Cambio excepcional. La Audiencia de Barcelona ha juzgado este martes a tres jóvenes independentistas, que inicialmente se enfrentaban a penas de 6 a 4 años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos y un delito leve de lesiones por haber participado en la protesta contra el Consejo de Ministros, del 21 de diciembre de 2018. Antes de iniciarse el juicio, en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, la fiscal ha ofrecido a los tres jóvenes una rebaja crucial de las penas por debajo de los 2 años de prisión, que implica no entrar en un penal. Uno de los jóvenes, Sergi, a quien le pedía seis años de prisión, le ha rebajado hasta seis meses, y en la vista se ha conformado. El segundo, Robin, también ha aceptado pasar de 4 años a un año y seis meses de condena, e indemnizar a un agente de los Mossos levemente herido con 1.800 euros. La misma pena le ha ofrecido a Pau Ferreiro, que no aceptado el acuerdo, al asegurar que él "no tiró ninguna valla a un agente" y que los Mossos se habrían confundido con su identificación y la Audiencia solamente ha celebrado el juicio contra él.
Este no es el primer juicio contra manifestantes que protestaron porque, después de la represión policial el 1-O en Catalunya, el Gobierno decidiera realizar un Consejo de Ministros en la Lonja de Mar de Barcelona, como muestra de una supuesta normalidad en las relaciones. En este caso, los incidentes se concentraron la mañana del 21 de diciembre del 2018 en el cruce entre la avenida Drassanes y calle Porta Santa Madrona. Un agente de los Mossos, que era conductor de una furgoneta de la Brigada Móvil, es el único testigo que asegura que desde dentro del vehículo vio como Pau Ferreiro cogió una valla, la lanzó e impactó contra la espalda de un agente. "Llevaba unas gafas muy grandes y peculiares, y me fijé en él", ha insistido el mosso. El agente afectado ha declarado que no vio a nadie y que con la protección antitrauma no sufrió ninguna lesión. "Fue como un empujón", ha asegurado en el juicio. Un tercer mando ha asegurado que aquel día vio dos detenciones más, pero no la del acusado y que el ambiente era muy crispado y les tiraban muchos objetos; "incluso un semáforo roto".
"Sin pruebas"
Por el contrario, Alba, una amiga de Pau, ha declarado al tribunal que fueron a la protesta desde de Olesa de Montserrat un grupo de diez personas, y fueron en tren y en metro y se quedaron cerca de la parada de Drassanes, es decir, a unos metros de la primera línea de manifestantes que increpaban a los agentes del cordón policial. Llegaron pasados 20 minutos de las once de la mañana, y justo veinte minutos después, Pau fue detenido. Ha explicado que en la segunda carga, ella fue al otro lado de la calle y que no perdió de vista a su amigo, del cual ha negado que tirara una valla a los agentes, y que poco más tarde fue detenido.
Ayuda a un chico
En el final del juicio, Pau Ferreiro ha negado que tirara una valla contra un agente y ha asegurado que "es una confusión de los Mossos". Ha detallado que, en la segunda carga, cuando los agentes avanzaron y todo el mundo salió corriendo, él vio como "un chico caía al suelo y paró a ayudarlo", y entonces lo detuvieron. "No toqué ninguna valla; tropecé con ellas", ha manifestado al tribunal al ser preguntado.
Atestados en castellano
Su abogado, Carlos Hurtado, de Alerta Solidaria, ha pedido la absolución para el joven y si el tribunal no lo considera, que le aplique una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que ha asegurado que desde el 2019 que se cerró la instrucción, no ha pasado nada nuevo, y Pau ha tenido que seguir con las medidas cautelares de ir a firmar al juzgado y no poder viajar al tener el pasaporte retirado. "No hay ninguna prueba que desvirtúe el principio de inocencia", ha manifestado Hurtado y ha pedido al tribunal que revise los vídeos, algunos visionados en la sala, para comprobar que "temporalmente no cuadra cuando llueven vallas contra el cordón policial y la detención de Pau". Se da la circunstancia que en todos los incidentes que pasaron en la protesta del Consejo de Ministros del 2018, los Mossos, de forma excepcional, redactaron los atestados en castellano por si la fiscalía se planteaba acusar a los manifestantes de obstrucción a una institución del Estado, hecho que hubiera provocado que la causa se derivara a la Audiencia Nacional, como pasó en la protesta de Envolta el Parlament.
Penas
Finalmente, Carlos Hurtado también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 2021 que, en apelación, absolvió a un manifestante de desórdenes públicos en la misma protesta del Consejo de Ministros, todo y que en otra zona, ya que el tribunal sostiene que se tiene que individualizar las acciones que hace una persona, y que califica de "irrelevante", que una persona esté en primera línea de la protesta o lleve ropa oscura (como Pau Ferreiro) si no realiza ninguna acción violenta.
La fiscal ha mantenido la petición de pena rebajada para Ferreiro: por desórdenes públicos, un año de prisión (que es el mínimo castigo de este delito) y por atentado contra la autoridad, seis meses de prisión, que también es la pena más baja en este delito. Desde la abogacía catalana se ha denunciado abiertamente que la fiscalía hace peticiones de prisión elevadísimas a jóvenes independentistas catalanes para que después acepten castigos rebajados y para desmovilizarlos.
Por su parte, la abogada de la Generalitat ha retirado del escrito de acusación el delito de desórdenes públicos para los tres chicos, para cumplir el acuerdo del Govern y la CUP, y les ha pedido 6 meses de prisión a cada uno por el delito de atentado contra la autoridad y multa por un delito leve de lesiones a dos de ellos.