Dos años y medio después de convertirse en fiscal general del Estado, el futuro de Álvaro García Ortiz pasa por el Tribunal Supremo en una semana de desenlace incierto y con una doble cita judicial. En primer lugar, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia este martes una demanda que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra su nombramiento como fiscal del Estado en diciembre de 2023. La APIF alegó que se había mostrado “descaradamente parcial por su apoyo” al Gobierno y que, viendo cómo ha actuado desde que fue nombrado en 2022, “no es idóneo para ejercer, de acuerdo con la Constitución, las funciones que tiene asignadas”. En segundo lugar, 24 horas después, Álvaro García Ortiz está citado a declarar como investigado por revelación de secretos por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Justo ayer, el juez instructor, Ángel Hurtado, insistió en la “relevancia delictiva” del hecho de que el e-mail circulara a partir de la “actuación de un tercero ajeno a la confidencia, que lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin ninguna autorización del titular del secreto”.
👤 Quién es Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado por el Supremo
Una “reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el ejercicio de sus obligaciones”
El primer frente abierto del fiscal general del Estado es el recurso que interpuso la APIF contra su segundo nombramiento. Va contra la decisión del Consejo de Ministros de renovarlo en diciembre de 2023, después de la tercera investidura de Pedro Sánchez, y no contra su primer nombramiento, en julio de 2022. En noviembre de 2023, el CGPJ denegó la confianza al fiscal general del Estado por primera vez en la historia y concluyó que Álvaro García Ortiz no era “idóneo para el cargo”. Este era uno de los argumentos de la APIF, que sustentaba su recurso en una “reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el ejercicio de las obligaciones derivadas del cargo”. La APIF consideraba que ello se había “culminado” con la decisión del Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo por haber incurrido en “desviación de poder”. Para la APIF, eso era suficiente para “justificar la no renovación” en un cargo “cumbre y fundamental en un Estado de derecho”.
Asimismo, la asociación, que siempre ha sido muy crítica con Álvaro García Ortiz (hace un año, el entonces portavoz, Salvador Viada, afirmó que había un “155 encubierto contra los fiscales” en las causas sobre el independentismo) y que está personada como a acusación popular en la causa del Supremo, iba más allá. En el comunicado que anunciaba la interposición de la demanda, denunciaba la “línea abiertamente progubernamental” del fiscal general del Estado en el ejercicio de sus funciones y, como ejemplos, apuntaba a “expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de fiscales por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales y negativas a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre las investigaciones pretendidas de jueces y fiscales en sede parlamentaria o sobre el proyecto de ley de amnistía a requerimiento del Senado”. Con todo, el APIF esgrimía que la condición de “jurista de reconocido prestigio”, imprescindible para ser nombrado fiscal general del Estado, “decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad diferente del establecida por el ordenamiento jurídico”. “Por lo tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley”, remachaba.
Quien tendrá que pronunciarse sobre esta demanda serán cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativa: Pablo Lucas (el presidente en funciones de la Sala y el juez encargado del control del CNI), Luis María Díez Picazo (que es el ponente de la resolución), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Celsa Picó. El ponente, de talante conservador, es articulista en La Razón y en noviembre de 2023 consideró que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado están “apesebrados”. Según señalan fuentes jurídicas a ElNacional.cat, la previsión del Supremo es que este mismo martes se haga pública la decisión. Ahora bien, la sentencia íntegra tardará unos días en llegar. A pesar de eso, el curso de la investigación al fiscal general del Estado no cambiará: como Álvaro García Ortiz es fiscal de Sala, continuará aforado y el Supremo mantendrá abierta la causa contra él sea cuál sea el veredicto.
Además, en caso de que el Supremo revoque su nombramiento, habrá que esperar algunas semanas para que se haga efectiva la nulidad. Hay tres casos que lo ponen de manifiesto: pasaron cuatro meses y medio entre que el Supremo decidió revocar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar Togada del Alto Tribunal y dos meses y medio para anular su nombramiento posterior como Fiscal de Memoria Democrática e hicieron falta cinco meses para que se hiciera efectivo la anulación del nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. Así pues, una posibilidad sería que Álvaro García Ortiz presentara un incidente de nulidad como paso previo a poder impulsar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, cosa que pospondría su cese, dado que la sentencia no será firme hasta que el Supremo se pronuncie.
