A los 7 detenidos de los CDR que se han trasladado a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional acusados de terrorismo, tenencia de explosivos y rebelión no se les ha aplicado la ley antiterrorista. La legislación determina que por los delitos de terrorismo hay que aplicar un régimen especial. A los detenidos se los incomunica, no tienen derecho a un abogado hasta 48 h después de las detenciones y los investiga la Audiencia Nacional.

De estos requisitos sólo se ha aplicado uno, la declaración en la Audiencia Nacional, que será el jueves, según fuentes de la Guardia Civil en Madrid.

Aunque no se aplica la ley antiterrorista tampoco se están garantizando el derecho a defensa de los detenidos, según denuncian los abogados de Alerta Solidària. Los abogados no han podido hablar todavía con los acusados y ya hace más de 24 horas de la detención. Las defensas también denuncian que se está vulnerando el secreto de sumario, ya que se están dando detalles y filtrando en algunos medios, cuando los abogados ni tan sólo han tenido acceso a sus clientes.

La policía trasladó ayer 7 de los 9 detenidos. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos por terrorismo después de declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia en Barcelona. El resto, a pesar de estar acusados por terrorismo y haber sido trasladados a Madrid, no se les ha aplicado el régimen pertinente. Ahora mismo están en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Estarán hasta el jueves. Aquí la policía los interrogará pero lo hará como a unos detenidos comunes porque no están incomunicados.

Aunque la ley antiterrorista sobre los detenidos no es de aplicación inmediata, y que se acostumbra a utilizar para generar tensión y temor a los arrestados, el Ministerio del Interior tampoco activó ningún protocolo terrorista ni antes, ni durante ni después del operativo.

La alerta sigue siendo la misma. Está en nivel 4. Según las explicaciones tanto de la Guardia Civil como de la Fiscalía, se da a entender que la amenaza de atentado es inminente, pero en cambio Interior no convocó la Mesa de Valoración de la Amenaza. Tampoco se convocó el pacto antiterrorista.

La Audiencia Nacional espera a los detenidos el jueves y no parece probable que las detenciones se alarguen 48 horas más, hasta los cinco días, como prevé también la ley antiterrorista.

Todo hace suponer que la acusación es débil y que necesitan "tiempo para construir" el relato según los abogados.

Terrorismo de titulares

La acusación de terrorismo ha llevado a diseñar un dispositivo espectacular y unos argumentos de máximos de la Fiscalía, pero a la hora de la verdad, el caso podría quedar como el de Tamara Carrasco y el de Adrià Carrasco: en un delito de desórdenes públicos.

En la práctica, nada hace pensar que haya pruebas firmes para demostrar que los 9 detenidos eran un grupo terrorista catalán para la secesión como asegura la Fiscalía. Habría alguna conversación telefónica que habría precipitado la operación, pero poca cosa más. La Audiencia Nacional, con el mismo juez que en abril del 2018 dirigió la operación contra los CDR que quedó en nada, espera poder demostrar que hay detrás de los CDR y de la supuesta respuesta a la sentencia. Pero, de momento, dos de los detenidos se quedaron ayer en Barcelona. Con cargos, pero libres.

Sobre el papel, sin embargo, si se trata de un dispositivo antiterrorista tendría que tener todas las garantías, que de momento no se están dando.

No es la primera vez que se vincula los CDR con el terrorismo. Aparte del caso Tamara y Adrià, en el sumario del juicio en el procés había un informe de la Guardia Civil donde se vinculaba a los CDR con el terrorismo de Terra Lliure y ya se apuntaba a una posible rebelión a partir de la violencia de este movimiento activista. Con respecto a las acusaciones de rebelión de los 9 detenidos, nuevamente se imputa el delito sin el alzamiento necesario.

El dispositivo

El juez de instrucción número 6, Manuel María García-Castellón García-Lomas, ha hecho detener a nueve personas y ha ordenado diez cacheos en Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló y Sant Fost de Campsentelles.

Ayer a media tarde, después de interrogar a dos de los detenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona, la policía dejó en libertad con cargos por un delito de terrorismo a dos de los arrestados. El resto fueron directos en Madrid.

Los registros duraron más de 15 horas. El último se acabó sobre las ocho y media de la noche, cuando la Guardia Civil se llevó de la calle Antoni Cusidó, de Sabadell, al último detenido. De su casa se llevaron una caja y un arco y unas flechas. Habían entrado poco antes de las cuatro de la tarde para hacer un cacheo con los Tedax y la unidad canina.

Los detenidos están acusados de terrorismo, tenencia de explosivos y rebelión. La Fiscalía avala la acusación y concreta que los detenidos preveían hacer explosivos para las movilizaciones entre el 1-O y el anuncio de la sentencia. Y califica a los arrestados de grupo terrorista catalán para la secesión.