El juicio por la devolución del Pazo de Meirás -residencia estival comprada en 1941 por el dictador Francisco Franco- al patrimonio público arrancará este lunes con la expectativa de que se acabe con el "expolio franquista" y el inmueble pase a ser "un bien público".
La vista, para la que se ha fijado toda la semana, se celebrará en la antigua sede de la Audiencia de La Coruña. En esta figura como demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad la Xunta, la Diputación de La Coruña y los ayuntamientos de Sada, donde se ubica el pazo, y La Coruña. Como demandadas hay seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.
Este procedimiento llega a los tribunales después de que el Pazo de Meirás fuese declarado bien de interés cultural por el gobierno bipartito -PSdeG y BNG- en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. Un año después, la Cámara gallega aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.
Una compra "fraudulenta"
Con posterioridad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco basándose, entre otras cuestiones, en un documento datado el 3 de agosto de 1938 y firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, fue "fraudulento" porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición.
El debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, se prevé que se centre en los calificados por las partes como "hechos controvertidos", en particular la escritura del año 1941 del inmueble. Y es que para la Abogacía del Estado se trata de una escritura "simulada", frente a la "legalidad" de la misma que defiende la familia Franco.
El Pazo de Meirás (La Coruña, Galicia). Foto: EFE
Se sostenía con fondos públicos
Las administraciones personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso "coactivo", que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía la gestión del pazo como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.
A la demanda interpuesta por el Estado, a la que se han adherido las demás administraciones, la familia Franco ha aportado una serie de documentación con la que quieren "hacer valer" que el inmueble es de su propiedad. En la misma figuran pólizas de seguro y declaraciones de la renta de Francisco Franco del año 1960 sobre el ejercicio 1959 y del año 1958, en la que figura el Pazo de Meirás como propiedad, así como los rendimientos agrícolas por fincas destinadas a cultivos.