Portazo a Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Dos de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que se encargaron del juicio del ‘procés’ se han quedado solos y no han conseguido acceder a la plaza de fiscal jefe de la Sección Penal del Alto Tribunal. Era su objetivo, pero no obtuvieron ni un solo voto en el Consejo Fiscal del pasado 25 de septiembre, según ha avanzado elDiario.es y ha confirmado ElNacional.cat. Era una de las cuatro plazas de fiscal jefe de la Sección Penal del Supremo, que quedó vacante tras la jubilación de Joaquín Sánchez-Covisa y había salido a concurso. El Consejo Fiscal, que es el órgano de representación de la carrera fiscal y asiste al fiscal general del estado, está formado por tres miembros natos y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías y ninguno de los doce avaló que ni Zaragoza ni Moreno se convirtieran en fiscales jefes de la Sección Penal del Supremo.

Los tres miembros natos son Álvaro García Ortiz (el fiscal general del Estado), María Ángeles Sánchez Conde (la teniente fiscal del Supremo) y María Antonia Sanz Gaite (la jefa de la Inspección Fiscal). De entre los otros nueve miembros, seis son de la Asociación de Fiscales (la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador), dos pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales y uno forma parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En materia de nombramientos, el Consejo Fiscal se encarga de hacer una propuesta entre los aspirantes, pero es el fiscal general del Estado quien toma la decisión definitiva. En el caso del fiscal jefe de la Sección Penal del Supremo, los seis vocales de la Asociación de Fiscales apoyaron a María Ángeles Garrido Lorenzo, los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales y los tres vocales natos votaron por Fernando Prieto Rivera y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se abstuvo. Finalmente, Álvaro García Ortiz propuso a Fernando Prieto.

Javier Zaragoza y Jaime Moreno, dos de los fiscales díscolos contrarios a amnistiar la malversación

Javier Zaragoza y Jaime Moreno, junto con Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, fueron noticia en junio cuando se opusieron taxativamente a amnistiar la malversación atribuida a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers por el referéndum del 1 de octubre. Esto abrió un choque en la Fiscalía en el que los cuatro fiscales díscolos reiteraron su posición alegando que el “enriquecimiento” de Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa era “indudable” y forzaron que el fiscal general del Estado tuviera que ordenar amnistiar la malversación. La Junta de Fiscals avaló dividida la posición de García Ortiz, que relevó a Zaragoza, Moreno, Cadena y Madrigal. Finalmente, Ángeles Sánchez Conde y Joaquín Sánchez-Covisa pidieran al Supremo la amnistía para todos los encausados ​​del 1-O y del Tsunami. Ahora bien, el criterio que han mantenido Pablo Llarena y Manuel Marchena ha sido negar la amnistía tanto a Puigdemont, Comín y Puig como a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva, acogiendo los argumentos de los fiscales díscolos.