Ni la sentencia condenatoria impuesta a los líderes independentistas catalanes del 2019 ni la actual negativa a aplicar la ley de amnistía por parte de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los magistrados del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y Ana María Ferrer García (Madrid, 1959), de Jueces y Juezas por la Democracia, han esquivado hablar de la resolución del procés y de la amnistía en su comparecencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para relevar al magistrado Manuel Marchena en la presidencia de la sala Penal este martes.
Los dos jueces formaron parte del tribunal que juzgó a los políticos catalanes y los dos mantienen posturas opuestas con la amnistía: Martínez Arrieta está en contra, como la mayoría del tribunal, y Ferrer sostiene que hay que aplicar la norma del olvido penal a los políticos catalanes. Los candidatos han tenido 10 minutos para exponer lo que consideran más relevante de su carrera profesional y los cambios que quieren hacer en el cargo, en este caso la presidencia de la sala segunda del Supremo. La Comisión de Calificación del Poder Judicial no les ha hecho ninguna pregunta.
La sala de lo contencioso, también disputada
Además de la sala de lo Penal, este martes también han hecho sus exposiciones los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que aspiran a presidir las otras tres salas: Civil, Contencioso Administrativo y Social. El Pleno del CGPJ es el que decide a quien adjudica cada plaza, y se necesitan un mínimo de 13 votos, lo cual obliga a un acuerdo transversal, ya que los bloques progresista y conservador están empatados en el nuevo Poder Judicial, con diez vocales cada uno, un equilibrio que puede romper la presidenta, Isabel Perelló, de sensibilidad progresista.
Una de las votaciones que se espera más reñida será por la presidencia de la sala tercera, de lo contencioso, donde se la disputan los magistrados Pablo Lucas, que es juez de control del CNI y la candidata de Jueces y Juezas por la Democracia María del Pilar Teso; los dos también fueron propuestos para presidir el CGPJ, el primero por el PP y la segunda por el PSOE.
La sala de aforados, "con más apariencia de imparcialidad"
En su intervención, el magistrado Martínez Arrieta se ha centrado más en exponer su trayectoria profesional, y ha destacado dos investigaciones clave cuando era titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid: destapar una mafia policial en el caso de la desaparición de Santiago Corella, El Nani, en 1983, así como en una causa de los grandes almacenes, donde se alcanzó la indemnización de los familiares de forma rápida. Años después, en la Audiencia de Madrid, acordó la colaboración con la organización de personas con ceguera para darles acceso a los juzgados y documentos, como también a desarrollar jurisprudencia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas.
Por su parte, Ferrer, ha desarrollado más su propuesta en la dirección de la sala de lo Penal del Supremo. Ha resumido seis acciones y una de ellas es que "hace falta que se regule por ley la constitución de la sala de aforados", que es la que analiza las causas contra los políticos, la mayoría los diputados en el Congreso, "para ser más garantista y reforzar la apariencia de imparcialidad", ha subrayado, tal como exigen los organismos internacionales. También ha apostado por aclarar la constitución de las tres salas "para que no haya ninguna sospecha de que se crean salas ad hoc".
Ferrer ha asegurado que con su gestión en la Audiencia de Madrid tiene "habilidad para alcanzar consensos", aunque ella lo rompió con la amnistía, de forma valiente y clara.
Martínez Arrieta ha apostado para mantener la estructura actual, del pleno, con dos secciones, y "la buena relación entre los magistrados, a que favorece la calidad de las resoluciones", aunque ha apostado por controlar la presunción de inocencia.
Finalmente, la candidata de Jueces y Juezas por la Democracia también ha indicado que la secretaría técnica del Supremo ha de colaborar más, no sol en inadmisiones, y compartir lo que hacen las tres salas de lo penal para unificar criterio.
Ferrer también ha defendido que ha de haber una "presidencia estable, que fomente su independencia e imparcialidad". Curiosamente, Martínez Arrieta ha explicado a la comisión que le quedan 2 años para jubilarse, y por lo tanto, si es escogido haría menos de la mitad del mandato, que es cinco años.