El coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, ha dimitido este jueves en medio de la controversia generada por la guerra interna del PP. Se trata de un hombre próximo al alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, y al presidente de los populares, Pablo Casado, y la persona que presuntamente estaría encargada de la operación para espiar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a su hermano y a sus exparejas, para extraer información sobre la adjudicación de un contrato público, informa El Confidencial. "Tras la nueva información aparecida esta tarde en El Confidencial y después de mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Ángel Carromero ha presentado su dimisión con efecto inmediato a partir del día de hoy", informan las fuentes del medio citado. Esta información llega horas después de la declaración de guerra de Ayuso y la réplica del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya cuenta con el apoyo de algunos hombres fuertes del PP, como Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo.
Hombre de Almeida y Casado
Así, ante la acumulación de pruebas sobre un posible espionaje de Génova a Ayuso, Carromero ha decidido apartarse del escándalo. Según las informaciones publicadas, Ángel Carromero, director general de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid, habría intentado conseguir información sobre un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a un supuesto empresario amigo de Ayuso por la compra de mascarillas, y sobre el rol del hermano de la presidenta en esta operación. Carromero es una persona muy próxima a Teodoro García Egea, secretario general del PP y mano derecha de Pablo Casado. Según lo que ha trascendido en las últimas horas a la prensa, primero Génova habría intentado buscar información sobre este contrato, sobre Tomás Díaz Ayuso y sobre los movimientos bancarios de este y de la empresa, por si habría habido comisiones. Como no lo habrían logrado, se habría pedido un presupuesto a una agencia de detectives privados, aunque finalmente no se habría ejecutado por el precio del servicio y la dificultad de no levantar sospechas.
Guerra interna en el PP
En una declaración desde la sede del gobierno regional, visiblemente molesta, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "nunca se habría podido imaginar que la dirección nacional habría actuado de una manera tan cruel". Ha llegado a decir que es "lo peor que se puede esperar de los políticos", porque no hay una sola prueba en contra de ella; solo "se han fabricado presuntas corrupciones". Ha atribuido la maniobra a sus planes para presidir el PP de Madrid, hecho que Génova querría evitar. "Solo quiero que se dé voz a los afiliados y que se actúe de acuerdo con la ley, porque se está incumpliendo la ley de partidos", se ha defendido. Por su parte, García Egea ha anunciado la abertura de un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se reservan las "acciones oportunas" a posteriori, sin cerrar la puerta a la suspensión de militancia o expulsión. La mano derecha de Pablo Casado ha explicado que el pasado septiembre recibieron las informaciones sobre los supuestos contratos irregulares, que pidieron a Ayuso que lo aclarara y que no obtuvieron respuesta.