Un grupo de expertos en derechos humanos, en el que hay un expresidente y una exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han elaborado un informe para investigar si ha habido violación de derechos humanos en el caso catalán. Las conclusiones son claras: los expertos expresan "preocupación" por el cumplimiento de las disposiciones europeas e internacionales sobre los derechos humanos en España. Especialmente, con respecto a la libertad de expresión y asociación.

Aunque el informe se basa en los hechos ocurridos antes del 1 de octubre, y no después, cuando empezó la parte más dura del conflicto con el Estado con una fuerte represión tanto policial como judicial -incluso con encarcelamientos-, el informe sí que hace una mención especial a la actuación de los cuerpos de seguridad durante la jornada del referéndum. Según los expertos, la policía española posiblemente infringió los artículos 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés).

Concretamente, el artículo 3 de esta convención se refiere a que "nadie podrá ser sometido a tortura ni apenas o tratamientos infrahumanos o denigrantes", mientras que el artículo 8, habla del derecho al respecto a la vida privada y familiar y defiende que la autoridad pública no puede ingerir en el ejercicio de este derecho.

Los firmantes del documento, encargado por Esquerra, son Jean-Paul Costa, que fue expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2007 a 2011, Françoise Tulkens, exvicepresidenta del mismo tribunal de 2011 a 2012, además de un secretario del TEDH, Wolfgang Kaleck, y una experta en derechos humanos del Reino Unido Jessica Simor.

Toque de atención al Constitucional

En el informe, los expertos hacen un toque de atención al Tribunal Constitucional y cuestionan la "necesidad" o "proporcionalidad" de las medidas que ha adoptado en relación al proceso. Además, consideran que hay base para cuestionarse si "las medidas adoptadas por el TC se basaban en leyes lo suficiente claras y precisas".

Aunque dejan claro que el estado español tiene derecho a responder dentro de la propia Constitución, el documento repasa todas las resoluciones del TC desde la consulta del 9-N, y pone en duda si las sanciones son "legítimas, necesarias y proporcionadas" en el contexto de la libertad de expresión y asamblea. Lo hace, especialmente, tanto en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, como en el de los políticos condenados por la consulta del 9-N.

 

La libertad de expresión del Parlament

En este punto, el informe critica que las resoluciones del Constitucional contra la Mesa restringen la libertad de expresión y asociación, garantizada por los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y los 19 y 21 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos (PIDCPI). "Estas restricciones plantean serias cuestiones relativas al cumplimiento por parte de España de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y libertad de asociación", defiende el texto.

"El Gobierno español y el Tribunal Constitucional interfirieron en el derecho de los elegidos para representar a sus electores en Catalunya, y el de los electores, que tenían derecho a la expresión libre de su voluntad dentro del Parlament", puntualiza el informe, denunciando que en varias ocasiones se ha prohibido debatir la cuestión de la independencia en el Parlament o votar alguna moción o resolución al respecto.

Sentencia del 9-N

El informe también reflexiona sobre la sentencia condenatoria contra el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs por la consulta del 9-N. A pesar de mostrarse prudente en el análisis, los cuatro firmantes aseguran que consideran que "no hay bastante claridad con respecto a la naturaleza y la existencia del delito pertinente".

En este punto también pone en duda que se estén cumpliendo los derechos de expresión y asamblea, que "estos cargos necesariamente implicaban" -por su papel de representados-, y también respeto "a la retrospectividad de cargos criminales, prohibidos por el artículo 7 del CEDH". "Nos preguntamos si estas sanciones pueden ser legítimas, necesarias y proporcionadas dentro del contexto del derecho a la libertad de expresión y asamblea", reprocha el mencionado informe.

Así pues, el informe concluye que "se plantean numerosas cuestiones de gran preocupación respeto al cumplimiento por parte de España de disposiciones europeas e internacionales sobre los derechos humanos" y recuerda que "el respeto de los derechos fundamentales es una parte esencial del imperio de la ley en una sociedad democrática".