Los plenos del Parlament en esta nueva legislatura, donde el movimiento independentista ha perdido la mayoría, acostumbran a tratar habitualmente los mismos temas: el modelo de financiación, el precario estado de la lengua, el modelo de país con protagonismo para el Hard Rock, el desastroso sistema de Rodalies… Pero también hay otro elemento frecuente: los ataques continuos a la población inmigrante por parte de dos partidos que tienen representación en la cámara: Vox y Aliança Catalana, que no tiene grupo propio y forma parte del grupo mixto. Sus insultos hacia este colectivo, culpándolo constantemente, por ejemplo, de los problemas de seguridad, forman parte de la tónica habitual de cada jornada de pleno y en cada pregunta que formulan al president Salvador Illa o a cualquier conseller de su Govern hay presente esta pátina racista. No es una situación aislada, ni mucho menos, en el Parlament de Catalunya, sino que se da por toda Europa (empezando por el Congreso) y del mundo, enmarcado en este auge de los discursos de extrema derecha y de su desacomplejamiento, especialmente entre los chicos más jóvenes.

Desde que Josep Rull fue nombrado presidente de la cámara, una de sus urgencias era regular la lucha contra los discursos de odio que en ella se producen. La gran duda, que casi nueve meses más tarde todavía se mantiene, es: ¿cómo? Mientras no se resuelve esta incógnita, una de las medidas que ha tomado la Mesa ha sido dejar de cortar a los diputados. Por ejemplo, en noviembre del 2023, Vox presentó una moción sobre la "creciente islamización de Catalunya" y en su presentación, el diputado ultra Alberto Tarradas aseguró que con "su inconsciencia política, su multiculturalismo o su sustitución demográfica han abierto las puertas de Europa a un enemigo que amenaza con hacer caer los cimientos de nuestra civilización" o que el modo de vida de Catalunya esté "en peligro" y que el país sea la "capital europea del yihadismo". "Los dirigentes separatistas, solo para hacer que los catalanes no nos sentimos españoles y rascar cuatro votos han sido capaces de entregar los nuestras calles, barrios e identidad al islamismo", aseguraba Tarradas, cuando la entonces presidenta del Parlament, Anna Erra lo interrumpió instándolo a rectificar su discurso con una primera llamada al orden que se ignoró. Finalmente, le retiró la palabra: "Ha pronunciado un discurso de odio y de discriminación por origen. No permitiré discursos que lleveneste código de conducta", manifestó, mientras los diputados de Vox salían de la sala.

Meses más tarde que tuviera lugar esta situación, los seguidores de Vox, no solo en Catalunya sino por todo el Estado, recortaron el vídeo de la intervención de Terradas y lo compartieron en masa a través de las redes sociales, mostrando cómo la presidenta del Parlament le había retirado la palabra para señalar a los musulmanes. Fue el mismo Tarradas quien compartió el corte, que acumula en su cuenta unas 300.000 reproducciones y centenares de respuestas dándole apoyo.

En uno de sus primeros discursos en la cámara catalana después de ser elegida diputada, Sílvia Orriols, fue advertida (al acabar su discurso y no durante) por el presidente Rull: "La libertad de expresión no ampara el discurso de odio, lo que incite a la discriminación o a la violencia. Esta presidencia será totalmente escrupulosa a la hora de advertirle tantas veces como haga falta y si procede, tomar decisiones al respecto". Orriols sonreía desde su escaño. Como ya pasó en el caso de Tarradas, los seguidores de Aliança Catalana  cortaron el vídeo y lo colgaron a las redes, acusando a Rull de amenazar a su líder. Semanas más tarde, en este caso la misma Orriols colgó un vídeo a su perfil de X, donde está muy activa, denunciante que Rull la había interrumpido. En un debate sobre la sequía, Orriols aseguró que las prisiones llenaban las piscinas para que los "ladrones, violadores y asesinos puedan refrescarse". Rull la interrumpió en este momento pidiéndole que se asegurara a la hora de expresar sus opiniones en los términos de que lo acababa de hacer". "Yo le pediría que respetara la voluntad popular de los catalanes y que no interrumpiera los cargos electos", fue la respuesta. El vídeo a su perfil de Twitter cuenta con unas 100.000 reproducciones mientras que el número de ciudadanos que siguió el pleno de aquel día en el canal de Youtube del Parlament es irrisorio: unas 1500 personas. Desde entonces, Rull es una de las víctimas preferidas de los seguidores de Orriols, que lo acusan de limitarla.