“Una dinámica delictiva que tuvo como objetivo divulgar información de la intimidad de una persona”
El segundo momento clave de la semana será la declaración de Álvaro García Ortiz como investigado ante el juez Ángel Hurtado en la causa por presunta revelación de secretos del novio de Ayuso. En la providencia en la que lo citaba, el magistrado argumentó que había una “base indiciaria para presumir la relevante participación del fiscal general del Estado” en la filtración investigada, dado que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales”. Su citación llega pocos días después de que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declarara como testigo y verbalizara sus sospechas sobre el fiscal general del Estado: “¿Pilar, por favor, por qué le envías los correos? Los filtrarán”, reveló que había dicho a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en una conversación telefónica la noche del 13 de marzo
📝 El Supremo cita al fiscal general del Estado como investigado por revelación de secretos el 29 de enero
Será la primera vez que Álvaro García Ortiz se podrá defender ante el juez del Supremo. Ahora hace siete meses, en junio, él mismo asumió la “responsabilidad última” de la nota informativa sobre la pareja de Ayuso. “La información no se habría producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas”, afirmó en un escrito enviado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que también defendía que la nota era “objetiva y neutral” y “no infringía ningún deber de reserva, porque todos los correos electrónicos habían sido previamente revelados por los medios de comunicación”. En aquel momento, el TSJM estaba investigando la nota informativa que había servido para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pero el Supremo argumentó meses después que el comunicado no contenía “información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” y centró la investigación en la filtración del correo.
Uno de los interrogantes que todavía ciernen sobre la investigación es el borrado de los mensajes de móvil que hizo Álvaro García Ortiz y que impidió a la Guardia Civil analizar conversaciones de WhatsApp de los días clave de la filtración: la Unidad Central Operativa (UCO) encontró “cero mensajes” en aplicaciones de mensajería instantánea del teléfono del fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo. Posteriormente, la Fiscalía relató que Álvaro García Ortiz borró los mensajes fruto de un “borrado cíclico” por motivos de seguridad y de protección de datos y la Guardia Civil concluyó que cambió de teléfono siete días después de que el Supremo lo encausara. Ahora el juez está esperando que WhatsApp y Google aporten datos de sus cuentas: solicitó a WhatsApp los mensajes recibidos y/o enviados y las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia y a Google, los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta.
Los fiscales conservadores denuncian que Álvaro García Ortiz “denigra la imagen de la institución”, pero la Moncloa le mantiene el apoyo
En todo este contexto, la mayoría de la Carrera Fiscal ha reclamado la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. A finales de octubre, la Asociación de Fiscales, la conservadora y mayoritaria, le exigió que dimitiera “inmediatamente” y de forma “inexcusable”. En una carta, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, lamentó que la actuación del fiscal general del Estado “denigra la imagen de la institución” y pone en duda la profesionalidad de la carrera fiscal y subrayó que su continuidad en el cargo era “inadmisible en democracia”. Por su parte, la APIF consideró que era “absolutamente incompatible” ser “jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Supremo” y denunció que mantenerlo en el cargo es “deteriorar gravemente el Estado de derecho”.
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Sin embargo, Álvaro García Ortiz mantiene la confianza del Gobierno y de los fiscales progresistas. “Estoy seguro de que la instrucción continuará y tendremos una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general persiguió el delito”, aseguró Félix Bolaños hace dos semanas. Además, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes esgrimió que “no hay ninguna base probatoria, ninguna prueba y ninguna evidencia que acredite” las afirmaciones del auto del Supremo que citaba el fiscal general del estado como investigado. En la misma línea se expresaron los fiscales progresistas. Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, verbalizó en una entrevista en La Noche en 24 horas que no tenía “absolutamente ninguna duda de que no hay ninguna base o indicio que haya ningún delito”. “Que la Fiscalía informara para explicar que era falso lo que se estaba diciendo y que los fiscales habían actuado de manera profesional y técnica no es que era un derecho, era una obligación”, subrayó.