El PSOE ha tardado menos de dos meses en pasar de despreciar la amnistía a dejar de negar su constitucionalidad. Un hecho que indica que en la Moncloa ya se ha empezado a encender la maquinaria para estudiar la manera de articular una ley que exculpe a los actores del Procés. Este motor, sin embargo, va a dos velocidades. Quien aprieta el acelerador es Yolanda Díaz, que ha llegado incluso a reunirse con Carles Puigdemont en Bruselas y que ya hace semanas que encargó a Jaume Asens los primeros esbozos de una amnistía. Quien aprieta los frenos, sin embargo, es la mayoritaria rama socialista, que pone buena cara cuando el líder de Junts per Catalunya muestra voluntad negociadora pero al mismo tiempo aplaza darle ninguna respuesta hasta que no fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo.
¿Puede ser que esta inarmonía entre PSOE y Sumar por la amnistía se convierta en el primer choque de un futuro nuevo gobierno de coalición? Marta Lois, portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación de Yolanda Díaz, ya cargaba este miércoles contra las "voces escépticas" provenientes del PSOE sobre esta cuestión. Una vez pasada la resaca del resultado del 23-J, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha insistido en su defensa de "la absoluta constitucionalidad" de la norma y está aprovechando esta carpeta para hacerse más protagonista.
Con su visita a Carles Puigdemont, Sumar no tiene prácticamente nada que perder. Su electorado progresista no ve con malos ojos una reunión con el presidente de la Generalitat en el exilio, y ya le parece bien que el ejecutivo estatal desinflame el conflicto político entre Catalunya y España. Y tiene bastante a ganar: es la primera vez que Yolanda Díaz ha ocupado portadas desde hace semanas, eclipsada durante todo este tiempo por la polarización del 23-J entre Sánchez y Feijóo y por los malos resultados de su nuevo partido en aquellas elecciones.
La vicepresidenta segunda del Gobierno tampoco tardó nada en mover la primera ficha post-23-J, y puso deberes a Jaume Asens. Al exdiputado en el Congreso, castigado por sus propios compañeros de partido y rescatado ahora por Sumar como a negociador, se le dio el encargo de ser el primero en picar en la puerta de Waterloo, y articular un equipo de juristas expertos para empezar a hacer los primeros esbozos de una posible ley de amnistía que pueda convencer a las diversas partes y, sobre todo, que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional.
El PSOE receta calma y aplaza la respuesta a Puigdemont
Las aspiraciones de Yolanda Díaz de querer llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya han hecho sonar las alarmas en múltiples sectores de Madrid. La respuesta del Gobierno ha sido clara: el viaje de la vicepresidenta se hace como líder de Sumar, y no en representación de la Moncloa. Sea como sea, e independientemente que eso sea cierto o no, Carles Puigdemont ha recibido un gesto claro proveniente de Madrid: se ha podido reunir en Bruselas con una vicepresidenta española.
El PSOE, públicamente, se desentiende. Y también hace un trabajo prodigioso para no pronunciar nunca la palabra 'amnistía', ni en ninguna entrevista ni en ninguna rueda de prensa. En privado, hablan de "alivio penal", por mucho que juristas progresistas consideren que hay que llamarlo tal como es. Los dos pasos más valientes que ha hecho hasta ahora el PSOE sobre la amnistía han sido pedir ir "paso a paso" sobre esta cuestión y celebrar —ya en nombre del Gobierno— que Carles Puigdemont haya "abierto una vía de diálogo". Son pasos, de momento, muy tímidos. Pero Pedro Sánchez ha encontrado una excusa: no pronunciarse sobre nada de todo eso hasta que no acabe la investidura de Alberto Núñez Feijóo —encaminada a fracasar— y Felipe VI no le pase la pelota al líder socialista para intentar repetir como presidente.
La vieja guardia socialista despierta
La prudencia de Pedro Sánchez también es fácil de entender: la vieja guardia centralista y anticatalanista del PSOE ha pedido poner el freno de mano solo de ver que el presidente del Gobierno y su entorno ya no trata la amnistía con el mismo desprecio que la autodeterminación. Antiguos socialistas como Felipe González ya han reivindicado la inconstitucionalidad de esta ley, han disparado contra Puigdemont y Sánchez e incluso han amenazado con romper el carné del partido. Todo eso, sumado a que los pactos con ERC y Bildu fueron el factor de mayor desgaste del PSOE en la última legislatura, obliga a la actual dirección del partido a ir con cautela.