La comisión de estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Catalunya sigue revelando la magnitud de la desinversión crónica que sufre el país. El órgano se ha vuelto a reunir este martes en el Parlament con la comparecencia de Albert Carreras, doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático de historia e instituciones económicas por la Universidad Pompeu Fabra, quien ha compartido algunas cifras que han sorprendido incluso a los representantes políticos. El mismo diputado de Junts, Joan Canadell, ha reconocido su estupefacción. "Cada vez que viene alguien a intervenir a la comisión nos escandalizamos, y hoy no me lo esperaba, pero me he escandalizado todavía más que otros días".

Carreras ha centrado su ponencia a cifrar lo que ha llamado el "déficit social" del Estado hacia Catalunya, es decir las carencias del gobierno central en materia del estado del bienestar. Una disyuntiva que empieza desde el primer momento, ya que, según el experto, la incipiente autonomía catalana ya sufrió un "problema inicial de traspasos mal financiados". Así, Catalunya recibió la dotación de capital por parte del Estado en unas condiciones insuficientes, "muy lejos de lo que la población aspiraba para ser atendida", en materia de hospitales, escuelas, comisarías, prisiones y juzgados, que incluso se arrastra hasta hoy porque muchos de los grandes centros hospitalarios de la seguridad social "siguen siendo de titularidad del Estado". El intento de hacer efectivo su traspaso a la Generalitat fue "parado" por el último gobierno del Partido Popular.

El protagonismo lo ha tomado entonces un informe de la Comisión Europea presentado en el 2016, y con una segunda edición del 2020, que recogía el índice de progreso social para todas las regiones europeas, un cálculo que analiza una cincuentena de datos, pero ninguna de ellas directamente económica. Sus conclusiones retratan el resultado del gasto público, y el estudio permite "ratificar la existencia del déficit fiscal catalán". Con la mirada puesta solo sobre las diferentes comunidades del Estado, Carreras resalta que las dos regiones forales (el País Vasco y Navarra) acaban primeras a la clasificación, "a muchos caballos de distancia" del resto. Una tabla, sin embargo, que incluye un dato "espectacular": Catalunya, cuarta región en PIB per cápita, es docena en el índice de progreso social y en recursos públicos per cápita. El resultado, además, no es casual porque se mantiene tanto en las ediciones del 2016 como del 2020. Además, ha querido desmentir las voces que responsabilizan del Govern catalán esta situación. "Eso demuestra el déficit fiscal, es una foto del déficit fiscal, porque depende de los recursos estar mejor o peor".

Partiendo de este estudio, el experto en materia económica extrapola su resultado para ver cómo podría mejorar el estado del bienestar si se respetara el principio de ordinalitat con respecto a la disponibilidad de recursos públicos, a diferencia de aquello que hace el Estado. Como Catalunya es cuarto en PIB per cápita, también tendría que ocupar esta posición en recursos públicos per cápita, una posición que ocupa Castilla y León. Comparando los dos territorios, Carreras explica que este territorio recibe 2.965 euros por habitante, por delante de los 2.519 euros en Catalunya. La diferencia de 446 euros multiplicada por los 7,7 millones de catalanes resulta en un déficit de 3.434 millones de euros solo en 2020. "No es poca cosa", dice el experto. Y, como no es lo mismo vivir en un lugar con un bajo coste de vida que en un lugar con precios elevados, Carreras se ha deshecho del "tabú" que normalmente evita incluir este dato en los cálculos del Estado. Con esta disparidad en mente, la inversión de recursos públicos del Estado en Castellano y León equivaldría a 3.408 euros per cápita, mientras que en Catalunya bajaría hasta 2.263. La diferencia aumentaría así hasta 1.145 euros por habitante, o 8.816 millones, contando la totalidad de la población catalana.

El déficit social, un 57% del déficit fiscal

Para reafirmarse en estos datos, el experto coge también un estudio de la Generalitat de 2018 que comparaba Catalunya con el País Vasco y cifraba en 9.107 millones la diferencia entre aquello que invertía el Govern catalán y aquello que podría invertir si se encontrara en el nivel del gobierno vasco. "Este dato representaba en aquel año el 57% del déficit fiscal estimado", de manera que "una parte muy importante" del déficit fiscal es precisamente el gasto social, según Carreras. El anuncio por parte del conseller de Economía, Jaume Giró, de hace solo unas semanas, en qué revelaba que en el 2019 el déficit fiscal con el Estado había estado de 20.196 millones de euros, significaría que el déficit social de aquel año habían llegado a situarse en 11.400 millones de euros, teniendo en cuenta el porcentaje mencionado por el experto.

Con eso en mente, una estimación de urgencia de la deuda social histórica es lo bastante fácil de hacer. "Proyectado hacia el pasado", dice Carreras, y teniendo en cuenta que el 8% de déficit fiscal se mantiene relativamente fijo con el paso de los años, solo hay que multiplicar estos 11.400 millones de euros por 40 años para llegar a la cifra de 456 millones durante las últimas cuatro décadas. Una cifra que tampoco varía mucho si se quiere entrar en detalle y tener en cuenta la variación de precios. El experto ha hecho "el juego" y observa que el déficit social de 1986, cifrado en 1.442 mil millones de euros, equivaldría a 11.234 millones de ahora. "Como podéis ver, se parece mucho a los 11,4 mil millones estimados hoy", mantiene Carreras. "Estos cálculos nos sitúan ante una cifra de la orden de unos 456 mil millones de euros en 40 años" concluye, calificándola de cantidad "estrepitosa". "Es Catalunya el que soporta el déficit y el endeudamiento del Estado sin disfrutar nunca".