No cortarlos para no alimentarlos

Si bien la voluntad de la Mesa siempre ha sido luchar contra estos discursos, explican desde fuentes parlamentarías, interrumpir y cortar a los diputados solo les daba alas y un clip para colgar a las redes sociales y "mostrar" cómo se limitaba su libertad de expresión en la cámara de la soberanía popular. Desde entonces, por ejemplo, Sílvia Orriols sigue colgando cada una de sus intervenciones en el Parlament, pero en ninguna de ellas, aunque siga atacando en la población migrante y muy especialmente a la musulmana, ningún miembro de la Mesa la interrumpe. "No los cortamos para no alimentarlos", resumen desde el Parlament. Josep Rull, eso sí, le advirtió en una ocasión que no podía señalar a una diputada, Najat Driouech d'ERC, por el hecho de llevar hiyab.

Durante estos meses, la Mesa ha seguido trabajando para comprobar cuál tiene que ser la nueva estrategia para luchar contra este tipo de discursos. Por ejemplo, recibió una delegación del parlamento del land alemán de Baden-Württemberg, donde la ultraderecha tiene presencia a través de seis diputados de Alternativa para Alemania, que han utilizado el parlamento como trampolín parar sus discursos racistas. Su sistema consiste precisamente en dejar acabar las intervenciones, sin interrumpirlas (cómo se hace ahora mismo a la cámara) para después analizarla, si así lo pide algún grupo parlamentario o de la Mesa en una comisión específica. También se reunieron con el exvicepresidente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el andorrano Josep Casadevall, un encuentro centrado en cómo tratar los discursos de odio sin entrar en colisión con la libertad de expresión. Es precisamente esta fina línea lo que complica poner los límites y el objetivo de la Mesa claro está: tomar decisiones firmes y que cuando esta nueva regla se aplique después no se pueda perder si los diputados deciden llevar el Parlament al TEDH. El órgano rector de la cámara también está en contacto con los letrados para ver cómo todo se puede regular en rango de ley a través de un acuerdo con los grupos parlamentarios.

Desde que se optó por esta nueva política desde la Mesa, aunque los diputados saben que pueden denunciar sus compañeros de hemiciclo ante la comisión del estatuto de los diputados cuándo consideren que han pronunciado un discurso de odio que puede ser un delito, no hay ninguno que lo haya hecho, ante este riesgo de perder ante los tribunales que protegen especialmente la libertad de expresión de los políticos.

"Inviolables por las opiniones que ejerzan"

Partiendo del hecho de que el Estatut ya recoge que "los miembros del Parlament son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo", la magistrada Laura Díaz Bueso en su artículo La Llibertat d'Expressió y sus límites apuntaba que "la función esencial de la libertad de expresión en el sistema democrático compuerta una consecuencia de lo más relevante: la prevalencia o la preferencia de esta libertad" y añadía que esta se produce cuando la libertad de expresión "puede afectar negativamente a otros espacios jurídicamente protegidos". Con todo, también recordaba que no hay derechos absolutos y este también tiene un límite: cuándo se hace referencia a la seguridad y el orden público, la salud moral o la reputación, los derechos al honor, la intimidad, la misma imagen o la protección de la infancia y la juventud. Así, ahora el Parlament busca las vías más efectivas para poder parar los discursos de odio sin que eso entre en colisión con la libertad de expresión. También teniendo en cuenta que esta, según recogió el TEDH en la sentencia del caso Handyside contra el Reino Unido, sobre la confiscación de un libro destinado a adolescentes que contenía escenas sexuales, la libertad de expresión no solo se valida "para las 'informaciones' o 'ideas' acogidas con favor o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieren, chocan o inquietan al Estado o a una fracción cualquiera de la población".

