El Consejo de Ministros nombró formalmente este martes a la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El Real Decreto de nombramiento ya ha sido publicado en el BOE y a las 10.30 está prevista la celebración del acto de jura o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, seguirá la toma de posesión en el Tribunal Supremo y posteriormente Delgado se trasladará a la sede central del Ministerio Público en la madrileña calle Fortuny.

Delgado culminó la semana pasada el último de los trámites que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para acceder al cargo, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde recibió una fuerte contestación por parte de los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox, que la consideran no idónea para el cargo.

La hoy fiscal de la Audiencia Nacional, donde fue adscrita hace tan solo unas semanas, tras dimitir como diputada del PSOE, aprovechó el trámite para defender que, precisamente, su condición de exmiembro del Ejecutivo "no es una debilidad sino una fortaleza", en el ejercicio de sus futuras responsabilidades. También insistió en que el actual sistema "preserva la autonomía y la imparcialidad" del Ministerio Fiscal.

Su elección despertó desde el principio gran recelo tanto en la oposición como en amplios sectores del ámbito judicial, tanto por el hecho inédito de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General como por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante donde compartió mantel con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por orden de la Audiencia Nacional.

De hecho, el análisis de los requisitos formales para su nombramiento que tuvo lugar el pasado 16 de enero en el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) distó mucho de ser un mero trámite, provocando la ruptura del órgano de gobierno de los jueces con un aval que obtuvo doce votos a favor y siete en contra.

Entre los argumentos de los discrepantes se encontraba el hecho de que hasta el momento de su designación fuera, no sólo ministra de Justicia, sino diputada por el PSOE, que la integró en sus listas por Madrid en los comicios del pasado mes de noviembre. Ello, a juicio de los que votaron en contra de otorgarle la idoneidad, pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.

Tareas pendientes

Entre las tareas que encontrará sobre la mesa Delgado tras acceder al cargo estará el nombramiento de medio centenar de cargos en la cúpula fiscal, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, cuyo cargo venció el pasado mes de diciembre; además de puestos en Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

Navajas ha estado ejerciendo en funciones tras el cese de la última fiscal general, María José Segarra, que coincidió en el cese del primer Gobierno de Sánchez tal y como dicta el Estatuto Fiscal.

Durante su comparecencia en el Congreso la exministra de Justicia contestó a los grupo parlamentarios que cuestionaron su imparcialidad que valorará "caso a caso" si se abstiene en las causas de las que pudo tener anteriormente conocimientos. Para portavoces del PP y Vox, Delgado no debería tomar ningún tipo de decisión en causas como la del procés, con la que estuvo contacto debido a su anterior responsabilidad política.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.

Proyecto para la fiscalía

Como prioridades para su mandato, Delgado anunció en sede parlamentaria que apuesta por promover la motivación de los fiscales; romper el "desequilibrio" en el acceso de mujeres a puestos de la carrera fiscal; dotar de "instrumentos adecuados" los puestos de trabajo; así como dar una proyección internacional, interesando la participación de la Fiscalía en instituciones internacionales, con interés especial en el Consejo Europeo; la digitalización del Ministerio Público. Habló igualmente de introducir variaciones en el sistema de acceso a la carrera fiscal.

Sobre este punto abogó por implantar un sistema "menos memorístico" y una bolsa pública de becas y preparadores para que todo el mundo, independientemente del nivel socioeconómico y de donde residan puedan prepararse las oposiciones.

Delgado defiende el proyecto anunciado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que la instrucción pase a manos de los fiscales, así como la derogación de su artículo 324, que pone fecha tope a estas investigaciones.