Más detenciones. La policía española ha detenido dos cargos políticos del gobierno socialista del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, que estarían relacionados con el caso de corrupción destapado hoy y que es una pieza de la caus abierta en el 2020 en el Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), donde hay una decena de investigados, como la alcaldesa, y actual presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín. Se trataría de un exconcejal de Deportes y del teniente de alcalde de Economía, Sergio Fernández Mesa. Agentes de la UDEF han registrado toda la mañana dependencias municipales y el Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat, ordenadas por el titular del juzgado de instrucción 4 de Cornellà de Llobregat, en esta causa abierta por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude en la administración pública. Además de los dos cargos políticos, se han detenido nueve técnicos, relacionados con el área de Deportes. De los once detenidos, cuatro pasarán a disposición judicial próximamente y el resto quedarán en libertad con cargos, según informa el gabinete de prensa del TSJC.
Con esta actuación se intenta averiguar si hay un contrato de servicios supuestamente "falso" entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), a través del cual el ayuntamiento desde el 2018 le pagaba el sueldo de los árbitros a un precio superior del real, y parte de este dinero podría haber sido desviado, según fuentes de la UDEF. El contrato fijado en tres años de servicio, del 2018 en el 2020, tenía un gasto de 89.222 euros. El titular del juzgado de instrucción 4 de Cornellà ha abierto la investigación por los delitos de malversación de fondos y prevaricación, después de unos documentos que se encontraron en los registros del 2020 del Consell Esportiu de L'Hospitalet, entidad privada que recibe fondos públicos, del consistorio y también de la Generalitat. También se indica que en el caso de L'Hospitalet se descubrió una línea de crédito de 25.000 euros y un aval de 3.680 euros, que se habrían pedido sin la aprobación de la comisión directiva del Consell Esportiu de L'Hospitalet para dar el servicio a Cornellà.
Comisión del 10%
En concreto, se indica que los mismos funcionarios de L'Hospitalet investigados habrían favorecido la contratación de la propuesta del Ayuntamiento de Cornellà. El Consell Esportiu del Baix Llobregat gestiona la liga que el ayuntamiento lleva a cabo en los polideportivos del municipio. El actual presidente del Consell Esportiu del Baix Llobregat y exjefe d'Esports de Cornellà, Salvador Valls, habría participado en este contrato ahora bajo sospecha, según fuentes próximas a la investigación.
En la causa de L'Hospitalet, los principales acusados son el actual teniente de alcalde de Urbanismo y primer secretario del PSC, Cristian Alcázar Esteban, y Eduard Galí, director del CELH. A los dos se los investiga para presentar ante notario un acta supuestamente falsa de la comisión directiva del consejo.
Ahora, la Udef precisa que con esta acta Alcázar se arrogó facultades para pedir una póliza de crédito de 25.000 euros, que gestionó junto con Horacio Álvarez, entonces secretario del CELH. El aval bancario de 3.686 euros se cargaba al ayuntamiento de Cornellà, en concepto por la tramitación del contrato de arbitrajes durante cuatro años y prorrogables dos años más. Además, se detalla que este aval es el que se exigió a Cornellà para poder ofrecerle el servicio des del CELH. La policía añade que Galí fue quién llevó las gestiones de trámite con el ayuntamiento de Cornellà para la adjudicación del contrato, así como con la entidad bancaria, descubierto por sus correos electrónicos. La policía sostiene que "existen dudas razonables sobre la efectiva prestación del servicio contratado por el ayuntamiento de Cornellà". Y se afirma que se creó "una figura instrumental" y por parte del ayuntamiento de Cornellà se desviaba al CELH un 10% del beneficio, que califica de "mordida" de 683 euros. Es decir, Cornellà pagaba el servicio de árbitros al CELH y a este le quedaba un beneficio del 10%, "no recogido en el contrato", según la policía.
Comunicado
El Ayuntamiento de Cornellà ha emitido un comunicado, esta tarde, en el cual asegura que “mantiene la máxima tranquilidad” respecto de la acción judicial de hoy, porque considera que “los mencionados contratos se tramitaron y aprobaron de acuerdo con el procedimiento legal establecido”. Detalla que a las nueve menos cuarto de la mañana agentes de la Udef con la comitiva judicial han requerido al consistorio documentación relacionada con la contratación del servicio de arbitraje deportivo al Consell Esportiu de L'Hospitalet, y ha registrado los expedientes administrativos y dispositivos informáticos del departamento de Deportes del ayuntamiento. En este sentido, señala que los expedientes de contratación objeto de investigación ya fueron entregados el mes de octubre de 2020 por orden judicial, en el marco de esta misma causa.
El consistorio añade que “se muestra plenamente convencido de la honestidad de las personas vinculadas con el Ayuntamiento de Cornellà investigadas en esta causa y confía en el hecho que el procedimiento confirmará su inocencia”. E insiste que en defensa de la integridad y la reputación de la institución y de su personal, reafirma una vez más su total voluntad de cooperación con la investigación judicial para un rápido esclarecimiento de la situación".
El año pasado, la alcaldesa Marín negó saber nada de estas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet.