Insólito. La Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo del Gobierno ha informado al juez Manuel García-Castellón de que dos personas le han solicitado una indemnización como víctimas de terrorismo por el caso Tsunami Democràtic y que le informe sobre esta investigación porque su investigación depende de la instrucción penal, según una comunicación hecha este viernes. Son los dos agentes de la policía española que están personados como acusación particular en los dos procedimientos de Tsunami, tanto en la Audiencia Nacional, con 10 investigados, como el Tribunal Supremo, contra el president en el exilio Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg. Los dos agentes resultaron heridos en las protestas de la plaza Urquinaona el 18 de octubre de 2019, contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas catalanes, y su personación ha sido avalada por el alto tribunal español, a pesar de que ninguno de los investigados se le acusa de ser autor directo de sus lesiones, e incluso ni estuvieron en aquellas protestas.

 En la providencia, el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional indica al organismo del Ministerio del Interior que la causa todavía está en instrucción. "Póngase en su conocimiento que el presente procedimiento se sigue por presunto delito de terrorismo y actualmente se encuentra en fase de instrucción, por lo que se tomará debida nota a fin de informar a la citada Subdirección de la resolución que pueda dictarse al finalizar la instrucción y, en su caso, la elevación para enjuiciamiento a la Sala de lo Penal que corresponda", contesta el juez García-Castellón.

Terrorismo cuestionado

Es una reclamación insólita, ya que, hasta que no hay una sentencia firme y con condena, el Estado no acostumbra a indemnizar a ningún afectado, y más en este caso, donde las defensas y la misma Fiscalía sostienen que no existe el delito de terrorismo en las movilizaciones del 2019, impulsadas por Tsunami. La acusación de los dos agentes, representados por el abogado Josep Maria Fuster-Fabra, como la de VOX y una entidad próxima al PP, han ayudado el magistrado García-Castellón a mantener la imputación por el delito de terrorismo, que hizo el noviembre pasado, a la vez que se negociaba la ley de amnistía. No obstante, el marzo pasado, el Supremo también validó la investigación por terrorismo.

Víctimas de ETA y del 17-A, críticas

Víctimas de ETA y de los atentados del 17-A en las Ramblas y Cambrils han denunciado públicamente que las protestas de Tsunami no se pueden vincular al terrorismo, que banaliza estas actuaciones, que causan muertos y heridos muy graves y que se sienten insultados. Las entidades de derechos humanos también han denunciado que con la investigación de Tsunami se quiere castigar el derecho de protesta y al independentismo catalán.