El Tribunal Supremo se renueva. Los magistrados Andrés Martínez Arrieta (Logrono, 1955) y Ana Ferrer García (Madrid, 1959) expondrán, este martes, a la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su currículum y proyecto para ser el escogido a sustituir a su compañero en la presidencia de la sala de lo penal del alto tribunal español. Manuel Marchena (Les Palmes, 1959), que ha recibido elogios y críticas por igual, se vio obligado a renunciar al máximo cargo del Poder Judicial: la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el 2018, cuando el dirigente del PP Ignacio Cosido envió un mensaje que con él tendrían controlado el Poder Judicial ¨"por la puerta de atrás". Después de presidir la sala segunda del Tribunal Supremo desde el 2014, ahora llega su relevo, pero Marchena se quedará unos años más en la sala de lo penal del Supremo. Se verá si su sucesor o sucesora mantiene el consenso que el magistrado, antes fiscal, ha mantenido.
El presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo fue duramente criticado por haber hecho equilibrios jurídicos para conseguir que los siete compañeros del tribunal condenaran por unanimidad a los líderes políticos del procés. Rebajó el castigo de rebelión a sedición, pero las penas impuestas, de 9 a 13 años de prisión, "fueron excesivas", a juicio de los juristas más garantistas. En un voto particular, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Ramón Sáez Valcárcel, criticó abiertamente la sentencia del procés, redactada por Marchena. Aseguró que "hay numerosas valoraciones y juicios axiológicos", como "concentraciones hostiles" y "marcada hostilidad", además de no dejar claro cuando empieza el delito de sedición.
El frente de la amnistía
Ahora, la negativa del Supremo a aplicar la ley de amnistía a los líderes políticos catalanes se interpreta como un golpe de fuerza del Poder Judicial al ejecutivo y legislativo, liderado por el PSOE y Pedro Sánchez. No obstante, los dos candidatos mantienen posiciones antagónicas con respecto a la amnistía: Martínez Arrieta comparte con Marchena y la mayoría de los miembros del tribunal del procés que no se les tiene que aplicar la amnistía, mientras la magistrada Ana Ferrer hizo un voto particular muy crítico, que asegura que con la negativa, el Supremo va contra la voluntad del legislador.
El más veterano de la sala
La intervención de los dos candidatos se podrá seguir en directo desde la web del Poder Judicial. Andrés Martínez Arrieta lo hará el primero, a las 9 de la mañana. Inicialmente, Martínez Arrieta tenía que presidir el juicio de los presos políticos con el nombramiento de Marchena al CGPJ, pero con la mutilada popular, Marchena fue el presidente y ponente, y el actual candidato a sustituirle se sentó, a su izquierda, mirando el tribunal desde el público.
Martínez Arrieta fue el magistrado más joven a entrar en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, con 42 años, y ahora es el más veterano. Uno de los casos destacados del magistrado es la investigación de la desaparición de Santiago Corella, un delincuente conocido como El Nani. Como titular del juzgado de Instrucción 11 de Madrid destapó una mafia policial que hizo desaparecer al detenido en dependencias policiales en 1983.
Una vez en el Supremo, Martínez Arrieta fue designado en diciembre de 2017 para sustituir a Julián Sánnchez Melgar, nombrado fiscal general del Estado, como el segundo juez de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que le da permisos para intervenir móviles y ordenadores para casos de gravedad. Son autorizaciones muy criticadas por el nulo control a estas injerencias, como en el caso Pegasus, con el primer juez de control Pablo Lucas, que este martes, también se presenta para presidir la sala tercera enfrente de la candidata María del Pilar Teso. El juez Martínez Arrieta es de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
La primera mujer en el Supremo
Si Martínez Arrieta ha sido el magistrado más joven a llegar a la sala de lo penal del Supremo, Ana Ferrer, su rival, es la primera mujer a ocupar una plaza en el alto tribunal en la jurisdicción penal, en el 2014. Es miembro de Jueces y Juezas por la Democracia. También compartió tribunal en la causa contra los líderes independentistas del procés. En aquel caso, y de forma excepcional, ningún magistrado emitió un voto particular. Y condenaron por unanimidad.
Ahora, sin embargo, Ferrer ha sido muy crítica con sus compañeros por no aplicar la amnistía a los líderes políticos, e incluso el abogado del Estado lo ha admitido en su respuesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En este tiempo en el Supremo, Ferrer ha sido la instructora de la causa de Tsunami Democràtic contra los aforados Carles Puigdemont, entonces diputado de Junts al Parlamento Europeo, y de Ruben Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament. La magistrada admitió su declaración de forma telemática, enfrente de la opinión del investigador del 1-O, el magistrado Pablo Llarena, que quiere detener a Puigemont a toda costa. La investigación se cerró porque el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no había hecho correctamente la prórroga de la instrución.