Sin prisas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene pendiente de resolver desde hace más de dos meses si admite a trámite la causa contra el presidente de Vox en Barcelona, Joan Garriga Doménech, y la secretaria del partido, Mónica Lora, procesados en el 2019 por un delito de odio y discriminación por la campaña racista durante las elecciones municipales del 2011, cuando eran miembros de Plataforma per Catalunya (PxC), junto con once personas más, incluido su líder Joan Anglada. Garriga y Lora obtuvieron el acta de diputados en el Parlamento catalán, en marzo del 2021, y al ser aforados su causa tiene que ser asumida por el alto tribunal catalán. La Fiscalía Superior de Catalunya informó ya el 3 de noviembre pasado y la sala de admisiones del TSJC tiene que resolver ahora si admite la causa, que ahora son las diligencias indeterminadas 68/2021.
La respuesta del TSJC sobre qué hará con los dos diputados de VOX también es esperada por el juzgado de lo penal 1 de Reus para fijar la fecha del juicio contra los once miembros PxC, once años después de su campaña contra los inmigrantes musulmanes en las municipales de 2011. La Asociación Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo Watani de Reus presentó la denuncia contra Plataforma de Catalunya por sus comentarios "llenos de falsedades, que incitan al racismo y a la xenofobia", incluidos en su programa electoral, repartido en las municipales del 2011 por municipios del Baix Camp.
Candidato
Precisamente, hoy se ha hecho público que el portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, será el candidato de esta formación en la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales de 2023. De hecho, Garriga ya hace algunas semanas que está visitando varios barrios de la capital catalana para "reforzar" su imagen como futuro candidato. Garriga es el presidente de Vox en la provincia y concurrió como número tres en las listas en el Parlamento en las elecciones del 14-F, en las cuales se convirtió en uno de los 11 diputados de su grupo -cuarta fuerza parlamentaria- y, ahora, es el portavoz de la formación de extrema derecha en la cámara catalana, que lidera su primo Ignacio Garriga. El candidato de Vox también pisó la Audiencia de Barcelona, el martes pasado, donde fue testigo en el juicio contra dos jóvenes, a quien la fiscal les pide elevadas penas de prisión por desórdenes y tirar objetos contra la puerta de un restaurante de Barcelona, donde Vox hacia el acto Cañas por España. Nadie resultó herido y Garriga declaró que paso "terror", delante de unos "chavalines", que le pedían el DNI.
En la campaña racista de PxC, Albert Tafall, cabeza de lista de PXC por Reus, repartió por la ciudad cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de una persona de origen norteafricano, acción con la cual criticaba las políticas de inmigración impulsadas desde el gobierno catalán. En el reverso del papel decía que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros entre los inmigrantes en los años 2009 y 2010. El año 2019 se acabó la instrucción y el juez consideró que sí que podían ser juzgados por el delito de discriminación. La fiscalía de Tarragona, sin embargo, desestimó presentar escrito de acusación contra los autores de la campaña. La posición de no presentar acusación de la fiscalía, previsiblemente, se repetirá en el TSJC y si no hay ninguna acusación particular o popular, la causa contra los diputados de Vox se podría archivar. Por su parte, la asociación Watani solicita cuatro años de prisión y multa de entre seis y doce meses para cada uno de los procesados por los delitos de discriminación y provocación de odio. Además, pide un euro por cada voto racista obtenido en las elecciones de 2011: fueron 67.000.
Racismo validado
Las campañas de racismo de grupos de la extrema derecha son validados por la justicia últimamente. El verano pasado, la Audiencia de Madrid desestimó el recurso de la fiscalía, al cual se adhirió el PSOE, contra la decisión de un juez de no retirar los carteles electorales racistas de Vox durante las elecciones madrileñas. Estos señalaban directamente a los menores migrantes no acompañados. No solamente quedan impunes, sino que el tribunal validó el discurso de la formación ultra. En el auto, los magistrados argumentaron que se trata de un "eslogan electoral" y hace suyo el fondo de la cuestión, menospreciando los datos falsos: "Con independencia de sí las cifras que se ofrecen son veraces, (los MENA) representan un evidente problema social y político".