La desjudicialización del procés de independencia de Catalunya era uno de los acuerdos de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán, a mediados de 2021, aunque sin detallar las acciones. La concesión de los indultos parciales a los 9 presos políticos, después de haber estado unos tres años en la prisión, aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de junio de 2021, provocó muchas críticas de los partidos unionistas y del Tribunal Supremo, que los condenó a penas de entre 9 a 13 años de prisión. Con los líderes independentistas catalanes en la calle, a pesar de que seguían inhabilitados para ocupar cargos públicos, Pedro Sánchez consiguió desmovilizar las calles en Catalunya, hasta la actual división del independentismo, e incluso Junts salió del Govern. No fue hasta un año y medio después, en diciembre de 2022, que el PSOE llegó a un acuerdo con Podemos y ERC para modificar el Código Penal, con el cual se derogó el delito de sedición y se modificó el delito de malversación de fondos. El presidente español cedió, sobre todo, por la presión del Tribunal Supremo, ya que hacía tambalear los indultos. Este cambio, sin embargo, no ha beneficiado a los políticos en el exilio ni tampoco a activistas represaliados, que Òmnium Cultural elevó a 4.200 el verano del 2022.
El Gobierno, además, se ha vanagloriado siempre que ha podido de que traería el president Carles Puigdemont ante la justicia. Precisamente, Puigdemont ha aprovechado el inicio de la campaña del 23-J para recordar que continúa incumplida una de las promesas electorales hechas en abril de 2019 por el candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, de traer el president de la Generalitat en el exilio a España. Además, el presidente del Gobierno aseguró que con la reforma del Código Penal, y la desaparición de la sedición, sería más fácil de extraditar al líder catalán. La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que valida la retirada de la inmunidad de los tres europarlamentarios de Junts, es un paso, aunque la resolución no es firme, y ahora presentarán recurso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y Bélgica volverá a tener la voz final para descoyuntar esta persecución, iniciada el otoño del 2017.
Motivado por los tribunales
Después de los indultos, el empuje que recibió Pedro Sánchez para desjudicializar la causa catalana fue, nuevamente del alto tribunal español, con el peligro de que los líderes catalanes volvieran a la prisión. De forma excepcional, en mayo de 2022 la sección 5.ª de la sala tercera del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, estimó, por una justa mayoría (3 votos a favor y 2 en contra), los recursos de reposición que presentaron Cs, el PP, VOX y de políticos individuales, como el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, contra los reales decretos con los cuales se indultaron las penas de prisión a los 9 condenados catalanes por malversación de fondos y sedición. El Supremo cambió su opinión, y su jurisprudencia, ya que en enero de 2022 también por uno ajustado 3 a 2 inadmitió todos los recursos, siguiendo la opinión de la Abogacía del Estado, al considerar que los partidos políticos no estaban legitimados porque no tenían ningún perjuicio con los indultos.
Ante este peligro que el Supremo tumbara los indultos, el Gobierno y el Govern, con el president Pere Aragonès, reactivan la mesa de negociación, a pesar de las dificultades expresadas en julio de 2022. "El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización", se afirmaba en un documento oficial y se detallaba que trabajarían tres puntos genéricos: "el refuerzo de los derechos fundamentales"; "el compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos", y "la apuesta por avances graduales y concretos sobre la base de acuerdos públicos".
La malversación agravada
Finalmente, los grupos del PSOE, Podemos y ERC anunciaron un acuerdo para reformar el Código Penal y hacer desaparecer el delito de sedición, con la reforma aprobada en diciembre de 2022, en el Congreso de los Diputados. Y a última hora, ERC y el PSOE anunciaron una reforma del delito de malversación de fondos, con la introducción de una malversación menos grave para incluir el gasto del 1-O y aliviar las posibles condenas a excargos del Govern y empresarios pendientes de juzgar por el procés como la cuarentena de investigados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, cuyo juicio no se espera hasta el año que viene. Esta reforma, sin embargo, por ahora solo ha blindado la situación de los presos políticos, aunque con la actualización de la condena, el Supremo les mantiene las penas de inhabilitación. Y nada ha mejorado para el exilio ni a los activistas represaliados, con la reforma del delito de desórdenes públicos.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo un decreto para unificar criterios de actuación después de la reforma de los delitos de malversación por la Ley orgánica 14/2022. En el decreto, el fiscal general afirma que se puede acusar de malversación agravada a los acusados de desvío de dinero público y sin que haya ánimo de lucro o enriquecimiento personal. Es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE) comparte el criterio del juez Pablo Llarena y los fiscales del Supremo, que apuestan por acusar a los líderes del 1-O de malversación agravada, que puede implicar penas de prisión de hasta 12 años de prisión.
El Estado español, a través de la Abogacía del Estado, pedía que se acusara a los líderes catalanes por el nuevo delito de desórdenes públicos y por una malversación atenuada, hecho negado por el Tribunal Supremo, en la revisión de las condenas a los presos políticos, y les mantiene la inhabilitación por malversación agravada. El estamento judicial —que se ha mostrado como un contrincante político de Sánchez con respecto al procés— ha interpretado la reforma penal al revés del programado por los políticos: la sala de lo penal del Supremo ha aprobado que Carles Puigdemont, Toni Comin y Lluís Puig sean procesados por malversación agravada, y Clara Ponsatí, por desobediencia.
Además, esta lectura del alto tribunal español y la Fiscalía implica que los excargos pendientes de juzgar por el 1-O se les acuse de malversación agravada. Además, el febrero pasado, la Fiscalía Superior de Catalunya anunció que pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, actual diputado de ERC y presidente del Consejo Nacional de Esquerra, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos agravada, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
Juicios contra activistas
Y desde la sentencia del procés de octubre de 2019, no han parado de haber juicios contra ciudadanos, la mayoría jóvenes, que se manifestaron contra la represión del Estado español, a los cuales no les ha servido de nada la reforma de los desórdenes públicos, ya que a la mayoría se les aplica el antiguo Código Penal. Los tribunales han ido rectificando las elevadas peticiones de prisión para activistas de la Fiscalía, aunque algunos, como Adrian Sas y Dani Gallardo, están a la espera de los últimos recursos para evitar la entrada a prisión.
En este contexto, en julio del año pasado, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, anunció que habían calculado 4.200 represaliados: 1.639 son víctimas de violencia policial; 1.432 personas investigadas en procesos penales, 1.200 personas afectadas por procesos administrativos contables, más "las 65 personas espiadas por el Estado Español" a través del software Pegasus. El único apoyo de los activistas anónimos que cada mes van a juicio por desórdenes públicos han sido otros ciudadanos anónimos y organizaciones como Alerta Solidaria, en su defensa, y desde la Caja de Solidaridad, con el pago de su defensa letrada o aportación de fianzas y multas. Para ellos no ha llegado la desjudicialización.
En la foto principal, Oriol Junqueras saluda Pedro Sánchez al obtener el acta de diputado, en el Congreso, el mayo de 2019. / Foto: Eduardo Parra / EP