Mientras la política española debate sobre la posibilidad de abordar o no una amnistía que acabe con la judicialización del procés, el pulso contra el independentismo sigue en los tribunales en plena efervescencia. El abogado del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tramitado ante el Tribunal Supremo dos nuevas peticiones de recusación contra el juez instructor, Pablo Llarena, después de que el magistrado se posicionara públicamente en contra de una amnistía y cuestionara la constitucionalidad de la medida. Además, también ha presentado dos recursos, en nombre de Puigdemont y del conseller Toni Comín, contra la providencia del juez en que se fijaba un plazo de diez días para que informaran si habían solicitado medidas cautelares al TJUE para recuperar su inmunidad.
En dos escritos, a los cuales ha tenido acceso ElNacional.cat, el abogado argumenta la nueva recusación contra el juez instructor en las declaraciones de Llarena del pasado 12 de septiembre en la Universidad de Burgos en que durante una conferencia "se explayó sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en caso de que se llegara a aprobar la ley de amnistía".
"Las manifestaciones realizadas por el magistrado instructor no dejan lugar a duda sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la presente causa, que obligan nuevamente a su recusación", argumenta en el recurso que ha tramitado en nombre de Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí. El texto recuerda diferentes resoluciones del juez que, según asegura, evidencian su parcialidad, pero también episodios como el premio que recibió de manos de la Fundación Villacisneros, "de extrema derecha".
Sin base jurídica
Por otra parte, la defensa de Puigdemont y Comín ha presentado también dos recursos contra el auto de Llarena en que fijaba un plazo de diez días para que "justifiquen" si han pedido medidas cautelares ante el TJUE para recuperar la inmunidad que les retiró el Tribunal General de la UE en su sentencia del pasado 5 de julio. Los dos eurodiputados presentaron un recurso contra aquella decisión la semana pasada, pero no pidieron medidas cautelares para recuperar la inmunidad mientras el TJUE se pronuncia. Eso desconcertó al juez instructor, que estaba pendiente de saber si Puigdemont pide o no medidas cautelares para decidir si activa la euroorden que reclama la Fiscalía, o espera a conocer la decisión del TJUE sobre el recurso.
Boye advierte que no hay base jurídica para que Llarena haga este requerimiento emplazándoles a informar sobre sus intenciones en relación a las cautelares y que, por lo tanto, la providencia "no se ajusta a derecho". El abogado reprocha que el juez pretende "burlar" las figuras legales establecidas para tener información sobre el estado de un procedimiento "mediante un requerimiento de información a la defensa sin amparo legal de ningún tipo". En este sentido, recuerda que un requerimiento impone la obligación de dar respuesta, aunque en este caso el juez no dispone de sustento legal para plantearlo.