Martes 8 de abril de 2014. Artur Mas gobierna Catalunya y acaba de aprobar los presupuestos de la Generalitat con la ERC de Oriol Junqueras. Convergentes y republicanos tienen 71 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta. Cuatro meses antes, el 12 de diciembre de 2013, CiU, ERC, Iniciativa y la CUP han anunciado la fecha y la pregunta de la consulta del 9 de noviembre de 2014: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?”. Han llegado al acuerdo un año después de las elecciones de noviembre de 2012, convocadas anticipadamente por Artur Mas después del portazo de Mariano Rajoy al pacto fiscal. Las cuatro fuerzas soberanistas suman poco más de dos millones de votos y tienen 87 escaños. Un mes después de anunciar la pregunta, el Parlament aprueba llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para poder celebrar la consulta de forma acordada. Es una propuesta que recibe el apoyo de 87 diputados: los de CiU, ERC e Iniciativa y tres del PSC que rompen la disciplina de voto (Joan Ignasi Elena, Núria Ventura y Marina Geli). La CUP se abstiene alegando que no hay que pedir permiso.

La propuesta, con un artículo único de cuatro apartados, es clara: “Se delega a la Generalitat de Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya, en los términos que se acuerden con el gobierno del Estado”. Se apela al artículo 150.2 de la Constitución, que permite transferir o delegar competencias exclusivas del Estado, como la de autorizar la “convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”, establecida en el artículo 149.1. Ahora, una década más tarde, el presidente Pere Aragonès vuelve a poner encima de la mesa un precepto de la Carta Magna para poder celebrar un referéndum: en este caso, la vía prioritaria es el artículo 92, que fija que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Volvamos a 2014. Pasan tres meses, y la iniciativa de la cámara catalana llega a la Carrera de San Jerónimo: los encargados de defenderla son Jordi Turull (de CiU), Marta Rovira (de ERC) y Joan Herrera (de ICV-EUiA). Durante el debate, que se alarga casi siete horas, Mariano Rajoy defiende que la demanda del soberanismo no tiene cabida en la Constitución, mientras que los representantes del Parlament justifican su encaje legal y político. Finalmente, la propuesta se tumba por 47 votos a favor (CiU, IU, ICV-EUiA, CHA, el PNV, Amaiur, ERC, el BNG, Nueva Canarias, Compromís y Geroa Bai), 299 en contra (el PP, el PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias) y una abstención (Coalición Canaria). De aquel día, la enésima negativa del Estado a escuchar el soberanismo, ahora se cumplen diez años.

El soberanismo reivindica la consulta después de haberlo intentado “todo”

Los tres representantes del Parlament culparon al Estado de no ofrecer ninguna salida y ninguna solución a las demandas de Catalunya. Marta Rovira recordaba que el catalanismo político siempre ha buscado un “encaje amable y digno” y verbalizaba que, a pesar de “haberlo hecho todo”, tenía la sensación que en cada pacto se habían “perdido oportunidades y bienestar”. “Hay una sensación de fatiga, de haberlo intentado absolutamente todo para hacer posible un encaje cómodo para las dos partes”, añadía Jordi Turull, que reprochaba al PP que el Gobierno dijera a los catalanes que “su autogobierno, su lengua y sus instituciones avanzan hacia la residualidad”.

Joan Herrera apuntalaba el argumento y denunciaba que “la España que gobierna no entiende la realidad más plurinacional de toda Europa” y lamentaba que la cultura política del PP hacía que los catalanes no sintieran la Constitución “como propia”. “El país se nos derrite en las manos, no tenemos suficientes recursos, ni instrumentos, ni competencias, para ayudar a nuestros ciudadanos y no tenemos la sensación de tener un Estado de nuestro lado en estos momentos de tanta y tanta dificultad, sino que no nos aceptan ni cómo somos, ni cómo pensamos, ni cómo hablamos, ni cómo soñamos,” confesaba Marta Rovira.

