La dirección de la prisión de Ponent, en Lleida, y la de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, han decidido que los reclusos condenados por homicidio o delitos violentos no trabajen en la cocina de los centros penintenciarios, según ha adelantado TV3 y ha confirmado ElNacional.cat. Es la respuesta que han acordado a raíz del asesinato de la cocinera de la prisión de Tarragona por parte de un interno, condenado por matar a una mujer. Esta medida no es ninguna orden del Departament de Justicia. La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, anunció en el Parlament que se revisaría la circular de 2002, que regula los criterios de las personas condenadas que pueden trabajar en las prisiones, a través de la empresa pública CIRE. Por ahora, pero no se ha difundido ningún cambio de directriz oficialmente, y es probable que la dirección de más centros penitenciarios, de los 9 que hay en Cataluña, hagan alguna medida similar.
Ahora, se han apartado 5 personas de la cocina de la prisión de Ponent, mientras que en Lledoners se han apartado por "motivos regimentales", según fuentes de Justicia, que ha asegurado que "la prioridad es reforzar la seguridad y la percepción de seguridad" en las prisiones. Por ello, añaden que si algún director y la junta de tratamiento han considerado que preventivamente es necesario cambiar de destino a algunos internos, es correcto porque tienen la competencia para hacerlo. "La prioridad es que internos y trabajadores estén seguros", han reiterado
Medidas de seguridad
En su comparecencia a la Diputación Permanente, la consellera Ubasart indicó que aunque los seis sindicatos de prisiones no quieren reanudar las negociaciones con el departament, sí que habían llegado a acuerdos con representantes del comité de empresa del CIRE de la prisión de Mas d'Enric, al Catllar, donde fue asesinada Núria por uno interno con un cuchillo, y después se suicidó, el 13 de marzo pasado. En concreto, se aseguró que se ampliaba de forma urgente la vigilancia a las cocinas, especialmente el fin de semana, para que ningún trabajador del CIRE quedara solo con un recluso en la cocina.
Actualmente, en las prisiones trabajan, a través de la empresa pública CIRE, unas 362 personas profesionales y unos 3.422 internos e internas (hay un total de unos 5.000 en régimen cerrado ordinario), como por ejemplo en la lavandería, la panadería y la cocina, además de los talleres ocupacionales. El Departament de Justicia explica que en estos puestos de trabajo hasta ahora ha habido personas condenadas por delitos muy graves y que desde hace 40 años, cuando la Generalitat obtuvo las competencias de Justicia y prisiones, no se ha registrado un suceso tan grave como el crimen de la Nuria.
Por eso, ahora la dirección de los Servicios Penitenciarios, que encabeza Amand Calderó, revisará la circular de 2002, sobre los reclusos que trabajan en el CIRE y dónde no se tenía en cuenta su delito, sino que tuviera un comportamiento correcto y siguiera programas. La junta de tratamiento de cada centro -formado por distintos profesionales, como psicólogos- es quienes aprueba que un recluso pueda trabajar o no en el CIRE.
Crimen "difícilmente previsible"
La consellera de Justicia aseguró en el Parlament que el crimen de la Nuria era "difícilmente previsible" porque su asesino, Iulian, hacía 8 años que estaba en la prisión por haber matado a una mujer, también con un cuchillo, le faltaban 3 años para salir en libertad y desde la dirección y la junta de tratamiento no habían detectado ninguna irregularidad en su comportamiento, y lo calificaron de riesgo bajo. Hacía 5 años que trabajaba a la cocina, donde era jefe. Justicia no dio más detalles porque el juez que investiga el crimen ha decretado el secreto hasta que los Mossos de Esquadra acaben la investigación.
Por su parte, los sindicatos de prisiones ya no bloquean los accesos de los centros, medida bastante criticada por la Abogacía Catalana y entidades de derechos humanos, pero mantienen su negativa a negociar hasta que dimitan Ubasart y Calderó. Hasta el crimen de Nuria, sindicatos y Justicia negociaban un gran acuerdo de condiciones laborales para actualizar el vigente, que es bastante antiguo, de 2006.