Pacto. Dos exconcejales de PSC de l'Hospitalet de Llobregat han admitido que se apropiaron indebidamente de 47.147 euros del Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH) y han aceptado una condena de 9 meses de prisión, en la vista que se ha hecho este martes en la Audiencia de Barcelona. Se trata de Cristian Alcázar (en la foto principal), que dimitió de primer secretario de la Federación del PSC de l'Hospitalet y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, cuando fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción por haber simulado el despido del exconcejal Cristóbal Plaza como trabajador del Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH).
Inicialmente, el fiscal anticorrupción Luis García Cantón solicitaba para Alcázar y Plaza cuatro años y medio de prisión, a cada uno, por un delito de estafa y otro contra la Seguridad Social. El abogado Enrique Leiva, que representa la acusación particular en nombre d'En Comú Podem de l'Hospitalet, los acusaba de malversación de fondos, con una pena para ingresar en prisión.
Al final, los letrados de los dos socialistas, ejercida por el despacho Martell Advocats, y las acusaciones han llegado a un acuerdo: admiten el delito de apropiación indebida y contra la seguridad social y se les aplica una atenuante por haber devuelto el dinero. En la vista, la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona también ha aprobado la suspensión de la aplicación de la pena. Es decir, que no entraran en un centro penitenciario.
Los hechos pasaron el diciembre de 2016, cuando Alcázar aprobó "el despido objetivo" de Plaza, como director técnico del Consell, y cobró 47.174 euros. Después, Plaza fue fichado como asesor de la entonces alcaldesa Nuria Marín, pero unos siete meses después volvió al Consell Esportiu de l'Hospitalet y presidió la entidad. Por eso, Fiscalía y comunes vieron una acción delictiva, como han admitido los dos socialistas.
Puntualización de la defensa
Fuentes de la defensa han explicado a EFE que los acusados han aceptado la rebaja de condena, conscientes de que la documentación formal que dio cobertura al despido de Plaza no era la correcta y que no se sometió a la aprobación de la comisión directiva ni la asamblea del Consell, como era preceptivo.
No obstante, insisten en que el despido fue regular y se enmarcaba en una "amortización triangular" del puesto de Plaza: no se contrató a nadie en su lugar y la persona que en 2017 fue fichada como director del Consell desempeñaba funciones propias de otro cargo.
Caso del Consell Esportiu
El despido de Plaza es una pieza de la investigación central del CELH, todavía abierta y donde estuvo investigada la entonces alcaldesa de l'Hospitalet y actual delegada del Gobierno en Madrid, Núria Marín (PSC), por supuestamente haber permitido gastos no aprobados en el consell. El fiscal recuerda que el consell es una entidad privada sin ánimo de lucro que recibe subvenciones municipales y de la Generalitat.
Finalmente, la causa contra Marín se archivó en julio del 2022, a petición de la Fiscalía. Marín ha estado esta mañana en el Palacio de Justicia porque era uno de los testigos citados al juicio, que finalmente ha sido de conformidad.