"Rajoy siempre hace de Rajoy". Es la excusa que utilizaba la semana pasada en una conversación en los pasillos del Congreso uno de los máximos dirigentes del grupo parlamentario del PSOE para avanzar, tal como se confirmó el jueves, que los socialistas no incluirían el nombre del expresidente del Gobierno en su lista de comparecientes para la comisión de investigación de la Operación Catalunya. El PSOE, otra vez, ha querido tapar las vergüenzas del PP por la defensa con uñas y dientes de la unidad de España. Y eso, justo cuando los socialistas ya habían hecho evidente que sus intenciones en esta comisión de investigación no pasan para poner de manifiesto cómo el Estado persigue el independentismo, sino para hacer campaña electoral contra el PP.
A menudo se cuestiona qué utilidad tienen las comisiones de investigación parlamentarias, en tanto que sus conclusiones no son vinculantes en ningún ámbito, ni en el judicial ni en el de gestión pública. Pero es más que evidente el destino de aquellas dedicadas a averiguar cómo se utilizan las cloacas del Estado para acabar con el independentismo: todas acaban en el desagüe. Para entenderlo, hay que hacer un repaso histórico (muy reciente) de las comisiones que ha habido al Congreso durante los últimos años, qué ha pasado y qué consecuencias ha habido.
La semana pasada se constituyó en la sala Constitucional de la cámara baja la segunda comisión sobre aspectos relacionados con la Operación Catalunya que se celebra en la institución. La primera tuvo lugar en 2017, cuando todavía gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Comparecieron en aquella comisión el exministro Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel De Alfonso, el exdirector adjunto operativo de la policía española Eugenio Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago y el exdirector general del CNP Ignacio Cosidó.
La comisión sirvió para lo siguiente: PSOE y Podemos —que en aquel momento se encontraban en la oposición— concluyeron junto con ERC, PDeCAT y PNV que el gobierno del PP espió políticos de otras formaciones y que intentó que se investigaran sus casos de corrupción buscando trapos sucios de rivales políticos. Fuentes Gago, por ejemplo, reconoció que había viajado a Suiza para comprobar si Xavier Trias tenía allí una cuenta bancaria. Pero, mira por dónde, la comisión de investigación no tuvo consecuencias: la intención de Podemos, ERC y PDeCAT de trasladar estas conclusiones a la Fiscalía no prosperó. De la misma manera, tampoco prosperó la retirada de condecoraciones a los mandos policiales implicados en la policía política.
El apartado de conclusiones también fue motivo de decepción dos años después. En 2019, el Congreso dio por acabada la comisión parlamentaria que investigaba la financiación ilegal por parte del PP. No solo no pasó por allí Mariano Rajoy a causa de un acuerdo entre populares y socialistas. Si no que, además, los grupos parlamentarios no se pusieron de acuerdo y fueron incapaces de elaborar de forma conjunta unas conclusiones.
La Operación Catalunya, no; la Kitchen, sí
A finales del 2020 se impulsó una nueva comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar la operación Kitchen. En esa sí que participó el expresidente Rajoy, que basó sus intervenciones en negar ninguna relación suya con José Manuel Villarejo y en defender la inocencia del Ministerio del Interior cuando estaba en manos de Jorge Fernández Díaz. Las conclusiones fueron que el PP ordenó una trama parapolicial de espionaje a su extesorero Luis Bárcenas, y que Rajoy y María Dolores de Cospedal tenían conocimiento de eso. Las investigaciones sobre la trama Kitchen, en definitiva, no molestan tanto al Estado, porque la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, pide ahora 15 años de prisión para Fernández Díaz por este caso.
Nada que ver con la Operación Catalunya. Algunos medios ponían el grito en el cielo el pasado mes de febrero cuando informaban que, por muy sorprendente que parezca, después de tantos años un juez investigará por primera vez un caso relacionado con esta operación: el espionaje a Sandro Rosell para apartarlo de la presidencia del Barça. No fue exactamente el primer caso, ya que anteriormente ya se había condenado a Eugenio Pino a un año de prisión por intentar adulterar el caso Pujol. Pero, de todos modos, se ponía de manifiesto el poco interés que tiene el Estado en averiguar la trama de la Operación Catalunya.
Esta misma filosofía se ha puesto de manifiesto también estas últimas semanas (o meses). Ha pasado ya medio año desde que el Congreso aprobó sacar adelante una nueva comisión de investigación sobre la Operación Catalunya. Pero ha tardado más de medio año en constituirse, ya que al PSOE le han venido las prisas para sacarla adelante y utilizarla como cortina de humo cuando estallaba un caso de corrupción relacionado con un diputado socialista, el 'Tito Berni', que ya ha sido expulsado. Además, las intenciones del partido que gobierna España son bien claras: nulo interés en la Operación Catalunya, una cuestión que pretende diluir en una comisión que se centre en aspectos sobre la Kitchen. Es decir, hacer un uso electoral contra el PP. Los socialistas ya presentaron en septiembre de 2022 una enmienda para que la comisión se centrara exclusivamente al mandato del PP.
Para más inri, este jueves la comisión de investigación no fue capaz de poner en marcha sus motores presentando una lista definitiva de comparecientes. El PSOE exigió a los grupos que no fueran a comparecer personajes de la órbita socialista. No hubo acuerdo entre los socios de gobierno, ya que Podemos era más defensor de las listas que se habían presentado desde el independentismo. Ahora, la vista está fijada en el 18 de abril, día en que los grupos se tienen que volver a reunir e intentar, otra vez, presentar una lista de nombres de comparecientes definitiva.