¿Qué es un discurso de odio?

También cabe tener en cuenta que no hay un consenso sobre cuál es la definición de un delito de odio, ya que estos siempre están abiertos a la interpretación. Con todo, normalmente se hace referencia al artículo 510 del Código Penal, que recoge que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses aquellos que "fomenten promuevan, inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte de lo mismo o contra una persona determinada en razón de su pertenencia". ¿Es lo que hacen los diputados de Vox o de Aliança Catalana, que se han declarado abiertamente islamófobos?

Multas por declaraciones contra colectivos

Mientras el Parlament sigue mediando cuál es la mejor manera de luchar contra este tipo de discursos y el resto de diputados no denuncian estas declaraciones, los líderes de Vox y Aliança Catalana ya han sido multados. Por un lado, Sílvia Orriols ha sido condenada a pagar 10.001 euros por unas declaraciones que hizo no al Parlament de Catalunya, sino en un plató de televisión, el de 8TV en marzo del 2022, cuando no era, ni siquiera alcaldesa de Ripoll. "Los musulmanes se rigen por una ley religiosa y la charía es incompatible con los valores de Occidente", dijo, como también aseguró que en una supuesta "Catalunya islámica" habría violaciones en grupo y mutilaciones genitales. La multa, impuesta por la Oficina d’Igualtat de Tracte i no discriminació abrió el expediente ante la denuncia de un particular y se concluyó que había cometido una infracción grave prevista en la Ley de igualdad de trato y no discriminación. Esta norma se aprobó la cámara con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios (excepto algunos puntos en los cuales se opusieron PP y Cs). Fue el último pleno de la historia del Parlament donde no había ningún representante de Vox. Desde que Orriols fue multada, otra de las víctimas preferidas de Aliança Catalana es la exconsellera Tània Verge.

En enero de este año, Ignacio Garriga también hizo público que la misma oficina le había abierto un expediente y le reclamaba una multa de 900 euros por unas declaraciones del líder de Vox, que, porsu contexto, "incitan, fomentan o facilitan de alguna manera comportamientos discriminatorios. "Tenemos que escoger: ley islámica o leyes nacionales. Eso es lo que está en juego. Queremos que Catalunya sea Catalunya, ni Argelia ni Marruecos", dijo Garriga en un tuit, que según la oficina contiene "elementos que descalifican identidades culturales y nacionales concretas, asociándolas negativamente con el contexto catalán".

No todo el que se odioso es odio

En cambio, también ha habido denuncias contra Sílvia Orriols que no han prosperado. Es el caso de la que interpuso la Fundación Ibn Battuta contra la alcaldesa de Ripoll por, por un lado, entorpecer el empadronamiento de migrantes y porel otro por un delito de odio contra la población magrebí. La Fundación presentaba una serie de tuits como pruebas. En este sentido, la Fiscalía Superior de Catalunya consideró que en estos mensajes denunciados, la líder de Aliança Catalana "expresaba su opinión personal, singularmente crítica respecto de determinados comportamientos y conductas islamistas y del colectivo inmigrante magrebí". "Estos mensajes, sin duda pueden ser objetables, criticables, rechazables socialmente reprobables e incluso administrativamente sancionables", advierte la Fiscalía, que considera que eso no quiere decir que sean un delito de odio: "No se puede afirmar de manera tajante e indudable que fomenten e inciten al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra el colectivo inmigrante magrebí". O como ha dicho en alguna ocasión al Fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, "no todo lo que se difunde, por muy odioso que sea, constituye un delito de odio".