Es una película que se repite los primeros meses de cada legislatura y que ha tenido siempre el mismo desenlace. Desde 2016, el PNV está intentando reformar la ley de secretos oficiales con el objetivo, entre otros, de fijar un plazo máximo de 25 años (prorrogables 10 años más) para desclasificar documentos secretos, pero se ha encontrado remando demasiado solo y la ley ha caído repetidamente en saco roto. Este martes el Congreso de los Diputados debatirá, de nuevo, la toma en consideración de la proposición de ley y los de Aitor Esteban confían que la quinta sea la buena. No olvidemos que la actual ley fecha de 1968, habla del Consejo Nacional del Movimiento y lleva la firma de Francisco Franco.
El redactado que se debatirá es idéntico al que ha registrado al PNV desde la undécima legislatura, un texto que, mayoritariamente, la Cámara Baja ha aceptado estudiar, pero que nunca ha fructificado. La propuesta se ha llegado a debatir en tres ocasiones y en todos los casos (con diferentes aritméticas) ha superado su primer examen parlamentario (el PSOE ha votado siempre a favor, mientras que el PP empezó rechazándola y se ha abstenido en las otras dos votaciones). A pesar de eso, la ley nunca ha llegado a ir más allá de las enmiendas y ha acabado muriendo arrinconada en un cajón. En esta ocasión, tanto PP como PSOE cuentan mantener el mismo sentido del voto que hace cuatro años, cuando los populares se abstuvieron y los socialistas lo apoyaron. Eso, al menos, es lo que apuntan fuentes de ambas formaciones en ElNacional.cat horas antes de la votación. Será el primer paso del camino.
¿Qué pide el PNV?
La principal novedad del texto del PNV es que la nueva ley fijaría un tiempo máximo de clasificación de 25 años para las materias secretas y de 10 años para las reservadas. En el caso de las secretas, añade que el Consejo de Ministros podría aprobar una “prórroga excepcional y motivada” de 10 años más. Asimismo, establece que, cuando la ley entre en vigor, las materias clasificadas que hayan cumplido los plazos de vigencia quedarán inmediatamente desclasificadas. Eso afectaría, por ejemplo, los documentos relativos al 23-F o a los GAL. Además, el PNV quiere reconocer que el “papel de control político” es de las Cortes Generales, disponer que una materia clasificada quede desclasificada si el Congreso o el Senado acceden a ella en “sesión no secreta” y fijar que la clasificación quedará cancelada “automáticamente” cuando venza el plazo.
El último intento: 112 prórrogas del plazo de enmiendas
No es la primera vez que el Congreso acoge un debate sobre la propuesta jeltzale. En el último pleno que se abordó esta cuestión, en junio de 2020, Aitor Esteban esgrimió que uno de los grandes problemas de la actual ley es que “no hay ninguna fórmula ni se explicita ningún mecanismo para la desclasificación de documentos”. Por eso, ante la “desidia a la hora de desclasificarlos”, el PNV reclamaba acabar con una práctica que tildó de “abusiva y generalizada”. Los partidos independentistas catalanes dieron un apoyo rotundo. Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts, consideró que la propuesta del PNV era “de un sentido común absoluto”, aunque suponía “una adaptación muy moderada”, y Carolina Telechea, de ERC, reclamó que la reforma era urgente “por razones de salud democrática”.
El PSOE también se alineó con el PNV. La intervención de Andrea Fernández daba pie a pensar que los socialistas facilitarían la tramitación y la posterior aprobación de la ley, aunque, finalmente, no fue así. La diputada del PSOE sostuvo que, ante una ley, como la actual, “poco operativa”, había que dar “un paso adelante” para conseguir una legislación “actualizada, rigurosa y garantista” para “reducir al máximo los espacios de opacidad”. E incluso el PP la veía con buenos ojos: “En esencia es conveniente para nuestra democracia, pero es incompleta para situarnos a la altura de los países más evolucionados democráticamente”, proclamó el diputado Miguel Ángel Jerez.
Ahora bien, a pesar de las buenas palabras de Andrea Fernández, entre septiembre de 2020 y mayo de 2023, la proposición de ley encadenó 112 prórrogas del plazo de enmiendas, cosa que imposibilitó que el texto se pudiera volver a debatir y se pudieran llegar a estudiar y discutir las propuestas de modificación de los grupos parlamentarios. El PSOE lo impidió. La ley ya se había debatido (y tomado en consideración) en abril de 2016 y en noviembre de 2016, pero también había quedado bloqueada. En junio del 2019 el PNV también la registró, pero no llegó al pleno a causa de la repetición electoral.
La Moncloa se había comprometido a impulsar una ley propia sobre información clasificada
La propuesta del PNV no fue la única que estuvo sobre la mesa la pasada legislatura. Y es que uno de los argumentos que usaba el PSOE hace meses para no abordar la proposición de ley de los jeltzales es que el Gobierno también tenía la voluntad de impulsar una reforma legislativa de estas características. Fue un compromiso que Pedro Sánchez asumió en mayo de 2022, como respuesta al caso Pegasus, y que empezó a cristalizar en agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de información clasificada. A pesar de ello, el texto no llegó a enviarse al Congreso. El redactado original pretendía implantar cuatro categorías de protección a la hora de situar los plazos para desclasificar la información: alto secreto (50 años, prorrogables 15 más), secreto (40 años, con una posible prórroga de 10), confidencial (entre 7 y 10 años) y restringido (de 4 a 6 años). El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, argumentó en aquel momento que estos plazos, que generaron malestar en Unidas Podemos y en los socios parlamentarios, eran “razonables” e iban “en la línea de los países de nuestro entorno y de democracias avanzadas”. Asimismo, la propuesta del Gobierno establecía que la desclasificación de la información clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley recaería en el Consejo de Ministros o en la autoridad competente y que se podría hacer de oficio o a “petición razonada” de una persona “directamente afectada” y con razones que lo justificaran.
Sin embargo, en febrero de 2023, el Gobierno asumió que no quedaba tiempo para tramitar la ley antes de las elecciones y, finalmente, el adelanto electoral restañó cualquier esperanza que pudiera salir adelante. El compromiso de la Moncloa con este asunto, por lo menos verbal, se remonta a los inicios del gobierno de coalición. El Plan Anual Normativo de 2020, el documento que aprueba cada año el Consejo de Ministros con el listado de leyes que quiere impulsar, incluía una ley nueva sobre secretos oficiales. Este compromiso desapareció en 2021 y volvió a quedar plasmado en 2022 y en 2023: el ejecutivo hablaba de la ley de información clasificada y argüía que, como la actual normativa había quedado “desfasada”, era “imprescindible” impulsar una “reforma estructural”.
De las “buenas intenciones” al BOE
Este martes la iniciativa del PNV superará, de nuevo, su primer examen parlamentario. Posteriormente, se volverá a abrir el plazo de enmiendas y los grupos podrán presentar sus propuestas para modificar el texto. Siguiendo este camino, la reforma de la ley de secretos oficiales volverá a llegar al momento esencial: debatir su contenido en la ponencia y en la comisión para permitir que, con los retoques que se consideren necesarios y después de su paso preceptivo por el Senado, la modificación de una ley franquista llegue al Boletín Oficial del Estado después de ocho años de intentos fallidos y en pleno siglo XXI. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo buena la conclusión que expresó Aitor Esteban en junio de 2020: “Hemos visto muy buenas intenciones, votos favorables, pero de la toma en consideración no hemos pasado. Y este es un tema urgente”. Ahora empieza una nueva oportunidad para poner a prueba las buenas intenciones de todos los actores implicados.