El jurista Josep Costa ha asegurado con ironía que, con respecto a Catalunya, el PSOE y el PP no son lo mismo. A su entender, mientras que el PP "insulta", el PSOE no lo hace pero "engaña", y eso hace que todo siempre siga igual en España. "Antes de que con la parafernalia de la campaña hagan ver que nos va la vida en ello: el PP nos insulta. El PSOE nos engaña. España no cambia. El PP es el atracador. El PSOE, un carterista. Los dos nos birlan la cartera. Unos nos indignarán, los otros nos harán sentir imbéciles", ha resumido.

Costa ha hecho la reflexión después de que este miércoles el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha publicado el decreto para unificar criterios de actuación después de la reforma de los delitos de malversación. En el decreto, el fiscal general afirma que se puede acusar de malversación agravada a los acusados de desvío de dinero público y sin que haya ánimo de lucro o enriquecimiento personal. Es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE) comparte el criterio del juez Pablo Llarena y los fiscales del Supremo, que apuestan por acusar a los líderes del 1-O de malversación agravada, que puede implicar penas de prisión de hasta 12 años de prisión. La Fiscalía General, que depende del gobierno Sánchez, ha adoptado este criterio, a pesar del acuerdo al que llegaron el PSOE y ERC sobre la malversación, que finalmente no ha servido de mucho.

La Fiscalía General del Estado ha informado que el decreto sobre la reforma de la malversación tiene "el acuerdo y las aportaciones" del teniente fiscal del Tribunal Supremo, los fiscales de la sala de lo penal del Supremo, el fiscal jefe de sala de Anticorrupción y la fiscal de sala jefe de la secretaría técnica. Es decir que es una instrucción consensuada y no impuesta, en que se interpreta la ley de forma muy estricta, y lejos de la interpretación de los legisladores, en este caso ERC y el PSOE.

En concreto, expone que el ánimo de lucro exigido por el nuevo delito de malversación "se apreciará en todos los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público para conseguir una ventaja o beneficio propio o ajeno de cualquier tipo". Por lo tanto, precisa que "el ánimo de lucro también se apreciará cuando el responsable del delito no persiga la obtención de una ventaja patrimonial o un incremento económico personal".

La interpretación de la Fiscalía General del Estado echa por el suelo los esfuerzos de ERC para reducir el castigo a los altos cargos acusados de la organización del 1-O pendientes de ser juzgados. En concreto, los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, son acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, que pueden implicar ahora elevadas penas de prisión. Los dos serán juzgados en el TSJC con la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que está procesada por desobediencia grave a autoridad judicial, que solo implica la pena de inhabilitación a cargo público. La Fiscalía Superior de Catalunya había pedido más tiempo para poder presentar el escrito de acusación, y ahora amparada por el decreto de la Fiscalía General del Estado, podrá acusarlos por la malversación agravada.