentado por la Sindicatura de Comptes, un elemento criticado por el diputado de Junts Jaume Giró y el síndico Mayor de Cuentas, Miquel Salazar. "Matar al mensajero nunca es la solución", decía Salazar. "No se entiende que se manifiesten en contra de la falta de transparencia", decía el exconseller de Economía. Por eso, los juntaires pidieron la comparecencia del exdirector general de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) Ricard Calvo; la comparecencia del exconseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Chakir El Homrani; el exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta; y el exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Oriol Amorós.
Críticas a la agenda de la consellera
Otra polémica que ha surgido en el Departament es la agenda de la consellera Martínez Bravo, que vive durante la mitad de la semana en Madrid y estando en Catalunya únicamente del lunes al jueves. Un hecho que ha levantado el malestar del sector y que, incluso, criticó al líder de Junts, Carles Puigdemont. "Se va a Madrid cuando colapsan los trenes y tiene consellers que viven allí", decía Puigdemont, haciendo referencia a Salvador Illa y Mònica Martínez Bravo. Aunque, tal como explicó El Periódico, tiene la familia en Madrid, fuentes de Junts per Catalunya creen que el hecho de que viva en la capital castellana "inaudito y demuestra poca sensibilidad de la consellera hacia Catalunya, sus ciudadanos y la responsabilidad que desarrolla".
"Ser conseller de la Generalitat tiene que ser entendido como un acto de servicio a los ciudadanos, no como un trabajo de alto directivo", defienden los juntaires, que creen que un conseller "tiene que estar en contacto constante con la ciudadanía" y pasar tres días de la semana en Madrid "no ayuda". "Esta situación puede generar disfunciones en el funcionamiento del Departament en caso de que se requiera su presencia en una situación de emergencia", alertan los juntaires, que creen que es una muestra más de la visión del gobierno Illa de "gestionar una gestoría".
Una línea similar a la de Esquerra Republicana, que cree que la consellera tiene que estar "100% en Catalunya". "Es consellera para cumplir toda la semana con Catalunya", subrayan a los republicanos. A pesar de no compartir el planteamiento, no entran en las "razones personales", pero avisan: "Será un problema si eso hace que no pueda atender reuniones, actos, agenda o compromisos institucionales todos los días de la semana".