Marisa Díaz asegura que la resolución del Tribunal Supremo no tendrá consecuencias en el régimen de semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y asegura que "continuará en el tercer grado", en declaraciones al 3/24. Ahora, habrá que ver qué decisión toma la Junta de Tratamiento que tiene encima de la mesa una resolución que no ha pasado por la Audiencia de Tarragona, mientras que el Supremo se considera con la potestad para tomar la decisión final. A pesar de todo, Díaz está convencida de que "a efectos prácticos no tendrá ninguna consecuencia porque ha resuelto una situación que ya no existía". Para entender su criterio, la abogada se remite al escrito de la Audiencia de Girona sobre el caso de Dolors Bassa, a quien también lleva la defensa.

En el caso de Bassa, el Ministerio Fiscal recurrió retirar las condiciones como presa que marca el 100.2 en la Audiencia de Girona, en vez de hacerlo en el Supremo. Esta mañana, en paralelo al caso de Forcadell, el magistrado de Girona ha dictado que es "estéril" tratar esta cuestión porque los condenados ya disponen del tercer grado. Díaz va en esta línea: "El Supremo ha cogido un recurso de apelación sobre una resolución que ya no tenía ningún efecto". Y por todo ello, considera que el sistema tiene "una gran falta de seguridad jurídica" y define de "surrealista" que dos órganos diferentes quieran cogerse, a la vez, competencias sobre la interpretación y la concesión del 100.2. A la vez, hay que recordar que el 100.2 es anterior al tercer grado.

Con respecto al Ministerio Fiscal, autor de cortar los sucesivos grados de ampliación de los presos, Díaz denuncia que las defensas de todos ellos están "en desigualdad de armas" respecto de las que dispone este Ministerio. Y recuerda que fue la misma fiscalía quien designó como órganos competentes las audiencias, también la de Tarragona en el caso de Forcadell: "Lo dijo el mismo Ministerio por criterio propio". Esta diferencia de situaciones entre Forcadell y Bassa también se podría replicar al resto de presos políticos. La misma abogada Díaz, que lleva los casos de las dos presas y también de Junqueras y Romeva, ha asegurado que le consta que la Audiencia de Barcelona emitirá "próximamente" sus resoluciones: "Me consta que ya les ha llegado y lo han valorado".