Este martes se celebrará en el Congreso de los Diputados un Pleno para debatir y votar las enmiendas a la ley de amnistía. Así, PSOE, Junts y ERC han entrado ya en la recta final de la negociación de esta norma: aquello que se apruebe el día 30 será la versión definitiva de la ley, con todos los retoques y pinceladas de precisión que se hayan podido pactar hasta aquel momento. Pero después del acuerdo entre socialistas e independentistas sobre la excepción de terrorismo que aplica una capa extra de blindaje a Tsunami y CDR, el juez Manuel García-Castellón ha seguido haciendo de las suyas. Ha decidido desafiar la ley hasta el final y apuntar ahora que la plataforma independentista podría haber vulnerado derechos humanos en la batalla de Urquinaona. Si consiguiera exitosamente retorcer los hechos hasta hacer creer que Tsunami Democràtic cometió actos de terrorismo contra el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la nueva enmienda pactada entre PSOE, Junts y ERC de prácticamente nada serviría. El juez de la Audiencia Nacional eleva así la presión sobre los socialistas, porque las dos formaciones independentistas intentan presionarlos a fin de que la excepción de terrorismo desaparezca del todo de la norma.
La reacción del Gobierno fue rápida. Este viernes salió Félix Bolaños a pedir un "comportamiento ejemplar a todas las instituciones". Lo dijo más de una vez; mensaje directo para Manuel García-Castellón. La primera cosa que la prensa le preguntó al ministro de la Presidencia y de Justicia fue si el PSOE se plantea mover ficha después del dribling del juez de la Audiencia Nacional, y aceptar enmiendas de Junts y ERC que amplíen el alcance de la amnistía. Bolaños fue preciso en su ambigüedad: "Es una ley impecable, sólida desde el punto de vista técnico; el próximo día 30 se votarán las enmiendas que quedan vivas y allí se comprobará si alguna de estas se vota por mayoría y se incorpora; el PSOE aprueba las enmiendas que aprueba y pacta el PSOE". La puerta se encuentra ahora mismo ajustada; ni cerrada ni abierta.
Es el mismo discurso que tenían los socialistas una semana antes, y al final avanzaron casillas y pactaron enmiendas transaccionales al texto con Junts y ERC. Estos días pasa lo mismo. Un destacado miembro del Gobierno apunta, con los micrófonos apagados, que la norma ya está "cerrada" y que ahora mismo en la Moncloa no se "plantean" aceptar ninguna modificación más; ni siquiera una enmienda de Junts per Catalunya que pide retrasar dos meses más el inicio del perímetro de la amnistía al 1 de noviembre del 2011. "Ya está muy bien la ley". Mientras tanto, en Ferraz ven esta puerta —la de incorporar nuevas enmiendas— más abierta. Aseguran que la norma ya "protege lo que tiene que proteger" pero recuerdan que "seguimos negociando siempre" con los partidos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Este fin de semana todavía hay llamadas entre PSOE, Junts y ERC.
Las formaciones independentistas han mantenido vivas enmiendas en solitario que plantean ampliar un poco más el perímetro de esta ley, y defienden retirar del texto la excepción del terrorismo. Esta semana se han hecho avances y se ha pactado un retoque a la ley que señala que los actos de terrorismo exceptuados de la norma son aquellos que suponen una violación grave de los derechos humanos, "particularmente los previstos en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH)". Pero eso puede, según cómo, ser insuficiente. Y el juez Manuel García-Castellón ya lo ha demostrado este jueves: intenta esquivar los pactos de PSOE, Junts y ERC, y señala que Tsunami Democràtic podría haber vulnerado el artículo 2 del CEDH en la batalla de Urquinaona.
Es por eso que, según explican fuentes de Junts, confían empujar al PSOE durante los próximos días hasta retirar la excepción de terrorismo de la norma, y atar así a García-Castellón de manos y pies. Pero admiten desde la misma formación que eso será "difícil". Lo ven de la misma manera fuentes de ERC en el Congreso de los Diputados. Los socialistas presumen ante los medios españoles de haber mantenido su palabra y de mantener la excepción de terrorismo, y resumen el retoque conseguido hasta ahora en una "enmienda técnica". Una de las negociadoras de Esquerra Republicana, Marta Vilaret, avisa en una entrevista con ElNacional.cat que es muy complicado tener "certezas" sobre cómo se acabará aplicando la ley independientemente de las enmiendas que puedan incorporarse. Mientras tanto, Josep Pagès, miembro del equipo jurídico de Junts durante la elaboración de esta ley, señala en otra entrevista en este periódico que "difícilmente se puede conseguir un blindaje total y absoluto con el poder judicial español".
Las enmiendas del independentismo, vivas hasta el Pleno
A pesar de los acuerdos del martes, los independentistas han mantenido vivas enmiendas que todavía pueden aprobarse cuando se celebre el Pleno del Congreso. Es aquí donde el PSOE puede hacer nuevos pasos para acercarse a Junts y ERC. Se trata de la enmienda de Junts para avanzar la fecha de inicio de la amnistía al 1 de noviembre del 2011 y para incluir a los damnificados por "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre que no hayan comportado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito."
Asimismo, se mantiene viva la enmienda de ERC con la que quería que la Generalitat pueda devolver las multas derivadas de sanciones de la Ley Mordaza. Junts quería eliminar esta exclusión. Además, ERC mantiene su enmienda que reclama eliminar el "umbral mínimo de gravedad" en la exclusión de los actos tipificados como "delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes"; un retoque enfocado a los policías del 1-O.