 

Los tres abanderaron que consultar al pueblo de Catalunya sobre su futuro es “legal, posible, constitucional y necesario”. Jordi Turull reivindicó que la única manera de “saber con exactitud lo que conviene o no a los catalanes” es “preguntarlo a los catalanes” a través de un referéndum que “tiene cabida dentro de la Constitución”. Marta Rovira apeló a una negociación que tenía que pasar por “mucha voluntad política y muchos kilos de sensibilidad democrática” y aseveró que, mientras “desde siempre” el catalanismo político se ha sentado en la silla, en la otra se han encontrado “improperios, amenazas veladas e informes apocalípticos”. También recordó que la consulta serviría para que “los que nunca han defendido el derecho a votar de los catalanes”, como Alícia Sánchez Camacho (entonces presidenta del PP catalán), Albert Rivera (en aquel momento líder de Ciutadans) y Pere Navarro (que era el primer secretario del PSC), pudieran “escoger libremente su opción de votar no”.

En esta línea, Joan Herrera reclamó al Gobierno una respuesta “razonable, democrática y políticamente inteligente”, considerando que esta tendría que pasar por “canalizar la demanda, no negarla”. El líder de ICV apeló a un “deber democrático a sentarse a dialogar” y recriminó al PP que fuera “prisionero del anticatalanismo que ha sembrado durante tantos y tantos años”. “Han decidido hacer como si lloviera, pintar la petición como un capricho, decir que solo es el presidente Mas, sin entender que eso es mucho más plural y mucho más social de lo que ustedes pintan. Han decidido negar el problema para parapetarse en su percepción errónea de que todo es un suflé y aplican esta máxima tan propia de Rajoy, antes y hoy: lo más urgente es esperar”, exclamó.

 

Un aviso sobre lo que podía venir después

Era 2014. Hacía dos años de la primera manifestación independentista masiva el 11 de septiembre, faltaban seis meses para el 9N y Carles Puigdemont hacía tres años que era alcalde de Girona. Pero Jordi Turull ya hacía un aviso para navegantes: el soberanismo no desistiría si el Gobierno no se abría a negociar. “Impulsaremos otras vías legales y democráticas que permitirán al pueblo de Catalunya, cargado de razones, votar y decidir su futuro. El pueblo de Catalunya no se ha metido en un callejón sin salida, ha iniciado un camino pacífico y democrático sin retorno”, proclamó. “Somos conscientes de que tomaremos la decisión política más importando de nuestra historia reciente”, rubricó.

 

En paralelo, Joan Herrera situaba el Gobierno en la dicotomía entre una “solución democrática” y una “solución autoritaria”. Y advertía a Mariano Rajoy que “las soluciones autoritarias nunca son soluciones perdurables cuando hay una mayoría política y social que no aceptará esta solución”. “Pueden dilatar el debate, pero no lo podrán parar y, cómo más tiempo tarden, más difícil lo tendrán”, concluyó.

Un acuerdo transversal que unía CiU, ERC, Iniciativa y la CUP

Uno de los grandes valores de aquella propuesta era la transversalidad de las fuerzas políticas que la impulsaban: de CiU a ICV-EUiA, pasando por ERC y la CUP. Seis meses después, Artur Mas y David Fernández protagonizaron el célebre abrazo después de constatar que el 9N había sido un éxito. En el Congreso, también se puso de manifiesto este pluralismo. Jordi Turull subrayó que una mayoría de los catalanes, con “diferentes intensidades y matices”, habían llegado a la conclusión que así no se puede seguir. Y Joan Herrera puso de relieve la “pluralidad” de una “demanda democrática” que incluía buena parte del arco parlamentario: “Hoy se defiende desde los que gobiernan a Catalunya y desde los que ejercemos la oposición más beligerante”.

Un “referéndum consultivo” que “obligara” a convertir la “voluntad” en “realidad jurídica”

La proposición de ley impulsada por el Parlament de Catalunya defendía en la exposición de motivos que el principio democrático tenía que permitir que “la voluntad del pueblo de Catalunya” se pudiera expresar en un momento en el que “social e institucionalmente” había una “demanda mayoritaria e inequívoca” en este sentido. La consulta se planteaba como no vinculante, pero con la voluntad de que un resultado favorable tuviera “como consecuencia, por exigencia del propio principio democrático”, que “la voluntad expresada en las urnas” obligara a un “determinado comportamiento político del Estado y de la Generalitat”. Por lo tanto, en el horizonte, se quería “negociar de forma leal y sin dilaciones el proceso a seguir para convertir en realidad jurídica aquella voluntad”. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, lo explicaba en otras palabras: “Un referéndum que es jurídicamente consultivo, pero que, no nos engañemos, es políticamente vinculante”.

