Los presupuestos generales del Estado para el 2022 serán tramitados la semana que viene al Congreso de los Diputados. Lo serán gracias a un acuerdo en tiempo de descuento entre ERC y el PSOE, anunciado por el portavoz republicano Gabriel Rufián en rueda prensa. Por una parte se ha acordado el blindaje del catalán en la futura ley audiovisual. Por otra parte, se ha pactado el cumplimiento de compromisos pactados para las anteriores cuentas públicas españolas. ¿Pero qué dice exactamente el acuerdo suscrito?
Con respecto a la ley audiovisual estatal, difundido por ERC, el PSOE se compromete a aprobar una ley que "potenciará y fomentará la producción audiovisual, protegiendo las lenguas cooficiales y contribuyendo a su difusión". En este sentido, el texto señala que "se buscarán las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales que requerirá de la conformidad de Esquerra Republicana para aprobar la Ley". Es decir, se establecerán cuotas que tendrán que estar avaladas por los republicanos, que al mismo tiempo están en contacto con formaciones vascas y gallegas.
En este mismo ámbito, se ha pactado que "la nueva ley audiovisual respetará todas las actuales competencias de los organismos de gestión y control (CAC) autonómicos y trabajará para dotarlos de nuevas competencias". También hay un compromiso para que las televisiones autonómicas con lengua propia se vean beneficiadas de los nuevos sistemas de financiación que se establezcan, y que RTVE, en coproducción con TV3, "sea motor de producción audiovisual y se reserven fondos para que así sea".
Con respecto a los compromisos pendientes de cumplimiento, en primer lugar el Gobierno se compromete a hacer efectiva "de forma inmediata" una transferencia de 18,6 millones de euros correspondientes a los gastos de gestión de los convenios de becas firmados desde el curso 2005.
En segundo lugar, La Moncloa promete convocar durante la primera quincena de noviembre al comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria. El objetivo, según el documento, es "identificar los factores que explican que en Catalunya sistemáticamente la ejecución sea sustancialmente inferior a la media estatal", "identificar las inversiones que puedan acelerar su ejecución en 2021" y "diseñar una cláusula de salvaguarda" para corregir esta tendencia en el próximo ejercicio.
Finalmente, las dos formaciones han pactado "intensificar los trabajos en relación a la elaboración del convenio para la gestión del ingreso mínimo vital" y "proceder a la ejecución de la inversión pendiente en programas de ayuda humanitaria este año".