Más acusaciones contra jóvenes anónimos. La Audiencia de Lleida juzgará a dieciocho jóvenes, a quien la Fiscalía pide penas de entre 3 años y 5 meses y 8 años y 3 meses de prisión por haber participado en disturbios que se vivieron en la capital del Segrià -como otras ciudades, especialmente en Barcelona, Tarragona y Girona- la noche del 18 de octubre del 2019 en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, según ha informado este miércoles la ACN. La Fiscalía acusa a las 18 personas de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, mientras que a 11 de ellos les acusa también de un delito de daños con incendio y a uno le añade un delito de robo con fuerza.
El tribunal de la Audiencia de Lleida, que juzgará a los dieciocho acusados, todavía no ha señalado la fecha del juicio. La causa ha sido investigada por el titular del juzgado de instrucción 3 de Lleida, que ha solicitado a los abogados de los acusados que formulen ahora los escritos de defensa, y ha dictado la apertura del juicio oral contra los jóvenes.
La Generalitat ejerce de acusación
Además de las penas de prisión, el ministerio público solicita multas de 5.400 euros para 9 de ellos. En este caso, la Generalitat ejerce de acusación, aunque el Govern indicó que retiraría sus acusaciones siempre que no hubiera ningún agente de los Mossos o funcionario herido. En concreto, la letrada de la Generalitat solicita condenas de un año y medio de prisión para 16 de ellos por atentado contra la autoridad y dos años y medio de prisión y una multa de 3.600 euros para los otros dos, también acusados de daños.
Además, en el auto, el juez pide que los 18 acusados ingresen una fianza de 47.895 euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. De momento, la fiscalía pide que se indemnice con 6.852 euros a la Paeria por los contenedores quemados; a la parroquia Sant Francesc con 3.625 euros; al Obispado de Lleida o a la agrupación ilerdense de pesebristas con 1.422 euros por los daños en la capilla de Sant Jaume; a la entidad ONCE con 17.671,76 euros; a la tienda Party Fiesta con 3.829,65 euros, y a Caixabank con 6.685,10 por los daños en dos sucursales.
Asimismo, el ministerio público pide que se valore en sentencia la cantidad de otras indemnizaciones; concretamente por los daños ocasionados a vehículos policiales, en el edificio de la Paeria y en el edificio de la plaza Sant Francesc, por los daños en un vehículo municipal, en Banco Sabadell por los daños en unas oficinas y a 4 Mossos de Esquadra que resultaron heridos.
En prisión provisional
La Plataforma Anti-Represiva de Ponent recuerda que cuatro de los encausados estuvieron casi un mes en prisión provisional y que "no son los únicos represaliados de la semana postsentencia", sino que hay muchos más que están a la espera de los escritos de acusación y del juicio. En un comunicado, la Plataforma afirma que aquellos días fueron un "ejemplo de lucha a seguir, para plantar cara al Estado español y su represión feroz" y se ponen a disposición de los encausados para organizar una campaña de apoyo a todos ellos, sin distinciones, ya que "el Estado tampoco las hace a la hora de ejercer la represión contra aquellos que -indica- luchamos día tras día contra las injusticias y para conquistar nuestros derechos y libertades democráticas". Las protestas contra la sentencia del procés se apoderaron varias noches de las principales ciudades catalanas, donde se registraron bastantes destrozos y un centenar de personas detenidas. Los primeros juicios y condenas han estado en Girona.
En la foto principal, una calle de los alrededores de la plaza de Urquinaona de Barcelona, en las protestas del 18 de octubre de 2019. /Foto: Sergi Alcàzar