Reclamo de información. Dos de los investigados de Tsunami Democràtic, los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó, han pedido al juez Manuel García-Castellón que les facilite toda la información que la Guardia Civil sustrajo de sus ordenadores y móviles con el fin de comprobar su legalidad. Y es que con extracciones digitales parciales, la Guardia Civil ha construido informes y el relato para acusarles del delito de terrorismo, por haber impulsado movilizaciones. Ahora, su abogado, el penalista Benet Salellas, ha solicitado una "copia íntegra digital y con el código hash que permitan garantizar su autenticidad". Recientemente, reclamó lo mismo Ruben Wagensberg a la magistrada del Tribunal Supremo que lo investiga por Tsunami. Su abogado, Andreu Van den Eynde fue más allá y exigió que se aclare si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha investigado a Tsunami y si ha aportado información a través del software Pegasus a la causa penal porque el juez de control del CNI al dar el permiso para espiar al president Pere Aragonès citó los CDR y la plataforma anónima Tsunami. Es una aclaración vital: si las pruebas decomisadas no respetan la cadena de custodia, tienen que ser expulsadas del procedimiento, como ordena la ley.
En concreto, el abogado ha pedido al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional la copia íntegra que se extrajo en el ordenador HP Pavillon de Josep Campmajó; de dos ordenadores de Oriol Soler, un ASUS y un Apple Macbook, y finalmente de un móvil Huawei, también del empresario. Campmajó y Soler fueron detenidos el 28 de octubre de 2020, ordenada por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en el marco del caso Volhov, junto con una veintena más de personas. El juez Joaquín Aguirre autorizó a la Guardia Civil la intervención de sus teléfonos e incluso se colocó un aparato en el interior del coche del exdirigente de Convergència David Madí.
Toda la información relacionada con Tsunami y las personas investigadas se derivaron a la Audiencia Nacional, al reclamarlo el juez García-Castellón, que el noviembre pasado, después de tener dormida la causa, hizo una resolución con las 12 personas que imputaba estar detrás de las movilizaciones de Tsunami contra a sentencia del procés, en octubre de 2019. Además, por primera vez les imputó el delito de terrorismo y en la lista ponía al president en el exilio Carles Puigdemont, del cual su causa la ha asumido el Tribunal Supremo por su aforo, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Controlar los datos, primero
El magistrado García-Castellón ha recogido la petición de la defensa de Soler y Campmajó, que también representa al del vocal de Òmnium, Oleguer Serra. Sin embargo, antes de dar el volcado de todas las evidencias, el juez sostiene que "hace falta revisar los archivos y evidencias incorporadas en la plataforma digital" para que lo tengan todas las partes. Además, añade que antes permitirá a las defensas de los empresarios una revisión de su contenido para eliminar lo que no esté relacionado con el caso, a fin de que no afecte a su privacidad e intimidad. No obstante, en el sumario de Volhov ya se difundió fotos de Soler con sus hijos en un viaje.
Sospechas de los investigados
La Guardia Civil ha informado de que los investigados de Tsunami se protegían en sus comunicaciones y usaban mensajería rápida, como WIRE, y la mayoría utilizaba un sobrenombre, como Rigoberta, Oriol Soler, y Matagalls, Rovira. Con todo, los investigados sospechan que en los informes de la Guardia Civil se ha incluido conversaciones que han mantenido, recuperadas a través de capturas de pantalla de sus móviles, que ellos no habrían hecho ni guardado. Y por eso se sospecha que se ha incorporado información a posterior de los registros de 2020 o usando la tecnología espía del CNI. Precisamente, la instructora del Supremo en el caso Tsunami tiene pendiente de resolver todo lo pedido por ERC, como que el Consejo de Ministros levante el secreto y aclare si el CNI ha espiado Tsunami Democràtic.