El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad Drets creen que la actuación que habría hecho el gobierno del expresidente español Mariano Rajoy para intentar conseguir los datos bancarios de políticos catalanes habría sido "un ataque en toda regla a la soberanía andorrana". Así lo afirman en un comunicado las dos entidades, que interpusieron la querella contra el expresidente Rajoy y otros cargos políticos de aquel ejecutivo y que ahora un juzgado andorrano ha admitido a trámite. El juzgado los investigará por una presunta extorsión a directivos de Banca Privada de Andorra (BPA) para que facilitaran información sobre las cuentas de la familia de Jordi Pujol en la llamada Operación Cataunya.
Las entidades denuncian que Rajoy y otros miembros de aquel Ejecutivo español del PP "intimidaron" al cabo del gobierno andorrano, Antoni Martí, y otros ministros de su gobierno el año 2015. También se le atribuye al expresidente popular y a Montoro delitos de falsedad documental por haber enviado información falsa al FinCEN del departamento del Tesoro norteamericano, hecho que provocó la liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial Banco de Madrid.
Tanto el IDHA como Derechos también han remarcado que Rajoy visitó Andorra para reunirse con el gobierno del Principado como presidente del Gobierno y no como jefe de Estado -figurada reservada al Rey de España-, de manera que "no está protegido por la inmunidad prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano, de la misma manera que tampoco lo están sus ministros y otros cargos políticos implicados".
Silencio en Génova
La noticia de la investigación andorrana en la antigua cúpula del Partido Popular llega a la calle Gènova con un nuevo líder encabezando el partido. Alberto Núñez Feijóo se ha presentado como un cambio de era para los populares, especialmente después de Pablo Casado. A pesar del marketing, su respuesta a la investigación de la antigua plana mayor del partido es la clásica: silencio. Desde el PP se han limitado a afirmar que no tiene nada que comentar.
Mientras que su predecesor Pablo Casado quiso marcar su gestión insistiendo que rompía con el pasado de corrupción de su partido, llegando a plantear la venta de la sede de la calle Génova para estar demasiado ligada a los casos de corrupción de los populares, Feijóo devuelve a los viejos costumbres. Silencio administrativo ante los escándalos judiciales que colecciona el Partido Popular, incluso si afectan figuras de tanto nivel como el expresidente del Estado español.