¿Dónde estará este lunes Clara Ponsatí? La agenda de la eurodiputada es el elemento clave que marcará su situación procesal a corto plazo. El entorno guarda celosamente como un tesoro su ubicación durante el lunes, el día en qué el Tribunal Suprem la ha citado para comparecer como procesada por la causa del procés. I en su agenda solo tiene punto rojo: participa como suplente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo a partir de las 3 de la tarde. También hay otra certeza porque este domingo, Diada de Sant Jordi, la consellera de Ensenyament durante del 1 de octubre enseña la patita por el centro de Barcelona. A lo largo del día se paseará por la capital catalana y, tal como informan diferentes librerías, firmará ejemplares de su libro Molts i ningú (La Campana, 2022) en más de un puesto.
La eurodiputada de Junts volvió a Catalunya el 28 de marzo después de 5 años en el exilio que la llevó a vivir a Escocia y a Bélgica. Al cabo de pocas horas de cruzar la frontera con Francia y dar explicaciones en una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes, los Mossos d'Esquadra la detuvieron en medio de Barcelona mientras paseaba en dirección a la sede de su partido en el Born, acompañada de su abogado Gonzalo Boye, en medio de un grupo de periodistas y simpatizantes, y a plena luz del día. La policía catalana la trasladó a la Ciutat de la Justícia, donde declaró, y el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, la citó en Madrid a las 11 de la mañana del lunes 24 de abril.
En cualquier caso, nadie quiere revelar dónde estará con exactitud este lunes aunque no cuesta mucho de imaginar atendiendo a sus declaraciones, que apuntan a la voluntad de no comparecer en la capital española. En este sentido, Ponsatí, investigada por desobediencia por el referéndum del 1 de octubre, nunca se ha visto interpelada por la justicia española y hace días que avisa de que no se piensa presentar delante de Llarena, a quien no reconoce como autoridad judicial competente. "Llarena cree que tiene una cita conmigo, pero yo tengo otras cosas que hacer", aseguró en una entrevista en el canal de televisión 8TV, donde recordó que los Mossos la detuvieron de forma "ilegal".
Ponsatí y el callejón sin salida de Llarena
La determinación de Ponsatí y de su defensa para plantar a Llarena tiene el objetivo de hacerlo entrar en un callejón sin salida aprovechando la inmunidad parlamentaria de la cual disfruta como eurodiputada. ¿Y qué pasará si Ponsatí deja plantado a Llarena este lunes? Después de la detención en Barcelona y posterior liberación, el juez instructor ya puso las cartas encima de la mesa en el auto que redactó a altas horas de la noche. El aviso era claro después de poner día y hora a la citación: "Con apercibimiento de que el incumplimiento del llamamiento efectuado conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este Tribunal por la fuerza pública". Con la incomparecencia, la exconsellera forzará a que el Supremo emita un orden nacional de detención que, a la práctica, no tendrá ningún efecto si no pisa el Estado español sabiendo que tiene la protección de la inmunidad, por lo que Llarena tiene suspendidas las euroórdenes internacionales.
"No informemos de decisiones futuras que tomará el Tribunal", explican tajantemente fuentes del Supremo a El Nacional para evitar comprometer la estrategia de Llarena. Sea como sea, la detención -si se llega a ejecutar en algún momento- solo tiene la finalidad de que Ponsatí se persone ante el juez para que, si quiere, declare y comunicarle su procesamiento. Es un procedimiento similar al que vivió el expresidente primero del Parlamento Josep Costa. En aquella ocasión, los Mossos d'Esquadra arrestaron a Costa y lo trasladaron posteriormente a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a quien Costa no reconocía la autoridad y había dejado plantado más de una vez. Ahora bien, el penalista Joan Queralt apunta a este diario que, en el caso de Ponsatí, "la cuestión es si un eurodiputado se puede detener por hacer cumplir una citación" además de recordar que, a su entender, "la inmunidad parlamentaria no es ni regional ni foral". En esta línea, Queralt se pregunta si, en caso de que sea detenida, tendría que declarar en persona en la capital española o lo podría hacer por videoconferencia.
La hoja de ruta de Ponsatí es buscar las cosquillas a Llarena para ponerlo en un lío con las autoridades europeas teniendo en cuenta su condición de eurodiputada. Una vez derogado el delito de sedición, la exconsellera quedó procesada por desobediencia, igual que la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Por eso ahora solo se enfrenta a una pena de inhabilitación -y no prisión- y, con esta tranquilidad, se presentó en Barcelona hace menos de un mes. Ahora bien, por su cabeza no pasa seguir los mismos pasos que la republicana Meritxell Serret y la cupaire Anna Gabriel. "No he venido a hacer ningún pacto, sino a continuar el combate y plantar cara", lanzó la eurodiputada solo entrar a Catalunya.
El pulso entre la eurodiputada y el juez instructor es un elemento primordial para el combate jurídico que el exilio está librando en Europa. Los abogados del exilio analizarán con detalle la reacción de Pablo Llarena en su estrategia para defender el alcance de la inmunidad parlamentaria de Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comín. Los tres europarlamentarios de Junts tienen un ojo puesto en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que este junio tiene que tomar una decisión sobre la protección definitiva que les provee la condición de miembros de la Eurocámara.
Los precedentes de Serret (ERC) y Gabriel (CUP)
Con su actitud, Ponsatí pone distancia con Serret y Gabriel, que comparecieron voluntariamente ante el Tribunal Supremo para regularizar su situación procesal después de marcharse al exilio. La primera fue la actual consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, también perseguida por desobediencia por los hechos de octubre de 2017, que se entregó en el Supremo en marzo de 2021 después de vivir 4 años en Bélgica. Cuando volvió a Madrid estaba procesada en rebelión en la causa del procés por malversación y desobediencia aunque, durante el juicio en el Supremo, no se constató que el departamento de Ganadería, Pesca y Alimentación que ella lideraba hubiera colaborado económicamente con el referéndum. De esta manera, sin el delito de malversación, intuía que solo la procesarían por desobediencia, tal y como acabó pasando. En cualquier caso, la citaron a declarar y, como era aforada porque había sido escogida diputada en el Parlament de Catalunya, Llarena envió el caso de Serret al TSJC, que la juzgó el día antes de la llegada de Ponsatí del exilio.
El otro precedente similar es la de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que apareció por voluntad propia al Supremo en julio de 2022 habiendo pasado 4 años viviendo en Suiza aunque contra ella nunca se dictó una orden internacional de arresto -estaba acusada de desobediencia-. En este caso el juez instructor envió la causa a la Audiencia de Barcelona, y no al TSJC, porque la exlíder de la CUP ya no ejerce como cargo público. Está a la espera de juicio y como mucho se enfrenta a 3 años de inhabilitación.