Como ya se esperaba, las acusaciones de los dos agentes de la policía española, de Vox y Sociedad Civil Catalana, personados en el caso Tsunami Democràtic han pedido al juez que dicte una orden de búsqueda y detención contra los investigados citados y que no se presentaron a declarar este miércoles. La causa está abierta por varios delitos, entre ellos el de terrorismo, por las lesiones de dos policías nacionales en las manifestaciones de Urquinaona y la muerte de un turista francés en la movilización en el aeropuerto del Prat, todo el octubre del 2019 después de hacerse pública la sentencia del procés.
La defensa de los dos policías, a cargo del abogado Josep Maria Fuster-Fabra, ha registrado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dónde reclaman al magistrado Manuel García Castellón que se apresure a emitir las órdenes europeas e internacionales de detención y de busca y captura paraJosep Campmajó, Jesús Rodríguez, Xavier Vendrell y Jaume Cabani. Asimismo, la defensa de los policías pide que si Marta Rovira y Oriol Soler no proponen fecha para declarar, también se pida su detención "por sustraerse de manera clara a la acción de la justicia". Sobre estos últimos, el escrito denuncia que "solicitaron la suspensión de sus declaraciones alegando que sus letrados tenían citas anteriores, con la evidente intención de dilatar y obstaculizar la presente instrucción".
La declaración de Marta Molina
El escrito fecha de este jueves 23 de mayo, al día siguiente de la declaración de la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, que fue la única que acudió a la cita. Molina reivindicó delante de García Castellón que ni ella ni la plataforma Tsunami Democràtic hicieron llamamientos a la violencia el otoño del 2019 en las protestas contra la sentencia del procés. En su caso, atendió al juez por videoconferencia desde un tribunal de Barcelona.
La Fiscalía se opone a la orden de busca y captura
Por el contrario, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso este jueves a la propuesta del juez del caso Tsunami Democràtic de emitir una orden de busca y captura contra los investigados de la causa que estaban citados para comparecer el miércoles y que no lo hicieron. La Fiscalía da apoyo a los recursos presentados por los abogados defensores para que se les permita declarar por videoconferencia desde Suiza y de Colombia, cómo se ha permitido a los encausados del Tribunal Supremo. Además, desde el ministerio fiscal se acuerda que los investigados no tienen ninguna medida cautelar anterior, como comparecencias en el juzgado o retirada del pasaporte.
El caso Tsunami también se instruye en el Tribunal Supremo, donde son investigados el presidente en el exilio de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, ya que tienen aforo. Están citados para finales de junio y lo podrán hacer por videoconferencia.