 

Rajoy rechaza ceder una “competencia intransferible” para una consulta que quiere “liquidar el régimen constitucional”

La respuesta de Mariano Rajoy fue la previsible: la negativa a cualquier vía para celebrar una consulta. “Esta cámara no puede aceptar que se les ceda una competencia intransferible para convocar un referéndum que tiene como objeto liquidar el régimen constitucional. El Estado puede autorizar o no un referéndum, pero no puede delegar en otros para que lo autoricen, y lo que tampoco está permitido es autorizar un referéndum con un propósito radicalmente contrario a la Constitución”, proclamó. Sobre las reivindicaciones democráticas del soberanismo, reconoció que “votar es un derecho democrático”, pero consideró que “no en cualquier sitio, ni de cualquier manera, ni sobre cualquier asunto” y esgrimió que hay cosas que “no cambian ni con manifestaciones ni con plebiscitos”. “La democracia no se entiende sin las urnas, pero las urnas no son suficientes para que un acto sea democrático. ¿Qué es lo que falta? Falta el respeto a la ley”, remachó.

Asimismo, sacó a pasear dos de los presuntos argumentos que en aquel momento hacían fortuna: “El derecho a decidir sobre su futuro político lo tiene el conjunto del pueblo español y no solo una parte de lo mismo” y, con la independencia, “Catalunya sería más pobre, saldría de Europa sine die, del euro, de la ONU y de los tratados internacionales”. “Lo que están ofreciendo es lo más parecido que se puede imaginar a la isla de Robinson Crusoe”, añadió. Y reprochó a los diputados del Parlament que quisieran “proclamar una soberanía que no existe porque la Constitución no la reconoce”.

 

Además, arguyó que la autodeterminación de Catalunya más “libre y auténtica” fue el referéndum de la Constitución de 1978, donde el 90% de los catalanes que votaron le dieron apoyo y “no consideraron que fuera una mordaza o un grillete, sino una garantía y una salvaguardia”. Y, al más puro estilo de «Los catalanas hacen cosas» (que triunfó, justamente, en la campaña electoral del 2012), intentó hacer una declaración de amor a Catalunya: “Amo a Catalunya como a las otras comunidades, no como una cosa simplemente entrañable, sino como una cosa propia. Valoro mucho lo que nos aporta su diversidad, lengua, cultura, espíritu emprendedor e innovador de los catalanes, amor en el trabajo, a la obra bien hecha”.

Rubalcaba se suma a los argumentos de Rajoy

Quien en aquel momento lideraba la oposición al Gobierno del PP era Alfredo Pérez Rubalcaba, el primer secretario del PSOE, que, en una época en la que los dos grandes partidos del régimen del 78 compartían la visión sobre Catalunya, planteó elementos parecidos a los que había defendido Rajoy. Argumentó que no se puede “preguntar a unos cuantos aquello que corresponde a todos” y subrayó que “nadie puede convocar un referéndum autonómico sobre un tema que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles”. Además, consideró que la vía del artículo 150.2 era “muy débil” y tenía “pocas vías de prosperar”, pero reconoció que ofrecía una ventaja: poder tener este debate. “No nos gustan los procesos que obligan a escoger entre ser catalán y ser español”, señaló.

“Es muy serio lo que pasa a Catalunya y nosotros estamos preocupados”. Ante este diagnóstico hecho por Rubalcaba, la propuesta del PSOE y del PSC era una reforma federal de la Constitución para resolver “alguno de los problemas de convivencia entre España y Catalunya” y con la voluntad de recoger “las aspiraciones y singularidades del pueblo de Catalunya”. La reforma incluía, por ejemplo, convertir el Senado en “cámara territorial” y fijar los principios básicos de un “sistema de financiación justo y solidario”. Rubalcaba hacía un último aviso: “Vale la pena transitar por esta solución, aunque solo sea porque el riesgo de no hacerlo es muy alto”.