En la galería gótica del Palau de la Generalitat, ante un Sant Jordi expectante y una solitaria bandera, el president Artur Mas ha tensado una a una las palabras hasta concluir que el Gobierno español ha actuado por "rabia". Rabia por la respuesta ante la participación y la resonancia internacional de la consulta del 9N. Lo ha dicho después de situarse él mismo como responsable máximo del proceso participativo y antes que Mariano Rajoy hablara en Bruselas de manifestaciones, amenazas e intimidaciones inaceptables. La temperatura del enfrentamiento institucional entre los gobiernos catalán y español ha alcanzado hoy unos límites desconocidos hasta ahora. El Govern no ha dejado nada al azar. Ni el contenido de la declaración del presidente ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha reproducido los argumentos de la consellera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega; ni la presencia del Consell Executiu en pleno que lo ha acompañado y lo ha esperado en la puerta; ni los 400 alcaldes que han dado apoyo a Mas con la desafiante vara alzada; ni las más de 6.000 personas que esperaban en la calle; ni la comparecencia posterior en el Palau de la Generalitat.
Único responsable
“Soy el único responsable de haber dado voz y voto a los ciudadanos”, ha asegurado Mas ante el juez y ha repetido en la comparecencia ante los medios. El presidente ha argumentado su decisión de impulsar el 9N por la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos y las resoluciones del Parlamento; ha recordado ante el juez que este era el “hito fundamental de la legislatura” y ha repasado una vez más la sucesión de los hechos hasta que el TC suspendió también el proceso participativo alternativo a la consulta, y que quedó en manos de los 40.000 voluntarios. “Por una acción como ésta se tendría que comparecer ante un parlamento, pero nunca ante un tribunal”, ha concluido. Mas se ha referido explícitamente ante el juez a las declaraciones del presidente Mariano Rajoy y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ridiculizando el proceso participativo. “El Gobierno central despreció el proceso participativo del 9N e hizo mofa pública. Tardó 15 días en recurrir. En aquellos 15 días fue cuando la Generalitat pudo hacer todo el trabajo de preparación en lo que le correspondía”, ha explicado. Tampoco el Tribunal Constitucional respondió a las demandas de aclaraciones por parte de la Generalitat, y el 9 de noviembre nadie de los que habrían podido detener la consulta actuó para detenerla. ¿Por qué lo tenía que hacer el presidente de la Generalitat?, se ha preguntado Mas. En su declaración en el Tribunal, Mas ha respondido a las preguntas del juez, Juan Manuel Abril, pero se ha negado a contestar a la acusación popular de Manos Limpias y a la fiscalía, recordando que la junta de fiscales de Catalunya se opuso a la querella, finalmente impuesta desde Madrid. “El Estado no es neutro”, ha asegurado en su comparecencia posterior. Ha denunciado que un sector del Estado actúa como parte y no como árbitro y que habrá quien querrá “forzar hasta el límite” la situación. No obstante, Mas ha expresado la confianza en el criterio de los que tienen que impartir justicia.
Acatar o no la inhabilitación
A pesar de eso, Mas ha dejado clara su disposición a llevar el desafío hasta el extremo y no ha descartado no acatar una posible sentencia de inhabilitación. “Depende del momento en el que estemos de la situación jurídica del país”. La comparecencia de Mas ha quedado trenzada de manera inseparable con la situación política catalana. Delante del TSJC, la plana mayor de Junts pel Sí, incluido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el cabeza de lista Raül Romeva encabezaban la representación soberanista, mientras que la de la CUP quedaba en manos de Antonio Baños y David Fernàndez. También fue la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, y hubo presencia de Unió, encabezada por el secretario general, Ramón Espadaler. Y estuvieron los últimos presidentes del Parlament, los responsables de la ANC y Òmnium... La pregunta era inevitable: ¿cómo afectará esta situación a los acuerdos que necesita JxSí para sacar adelante la legislatura? Mas ha recordado que en los momentos importantes, siempre que ha habido una decisión trascendental por tomar, aunque fuera al límite, ha habido consenso. “Es importante que el país esté unido, que estemos todos los que tenemos que estar”, ha advertido.
Respuesta de Rajoy
También la respuesta del Gobierno español queda inevitablemente ligada al momento político que vive el PP. A las puertas de unas elecciones y con una situación de grave enfrentamiento interno en sus filas, el día siguiente que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cargara contra una parte de sus compañeros de gobierno y partido. Rajoy ha replicado las palabras de Mas desde Bruselas, donde participa en una cumbre de líderes populares. El jefe del Ejecutivo español ha tildado de inaceptables “las manifestaciones, las amenazas y las presencias intimidatorias delante de los tribunales de justicia”. “La justicia es independiente. Resuelve de acuerdo con el derecho y aplica la ley”, ha sentenciado Rajoy. Ni una concesión para relajar la tensión. Por la tarde, el Senado ha aprobado, con los votos del PP, la reforma legal que permitirá al Tribunal Constitucional suspender al presidente de la Generalitat si incumple alguna de sus resoluciones. I en línea con los reproches del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado también ha lamentado los "ataques" a la "independencia de los tribunales" por las manifestaciones de apoyo a los tres imputados del 9-N, Mas, Ortega y Rigau.
Y las espadas continúan en alto. Más que nunca.